El gobierno de Gustavo Petro recusó al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iváñez, por pronunciarse públicamente sobre el decreto de emergencia económica antes de que fuera evaluado por la Corte.
El gobierno de Gustavo Petro ha decidido poner freno al presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iváñez, quien ha sido acusado de prejuzgar sobre el decreto de emergencia económica en una reciente entrevista con el diario El Tiempo, propiedad del multimillonario Luis Carlos Sarmiento Angulo.
En esta conversación, Iváñez solicitó la suspensión provisional del decreto que permite al gobierno cobrar impuestos a los megaricos, un grupo que representa menos del 0,5% de la población colombiana y que, según Petro, ha hecho lobi en el Congreso para derogar leyes que favorecen la financiación del Estado.
Iváñez, conocido por oponerse a la reforma laboral y a la consulta popular, se ha visto envuelto en controversias personales que han puesto en entredicho su imparcialidad.
“Este magistrado no puede conceptuar antes de revisar y decidir sobre una norma”, afirmó un crítico del sistema judicial, enfatizando que el juez está rompiendo su imparcialidad al expresar su posición antes de que la Corte tome una decisión.
La situación se complica aún más cuando se recuerda que Iváñez ha estado involucrado en un proceso judicial relacionado con su paternidad, que desapareció misteriosamente, lo que ha llevado a muchos a cuestionar su integridad.
El decreto de emergencia económica, que busca recaudar 16 billones de pesos, ha sido demandado por representantes de los monopolios que se benefician de la evasión fiscal.
“La postura de Iváñez es clara, y pregunto: ¿cuáles bolsillos se alivian si este decreto se suspende?”, se pregunta un analista político, señalando que los beneficiarios son los más ricos de Colombia, incluidos los dueños de la banca y las multinacionales petroleras.
El gobierno de Petro, consciente de la presión que enfrenta, decidió recusar a Iváñez, citando el artículo 25 del decreto 2067 de 1991, que permite apartar a un magistrado que haya opinado sobre la constitucionalidad de una disposición.
“Esto es lo que enfrentamos cada día como pueblo colombiano”, manifestó un activista, recordando que la mayoría de la población no pertenece a las élites que buscan proteger sus intereses.
La recusación fue presentada el 21 de enero de 2026, y se basa en las declaraciones de Iváñez, donde mencionó la necesidad de revisar y ampliar la jurisprudencia para permitir la suspensión provisional de decretos en estados de excepción.
“El presidente de la Corte no puede actuar de esta manera”, afirmó un abogado constitucionalista, sugiriendo que la imparcialidad debe ser la norma en el sistema judicial.
Los comentarios de Iváñez han generado un fuerte rechazo.
Antonio Sanguino, ministro del trabajo, lo calificó como “un negador serial de derechos y un opositor vestido de toga”.
La situación ha llevado a un debate intenso sobre la independencia judicial y la influencia de los intereses económicos en las decisiones del Estado.
Mientras tanto, el presidente Petro continúa defendiendo su decreto.
“Estamos aquí para cobrar impuestos a los megaricos de este país”, declaró en un mitin reciente, enfatizando que la carga fiscal debe ser asumida por quienes más tienen.
“No podemos permitir que un grupo pequeño siga evadiendo sus responsabilidades mientras la mayoría de la población sufre”, agregó, llamando a la acción colectiva para apoyar su administración.
El debate se intensifica en el contexto de la crisis económica que enfrenta Colombia, donde el salario mínimo ha sido objeto de discusión.
“Las élites están demandando el aumento del salario mínimo, pero al mismo tiempo quieren reducir el salario de los congresistas”, criticó un comentarista, resaltando la hipocresía de quienes se benefician del sistema.
En este ambiente tenso, el gobierno de Petro se enfrenta a un desafío crucial: mantener la presión sobre los más ricos y garantizar que se cumplan las leyes fiscales.
“El decreto tiene un enfoque progresivo, paga el que más tiene”, afirmó un portavoz del gobierno, asegurando que se busca justicia social en un país donde la desigualdad es rampante.
La situación de Iváñez sigue siendo objeto de escrutinio, y la Corte Constitucional deberá decidir sobre su recusación.
“Es fundamental que la justicia sea imparcial y que los magistrados actúen con ética”, concluyó un jurista, recordando que la confianza del pueblo en el sistema judicial depende de la transparencia y la integridad de sus representantes.
Así, el futuro de la Corte Constitucional y del decreto de emergencia económica se dibuja incierto, mientras el país observa cómo se desarrollan estos acontecimientos que podrían definir el rumbo de la política fiscal en Colombia.
