El gobierno de Gustavo Petro rompió su relación con la junta del Banco de la República tras rechazar un aumento adicional de 100 puntos básicos en la tasa de interés de referencia

En un giro que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y la autoridad monetaria, el gobierno del presidente Gustavo Petro decidió marcar una ruptura abierta con la junta directiva del Banco de la República, tras un desacuerdo frontal por la política de tasas de interés en medio de un contexto económico complejo tanto a nivel nacional como internacional.

La confrontación alcanzó su punto más crítico luego de una reunión clave en la que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó la decisión del gobierno de retirarse de la sesión de la junta y establecer una “distancia significativa” con el banco central.

“El gobierno no va a validar la decisión que allí se tome y por eso nos hemos retirado de esta reunión”, afirmó el funcionario ante los medios.

El trasfondo del conflicto radica en la propuesta de cuatro miembros de la junta de elevar la tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos adicionales, luego de un incremento similar realizado previamente.

Para el Ejecutivo, esta decisión resulta “desproporcionada” y contraproducente en una economía que, según sus propios indicadores, muestra señales de recuperación.

“El planteamiento de elevar la tasa en este momento afecta de manera sensible y sostenida los esfuerzos de mantener la senda de crecimiento económico”, sostuvo Ávila.

El ministro insistió en que la inflación actual responde principalmente a choques de oferta global —como el encarecimiento de los combustibles y el impacto de conflictos internacionales— y no a un exceso de demanda interna, lo que haría ineficaz una política monetaria restrictiva.

Desde la Casa de Nariño, el presidente Petro reforzó esta postura con una crítica directa a la composición y decisiones del banco central.

En su cuenta oficial, el mandatario señaló: “La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros”.

Con estas palabras, el jefe de Estado dejó en evidencia una lectura política del conflicto, en la que contrapone lo que denomina una “economía rentista” frente a la “economía productiva” que su gobierno dice representar.

La tensión también se alimentó por un episodio previo dentro de la misma junta.

El Ministerio de Hacienda denunció que una comunicación enviada a medios por el secretario del banco, relacionada con un proyecto gubernamental sobre recursos de fondos de pensiones y cesantías, no fue discutida ni autorizada por la junta en pleno.

“Creemos que aquí hubo un abuso de la situación comprometiendo a toda la junta directiva”, declaró Ávila, subrayando la pérdida de confianza institucional.

El gobierno cuestiona además los criterios técnicos utilizados por el banco central para tomar decisiones.

Según el ministro, el equipo económico del Banco se basa en encuestas a analistas vinculados mayoritariamente al sector financiero, lo que —a su juicio— introduce sesgos en favor de intereses particulares.

“La política monetaria no puede ser subordinada a los 25 representantes de la banca que están comprometidos con intereses directos”, afirmó.

En contraste, la junta directiva del banco central defiende su autonomía constitucional, que le otorga independencia frente al gobierno para garantizar la estabilidad de precios y el adecuado funcionamiento del sistema financiero.

Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en que dicha independencia “no puede ser una independencia de la sociedad colombiana”, argumentando que las decisiones actuales ignoran el impacto sobre sectores productivos como la industria, la agricultura y las microempresas.

La ruptura institucional no implica, por ahora, un cambio inmediato en la estructura del banco ni en sus funciones, pero sí introduce un elemento de incertidumbre en la coordinación de la política económica del país.

El propio Ávila dejó abierta la posibilidad de que el gobierno reevalúe su participación en futuras reuniones: “Mientras el escenario que plantee la junta sea el de utilizar esa mayoría poco legítima, creemos que no debemos participar”.

El conflicto se desarrolla en un entorno marcado por presiones externas, como el alza de los precios del petróleo y tensiones geopolíticas, así como por desafíos internos, entre ellos fenómenos climáticos y restricciones fiscales.

En este contexto, el gobierno ha insistido en la necesidad de impulsar el crecimiento mediante políticas que favorezcan la producción real, en lugar de restringir el crédito.

Al cierre de la jornada, la pregunta sobre el rumbo de la política monetaria quedó en el aire.

Aunque la decisión de la junta podría mantenerse en firme pese a la salida del ministro, el distanciamiento entre el Ejecutivo y el banco central plantea un escenario inédito en la relación entre ambas instituciones, con implicaciones potenciales para la confianza de los mercados y la estabilidad económica del país.