La campaña presidencial en Colombia se agita tras la difusión de fotografías que muestran a Abelardo De la Espriella junto al exnarcotraficante alias Boliche en encuentros en Miami y Estados Unidos

La campaña presidencial en Colombia ha entrado en una fase de máxima tensión tras la filtración de nuevas fotografías que vinculan al abogado y candidato Abelardo De la Espriella con el exnarcotraficante conocido como “alias Boliche”, actualmente involucrado en procesos judiciales en Estados Unidos por presuntos delitos de fraude y lavado de activos.

Las imágenes, difundidas inicialmente en investigaciones periodísticas, han generado un intenso debate político y una guerra de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el entorno del candidato de la oposición.

El punto de quiebre ocurrió cuando el presidente Petro compartió en redes sociales una de las fotografías en las que aparece De la Espriella junto a Boliche y un socio de su firma jurídica.

En su mensaje, el mandatario afirmó: “Toda colaboración con Estados Unidos y las policías del mundo para desmontar las organizaciones y redes del narco”, subrayando su disposición a cooperar con autoridades internacionales en investigaciones relacionadas con el crimen organizado.

La publicación presidencial fue interpretada por el entorno del candidato como un ataque directo en plena campaña electoral.

Abelardo De la Espriella respondió con dureza, rechazando cualquier vínculo con actividades ilegales y cuestionando la narrativa en su contra.

En una de sus intervenciones, visiblemente molesto, afirmó: “Ay, Petro, tu defensa es decir que no hay prueba de tu jefatura narcoterrorista”, en referencia a los señalamientos cruzados entre ambos bandos.

El origen de la controversia se encuentra en una serie de investigaciones periodísticas que han mostrado imágenes de reuniones entre el candidato, su socio jurídico Daniel Peña Redonda Gómez y alias Boliche en distintos contextos, incluyendo encuentros en Miami y visitas en Estados Unidos.

Según los reportes, Boliche habría sido informante en procesos de cooperación internacional, aunque posteriormente fue capturado por nuevas acusaciones relacionadas con estafas a redes criminales.

Uno de los elementos más delicados del caso es la figura de Daniel Peña Redonda, socio minoritario del bufete de De la Espriella, quien aparece en registros junto al exnarcotraficante y habría tenido vínculos con investigaciones en Estados Unidos.

Según documentos judiciales citados en los expedientes, el caso de Boliche incluye acusaciones de haber cobrado grandes sumas de dinero a narcotraficantes a cambio de supuestos beneficios judiciales inexistentes.

En medio del escándalo, Petro ha intensificado su discurso político, señalando la existencia de redes de influencia internacional contra su gobierno.

En una de sus declaraciones más comentadas, afirmó: “Son de los mismos del lobby con la extrema derecha de la Florida para engañar al presidente de los Estados Unidos”, sugiriendo que existen sectores que buscan afectar su administración mediante alianzas externas.

El presidente también defendió su gestión en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, asegurando que su gobierno ha logrado un aumento en extradiciones y golpes a estructuras criminales.

“Este gobierno es el que más ha enfrentado a los mafiosos”, sostuvo, destacando operaciones contra cargamentos ilegales y la presión sobre rutas del narcotráfico hacia el Pacífico.

Mientras tanto, la oposición ha acusado al Ejecutivo de utilizar el caso con fines políticos.

Desde el entorno de De la Espriella, se insiste en que las fotografías no constituyen evidencia de delitos y que el candidato no ha sido formalmente vinculado a ningún proceso judicial.

Sin embargo, el debate público se ha intensificado debido a la exposición mediática de los vínculos entre actores políticos, jurídicos y personas investigadas en Estados Unidos.

El caso ha llegado incluso a escenarios internacionales.

Se ha conocido que el proceso contra alias Boliche en Estados Unidos ha sido ampliado con nuevos cargos relacionados con lavado de dinero y fraude electrónico, lo que ha reactivado el interés de autoridades judiciales en su red de contactos.

En ese contexto, el papel de su entorno jurídico en Colombia ha pasado a ser objeto de escrutinio.

En respuesta a las críticas, De la Espriella ha defendido su trayectoria y ha negado cualquier irregularidad.

Sin embargo, sus declaraciones han sido inconsistentes frente a las nuevas revelaciones.

En uno de sus mensajes más polémicos, insistió en la carga de la prueba en su favor: “Petro no tiene más prueba”, dijo, argumentando que las acusaciones carecen de sustento judicial.

El debate jurídico también ha sido objeto de discusión entre analistas, quienes recuerdan que en el sistema penal la carga probatoria recae en quien acusa, no en quien se defiende.

Aun así, la dimensión política del caso ha superado el ámbito estrictamente legal, convirtiéndose en un elemento central de la contienda electoral.

En paralelo, sectores críticos han cuestionado la coherencia del discurso político del candidato, señalando su cercanía con figuras del establecimiento tradicional colombiano.

En distintos actos públicos se han visto apoyos de exministros, congresistas y líderes regionales asociados a partidos históricos, lo que ha alimentado la narrativa de continuidad del poder político tradicional.

Mientras la campaña avanza, el caso Boliche se ha convertido en un símbolo de la polarización política en Colombia.

De un lado, el gobierno insiste en una lucha estructural contra las mafias y la corrupción; del otro, la oposición denuncia persecución política y manipulación mediática.

En medio de este escenario, la frase que resume la controversia sigue resonando en el debate nacional: “Toda colaboración con Estados Unidos y las policías del mundo para desmontar las organizaciones y redes del narco”, pronunciada por el presidente Petro, mientras las imágenes de la polémica continúan alimentando un clima electoral cada vez más tenso y decisivo para el futuro político del país.