Gustavo Petro denunció que recursos públicos de la salud fueron utilizados por estructuras paramilitares para financiar violencia en distintas regiones del país
El presidente Gustavo Petro elevó el tono del debate sobre el sistema de salud al denunciar que estructuras paramilitares convirtieron entidades del sector en mecanismos de financiación armada, desviando recursos públicos destinados a hospitales y personal sanitario.
La acusación, planteada como un hecho de larga data y no como un problema reciente, chocó con reacciones políticas y mediáticas que, según el propio relato, intentaron presentar sus palabras como una excusa para explicar la crisis actual.
Petro, en cambio, insistió en que el país arrastra una historia de desfalcos y capturas institucionales que precede con años a su gobierno.
“A las CPS las volvieron cajas del paramilitarismo y con el dinero público del pueblo de Colombia… cogieron ese dinero no para parar hospitales, no para pagar enfermeras, sino para ser la caja menor de quienes con fusiles mataban en vez de salvar”, afirmó, situando el foco en regiones específicas del Caribe como Coveñas, Sincelejo y el departamento de Sucre, además de otros territorios donde, de acuerdo con su planteamiento, la infiltración armada se habría traducido en control de contratos, nombramientos y flujos de dinero.
La denuncia se cruzó con una crítica directa a la forma en que parte del debate público respondió.
En el relato se señala que, ante la gravedad del señalamiento, la revista Semana “en vez de investigar” habría optado por decir que Petro “justificaba” así la crisis de la salud, sugiriendo que el problema se le atribuía al presidente por el solo hecho de ser quien lo expone.
Para contradecir esa idea, se recurre a antecedentes en los que otros presidentes describieron el sector como un sistema golpeado por fallas estructurales y saqueos.
En esa línea aparece una intervención de Juan Manuel Santos, citada como un diagnóstico previo: “¿Cómo recibimos el sistema? El sistema lo recibimos… en cuidados intensivos y con pronóstico muy reservado.
Estaba este sistema quebrado, tenía unas falencias estructurales que lo hacían inviable.
Se lo habían robado los paramilitares durante mucho tiempo en las regiones.
Era un sistema realmente colapsado”.
La referencia busca sostener que el debate sobre paramilitarismo y salud no es nuevo y que la crisis ha sido reconocida por distintos gobiernos.
El texto también alude a que, desde finales de los años noventa, estructuras armadas, en asocio con políticos regionales, habrían “tomado hospitales y EPS” para desviar recursos destinados a la atención de los más pobres.
Se mencionan ejemplos concretos de esa presunta captura: una EPS indígena, Manesca, y el caso del Hospital Materno Infantil de Soledad, descrito como “la caja menor” de paramilitares vinculados a alias “don Antonio”, con control de nombramientos y suministros de medicamentos, y con dinero usado para pagar sueldos de hombres armados.
Se afirma además que habría existido influencia coercitiva sobre contratos de hospitales y EPS en Atlántico, Magdalena y Bolívar, en un entramado atribuido al poder paramilitar en la región Caribe.
Uno de los pasajes más sensibles del relato proviene de una declaración ante la JEP atribuida al senador Julio Manzur, utilizada para reforzar la idea de que la salud fue negocio y plataforma de control territorial.
“En el departamento de Córdoba se creó una empresa que se llama Endis Salud, que todo el mundo sabía que era de los paramilitares… lo que hacían los paramilitares era convencer a los alcaldes, entre comillas, convencer a los alcaldes… para que afiliaran sus afiliados a la RS que estaban montando los paramilitares”, afirmó.
En esa misma intervención, subrayó el volumen del negocio: “Esa ARS llegó a tener más de 500.000 afiliados… con más de 500.000 creo que alcanzaron a llegar cerca de 1 millón de afiliados”.
El choque político escaló cuando Petro dirigió su respuesta hacia Galán, en un tono de confrontación personal y de acusación histórica.
En la Plaza de Bolívar, según el fragmento incluido, Petro insistió en que los recursos no se desviaron para fines administrativos, sino para alimentar la violencia: “Usaron el dinero de la salud para matar físicamente colombianos, para conducirlos a las fosas comunes, para desaparecerlos”.
Luego, apuntó a lo que describió como una inversión moral del debate, al mencionar “un hijo de Galán” y rechazar que se responsabilice a su gobierno de crímenes de lesa humanidad: “No, señor.
Usted está apoyando una fuerza política que fue la que apoyó los crímenes de la humanidad y hasta asesinó a su propio padre.
Tengo que decirle, desde la plaza Bolívar…”.
El episodio deja en el centro dos discusiones que se cruzan con fuerza: la crisis financiera y operativa de la salud pública, y la disputa por el relato sobre sus causas profundas.
Petro plantea que el país enfrenta una herida estructural relacionada con la captura criminal de recursos, mientras sus críticos —según se sugiere— buscan enmarcar esa denuncia como un recurso político para explicar fallas actuales.
En cualquier caso, la controversia reabre un debate que toca memoria, justicia y responsabilidad: quién se benefició del dinero destinado a salvar vidas y por qué, después de tantos años, la pregunta sigue sin cerrarse.
