Petro exige retractación a procurador y registrador tras fallo judicial que respalda sus alertas sobre el sistema electoral y desata choque institucional en Colombia

Bogotá — El presidente de Colombia, Gustavo Petro, intensificó ayer su confrontación con altos funcionarios del Estado al exigir públicamente la retractación del procurador General de la Nación y del registrador Nacional del Estado Civil por declaraciones contra sus denuncias sobre posibles irregularidades en el sistema electoral.

La controversia se produjo en un momento crítico de la campaña presidencial de 2026, a poco más de dos meses de la primera vuelta, y generó un nuevo choque entre el Ejecutivo y organismos de control e instituciones del Estado.

Un juzgado civil de Rionegro negó recientemente una tutela presentada por Petro para limitar pronunciamientos que considera lesivos a sus derechos, al concluir que las advertencias del mandatario sobre riesgos en los procesos electorales no carecen de “sustento fáctico mínimo”, apoyándose en antecedentes judiciales como un fallo del Consejo de Estado de 2018 que documentó irregularidades en el manejo del software de escrutinio en elecciones pasadas.

Frente a ese escenario, Petro no sólo defendió su discurso, sino que lanzó una advertencia contundente: “El señor registrador y procurador deben retractarse, irrespetaron al presidente de la República por decir la verdad”.

En sus trinos, el mandatario reiteró que “el fraude electoral está demostrado desde el año 2014 y se mantiene el mismo fraude y la misma empresa desde ese entonces” en referencia a la firma Thomas Greg & Sons que ha administrado software clave para el preconteo y escrutinio electoral en Colombia.

La petición presidencial se enmarca en una disputa más amplia sobre la transparencia del sistema electoral.

Petro ha exigido repetidamente auditorías técnicas al código fuente de los programas usados en escrutinios y ha argumentado que la ausencia de esa auditoría alimenta desconfianza ciudadana.

A través de su abogado, Alejandro Carranza, el presidente ha señalado que “no va a renunciar a su derecho de alertar a la ciudadanía” y que sus comentarios están fundamentados en decisiones judiciales previas y en el deseo de fortalecer la transparencia democrática.

La respuesta por parte del Viceprocurador y del Registrador ha sido de rechazo.

Funcionarios han sostenido que la decisión judicial de tutela aún no es definitiva y puede ser revisada por instancias superiores, como la Corte Constitucional, y que calificativos como los usados por Petro deben ser evaluados dentro del marco legal correspondiente.

Esta discusión legal y política ha sido amplificada en redes, generando reacciones encontradas tanto de sectores opositores como de seguidores del presidente.

En paralelo, otro foco de tensión surgió cuando la Procuraduría General de la Nación sancionó a 16 funcionarios y contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por presuntas irregularidades en visitas administrativas a la Registraduría y la Cancillería en 2024.

El presidente tildó esta acción como un ataque dirigido a quienes investigaban prácticas de la empresa Thomas Greg & Sons y aseguró que “la Procuraduría persigue a los funcionarios que hicieron la investigación” sobre supuestas irregularidades electorales.

La superintendente de la SIC, Cielo Rusinque, salió en defensa de su equipo y calificó de arbitraria la sanción, asegurando que los funcionarios actuaron dentro de los protocolos legales y constitucionales para combatir prácticas contrarias a la libre competencia.

Este episodio agrava aún más la disputa entre el Ejecutivo y las instituciones de control, y ha generado preocupación en sectores que ven en estas medidas un riesgo para la independencia de las investigaciones administrativas.

Petro ha sido enfático en que no se retractará y que su lucha en torno al software electoral y la transparencia no es una cuestión personal sino un deber constitucional para proteger el proceso democrático.

Como ha expresado su defensor: “El presidente no va a renunciar a su derecho de alertar a la ciudadanía”.

Mientras la campaña electoral se acerca a su fase decisiva, la tensión entre el Palacio de Nariño, la Procuraduría, la Registraduría y otras entidades del Estado continúa escalando, dejando una profunda división institucional sobre la mesa y generando intensos debates en la opinión pública colombiana sobre la integridad del sistema electoral y el papel de las autoridades en un clima político cada vez más polarizado.