Gustavo Petro aseguró que Diego Marín Buitrago alias “Papá Pitufo” infiltró durante 38 años instituciones como la Polfa, la Fiscalía y organismos de inteligencia mientras negó que su campaña hubiera recibido los 500 millones de pesos que intentaron ingresar

El presidente Gustavo Petro rompió el silencio sobre la nueva controversia alrededor de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”, y convirtió el caso en un choque abierto con la Fiscalía General, antiguos gobiernos y sectores de la oposición.

Su pronunciamiento llegó después de que resurgieran informes sobre contactos entre funcionarios del Estado y el entorno del señalado contrabandista, un hombre que la justicia colombiana identifica desde hace años como una pieza central de las redes de contrabando y lavado de activos.

Petro sostuvo que el verdadero escándalo no es un supuesto vínculo suyo con Marín, sino la infiltración prolongada de estructuras estatales por parte del contrabandista y el fracaso para traerlo a Colombia.

En su mensaje público, el mandatario fue directo: “Alias Papá Pitufo es un contrabandista lavador de dólares y posiblemente narcotraficante”, y añadió que el señalado criminal “ha infiltrado al Estado durante 38 años”, especialmente a la Polfa, la Fiscalía y organismos de investigación.

También aseguró: “Una vez supe del sujeto, puse blindajes en mi campaña para que no entraran sus dineros.

Lo impedí”, en alusión a la versión, ya conocida desde 2025, según la cual hubo un intento de ingresar 500 millones de pesos a la campaña presidencial de 2022, dinero que, según Petro, fue rechazado por orden suya.

Esa versión había sido recogida antes por medios nacionales cuando se conocieron los primeros detalles del expediente y del proceso de extradición.

La gravedad política del pronunciamiento no estuvo solo en la defensa presidencial, sino en los nombres y sectores que dejó bajo sospecha.

Petro aseguró que conoce de “senadores y expresidentes” que temerían una eventual declaración de Marín ante la justicia colombiana y afirmó que el señalado contrabandista no está preso en Colombia por un “acto de corrupción oficial y gubernamental”.

Según su relato, él mismo llamó al presidente del Gobierno español y al primer ministro de Portugal para impulsar la extradición, pero “un filtro delincuencial” habría impedido que el proceso avanzara con la velocidad esperada.

Ese señalamiento coincide con un dato cierto del caso: en marzo de 2025, un tribunal portugués aceptó en primera instancia la extradición de Marín a Colombia, aunque la decisión fue apelada, y meses después un tribunal de Portugal le concedió la libertad mientras continuaba la disputa judicial.

En paralelo, el presidente intentó invertir la narrativa que durante meses ha golpeado a su Gobierno.

En vez de centrarse en si hubo acercamientos oficiales con el entorno de “Papá Pitufo”, insistió en que la verdadera prioridad era traerlo al país para que hablara.

Esa línea no es nueva.

En marzo de 2026, Isaac Beltrán, exfuncionario de la UIAF, dijo públicamente que la reunión sostenida con Marín en Madrid no fue clandestina y que “nunca nos sentamos solos con Diego Marín, siempre estuvo su abogado”, además de asegurar que el encuentro se realizó por delegación presidencial, aunque el Gobierno lo negara después.

Esa declaración abrió otra fisura dentro del propio aparato estatal y reforzó la idea de que hubo distintos canales de contacto con el entorno del contrabandista.

El capítulo más delicado del mensaje presidencial fue su ataque a la Fiscalía.

Petro afirmó que el ente acusador se concentró en investigar acciones de Marín desde 2023, con la hipótesis de relacionarlo con su campaña, y habría dejado de lado información más antigua sobre la supuesta infiltración del contrabandista en el Estado.

También sugirió que existió una alianza entre investigadores y agentes de inteligencia que “jugaron a dos bandos” y terminaron favoreciendo que Marín siguiera libre en Europa.

Hasta ahora, lo que está públicamente confirmado es que la Fiscalía ha sostenido procesos por cohecho y concierto para delinquir, y que su entonces fiscal general, Luz Adriana Camargo, informó que el caso judicial seguía activo mientras se tramitaba la extradición desde Portugal.

En el frente político, el presidente dejó una acusación de alto voltaje sin citar nombres de forma expresa.

Sostuvo que ya existirían “pactos políticos con futuros presidenciables de extrema derecha” ligados, según él, a la conducción de la Fiscalía, y añadió que uno de esos sectores estaría conectado con la defensa jurídica de Marín.

Esa afirmación conecta con el debate abierto por reportes periodísticos y comentarios públicos sobre la antigua representación legal del señalado contrabandista por abogados vinculados a la firma de Abelardo de la Espriella, así como con viejas controversias alrededor del exgeneral Juan Carlos Buitrago, quien ha sostenido que estuvo cerca de capturar a Marín cuando dirigía la Polfa y que su salida se produjo en medio de presiones políticas.

Ese trasfondo ayuda a entender por qué el caso volvió al centro del debate.

En febrero de 2025, distintos reportes recordaron que la llamada Operación Dorado estuvo cerca de afectar a la estructura de “Papá Pitufo” y que la salida de Buitrago de la Polfa, durante el gobierno de Iván Duque, sigue siendo leída por sus defensores como una decisión que frustró un golpe decisivo contra la red de contrabando.

El propio Buitrago ha relatado en entrevistas que veía una “burbuja de muchos intereses” alrededor del caso y que varios actores poderosos ganaron con su apartamiento.

Con todo, el pronunciamiento de Petro no cierra el caso: lo reordena.

El presidente intenta pasar de la posición defensiva a la ofensiva y presentar a “Papá Pitufo” no como una sombra sobre su campaña, sino como una prueba de la profundidad de la corrupción en sectores del Estado y de la política tradicional.

La dificultad para el Gobierno es que esa estrategia eleva el conflicto institucional y deja nuevas exigencias de prueba sobre la mesa.

La dificultad para la oposición es la contraria: si Marín llega a Colombia y declara, el alcance del expediente podría ir mucho más allá de la disputa coyuntural entre el presidente y sus críticos.

Por ahora, el proceso de extradición, las tensiones con la Fiscalía y las denuncias cruzadas mantienen abierto uno de los expedientes más explosivos de la política colombiana reciente.