La Contraloría General avaló las recientes operaciones de deuda del Gobierno de Gustavo Petro, concluyendo que cumplieron la legalidad, mejoraron la liquidez y no implicaron endeudamiento irresponsable como denunciaba la oposición.

La confrontación política entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a escalar tras la publicación de conceptos de la Contraloría General de la República sobre recientes operaciones de deuda del Gobierno nacional.

El pronunciamiento del organismo de control coincidió con un momento de alta tensión política, marcado por episodios de rechazo ciudadano al uribismo en actos públicos y por el avance del trámite de casación en la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal que enfrenta el exmandatario.

En las últimas semanas, Uribe y varios voceros de la oposición habían acusado al Gobierno de “endeudar irresponsablemente” al país, señalando operaciones realizadas en diciembre y enero como prueba de una supuesta crisis fiscal.

Sin embargo, la Contraloría analizó dichas transacciones y concluyó que se ajustaron al marco fiscal de mediano plazo y a los requisitos legales vigentes.

En particular, el ente de control explicó que la venta de títulos TES realizada en diciembre tuvo como objetivo fortalecer la liquidez del Estado y “no implicó la emisión de nueva deuda”, a diferencia de la operación ejecutada en enero, que sí correspondió a deuda nueva, pero en condiciones financieras más favorables.

El debate se intensificó luego de que el presidente Petro respondiera directamente a Uribe a través de redes sociales.

En uno de sus mensajes, el jefe de Estado afirmó: “Después de exagerar erróneamente los hechos de endeudamiento de mi gobierno, ahora se preocupa por la acumulación de deuda para el próximo gobierno.

No se preocupó su gobierno con el nuestro y nos dejó sobreendeudados.

Pagamos nuestras deudas y ahora se necesitan más ingresos que usted quiere evitar que paguen los más ricos”.

En el mismo pronunciamiento, el mandatario señaló que ya van “dos leyes de financiamiento que usted ha ordenado hundir”, en referencia a iniciativas tributarias que no prosperaron en el Congreso.

La Contraloría detalló que, debido a los bajos niveles de depósitos registrados a comienzos de diciembre, el Ministerio de Hacienda realizó una operación de tesorería mediante la venta parcial de su portafolio de TES B por más de 23 billones de pesos.

Según el organismo, la operación cumplió con todas las autorizaciones legales y permitió mejorar la liquidez del Gobierno en un contexto de alta presión fiscal heredada de años anteriores.

También se destacó que Colombia ha mantenido históricamente un comportamiento responsable en el pago de su deuda, incluida la actual administración.

Uno de los puntos clave del informe fue la reducción del costo del endeudamiento externo.

Mientras en diciembre las tasas se ubicaban cerca del 13 %, en enero el Gobierno logró acceder a financiación por cerca de 4.

950 millones de dólares a una tasa cercana al 6 %, aprovechando un mejor entorno de confianza y condiciones más favorables en los mercados internacionales.

Para el Ejecutivo, esta diferencia evidencia una gestión activa orientada a aliviar la carga financiera del Estado y a garantizar el cumplimiento de las obligaciones.

El presidente Petro reforzó esta tesis en otro mensaje público: “El endeudamiento que hicimos no es nueva deuda, solo lo hicimos para pagar la deuda vieja.

Cumplimos las normas.

Para el 2026 simplemente pasaremos las semanas de menor liquidez en el gobierno y aprovechamos un menor nivel de la tasa de interés externa”.

En el mismo texto lanzó una frase que se volvió central en la controversia política: “¿Dónde quedan los gritos de Uribe?”, en alusión a las críticas previas de la oposición y de algunos sectores mediáticos.

Más allá del debate técnico, el cruce de declaraciones se dio en un contexto político adverso para el uribismo.

En recientes recorridos por regiones como Boyacá, Álvaro Uribe y la senadora Paloma Valencia enfrentaron manifestaciones de rechazo y ausencia de respaldo masivo.

Estos episodios fueron ampliamente difundidos en redes sociales y contrastados con las críticas constantes del expresidente al manejo económico del Gobierno actual.

El informe de la Contraloría también incluyó advertencias de carácter preventivo.

El organismo alertó sobre la concentración de pagos de deuda en años futuros, especialmente en 2027, cuando el Estado deberá atender obligaciones significativas por bonos globales y TES.

No obstante, aclaró que se trata de una señal para la planeación fiscal del país y no de un cuestionamiento a la legalidad o conveniencia de las operaciones recientes.

En ese sentido, el ente subrayó que la inflexibilidad del presupuesto general ronda el 93 %, lo que limita el margen de maniobra, pero no invalida las decisiones adoptadas.

En paralelo al debate económico, el panorama judicial del expresidente Uribe también registró movimientos relevantes.

El recurso extraordinario de casación ya fue asignado a un magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien deberá evaluar si admite las demandas presentadas por la Fiscalía y las víctimas.

De prosperar, se convocaría a una audiencia en la que las partes expondrán sus argumentos antes de que la Sala adopte una decisión definitiva, que podría ir desde la confirmación de la absolución hasta una eventual condena o la prescripción del caso.

Este avance judicial se suma a la presión política que enfrenta el líder del Centro Democrático en un escenario preelectoral cada vez más polarizado.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de una reforma tributaria progresiva para aumentar los ingresos del Estado y reducir la carga sobre los sectores más vulnerables, la oposición mantiene su discurso crítico sobre el endeudamiento y la sostenibilidad fiscal.

La respuesta de Petro ha sido enfática en señalar que la estabilidad financiera pasa por una mayor contribución de los sectores con mayores ingresos.

“Buscamos que el crecimiento de la deuda sea sostenible a través del incremento de los impuestos de los más ricos del país, para quitar vulnerabilidades y permitir al próximo gobierno un mayor espacio de inversión”, sostuvo el mandatario, defendiendo una visión de redistribución y fortalecimiento de la confianza nacional e internacional.

Así, el cruce entre Petro y Uribe no solo refleja una disputa personal y política, sino que sintetiza dos visiones opuestas sobre el manejo del Estado, la deuda pública y el papel de la tributación en un país marcado por profundas desigualdades.

Con la Contraloría respaldando la legalidad de las operaciones recientes y la Corte Suprema avanzando en un proceso de alto impacto, el debate promete seguir ocupando el centro de la agenda política colombiana en los meses por venir.