El gobierno de Petro eliminó el financiamiento a Colfuturo para redistribuir becas a estudiantes de todos los estratos sociales.
Colfuturo beneficiaba principalmente a jóvenes de estratos altos en Bogotá y Medellín, concentrando oportunidades en quienes ya tenían ventajas económicas.
En un giro explosivo que ha encendido el debate sobre la educación y la equidad en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro anunció la eliminación del financiamiento a la fundación Colfuturo, que durante más de 20 años había otorgado becas y créditos condonables para estudios de posgrado en el exterior.
La medida busca redistribuir los recursos públicos y garantizar que más jóvenes de todos los estratos sociales puedan acceder a educación avanzada, algo que hasta ahora había beneficiado de manera desproporcionada a la élite del país.
Según cifras recientes, solo un 6% de los beneficiarios de Colfuturo provienen de estratos 1 y 2, mientras que el 74% pertenece a los estratos 4, 5 y 6, concentrándose principalmente en Bogotá y Medellín.
El presidente Petro, con tono contundente, señaló: “Los millones de jóvenes no están en Colfuturo.Solo beneficia a 3,000 jóvenes de estrato 4, 5 y 6. Es inconstitucional entregar subsidios a los ricos. El dinero público es para el pueblo”.
Con estas palabras, Petro expuso la estructura elitista de la fundación, criticando que los recursos destinados a la educación terminaban reforzando privilegios heredados en lugar de abrir oportunidades a quienes más lo necesitan.
En sus declaraciones también destacó los avances del gobierno en educación pública, señalando que actualmente 2,5 millones de jóvenes acceden a educación superior, y más de 2 millones de niños reciben formación integral que incluye arte y deporte, logros inéditos en la historia reciente del país.
La controversia se intensificó cuando se reveló que entre los beneficiarios de Colfuturo se encontraban hijos y familiares de reconocidas familias adineradas y políticas.
Petro enumeró varios casos emblemáticos: Kiko Lloreda, hijo de una familia de gran influencia en el Valle del Cauca; Joana Sardi Blum, heredera de fortunas locales; Luis Alfonso Mora Tejada y su hijo, ambos con cargos privilegiados; María del Pilar Rodríguez, exdirectiva de Metrocali; e incluso el exfiscal Barbosa, que recibió becas con fondos públicos.
“Esto no es sobre mérito individual, sino sobre cómo los recursos públicos se canalizan hacia quienes ya tenían ventajas”, enfatizó Petro, destacando que el sistema de Colfuturo reproducía desigualdad en lugar de corregirla.
La respuesta del gobierno a la concentración de oportunidades se refleja en la expansión de becas a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actualmente otorga más de 7,000 becas al año para estudios de maestría y doctorado en áreas estratégicas para el país, abiertas a jóvenes de todas las regiones y estratos.
La ministra de Ciencia afirmó que se busca garantizar equidad y transparencia, asegurando que los recursos públicos no financien de manera prioritaria a quienes ya poseen ventajas económicas y culturales.
El debate se ha convertido en un choque directo entre el gobierno y las élites tradicionales, con críticas de figuras públicas y congresistas que defienden el antiguo modelo.
La congresista Katy Yubinau, por ejemplo, cuestionó la interpretación del gobierno sobre los beneficiarios de Colfuturo, argumentando que la mayoría provendría de la clase media, pero las estadísticas y los casos específicos de beneficiarios de estratos altos evidencian un patrón de privilegio concentrado.
En contraste, Laura Camila Vargas sostuvo que se trata de una crítica legítima a un sistema profundamente injusto y que los recursos públicos deben orientarse a reducir desigualdades, no a reforzar privilegios históricos.
El debate sobre Colfuturo ha desatado reacciones polarizadas: mientras algunos denuncian un castigo al esfuerzo individual, otros aplauden la medida como un paso hacia la justicia social y la democratización del acceso a la educación.
Petro subrayó que el mérito nunca existe en el vacío: “Se construye sobre contextos, privilegios y capitales económicos y culturales.
El Estado no puede usar dinero de todos para reproducir privilegio de unos pocos”.
Con esta premisa, el gobierno pretende transformar el modelo educativo y redistribuir oportunidades, fomentando un acceso real a la educación superior avanzada para estudiantes que históricamente habían sido marginados.
Entre los ejemplos de jóvenes beneficiados con el nuevo enfoque estatal se encuentra un estudiante rural de estrato 1, doctorante en geografía en la Universidad de Estocolmo, que sostiene a su familia mientras demuestra que la educación pública y las becas abiertas pueden cambiar vidas y cerrar brechas sociales.
Esta historia contrasta fuertemente con la concentración de oportunidades en Colfuturo, donde la mayoría de los becados provenían de familias que ya contaban con privilegios educativos y económicos, reflejando un sistema que reforzaba inequidades en lugar de corregirlas.
La decisión de Petro de eliminar el financiamiento a Colfuturo y ampliar las becas públicas ha encendido un intenso debate sobre meritocracia, justicia social y el papel del Estado en la educación.
La medida ha sido percibida por algunos como polémica y disruptiva, pero para muchos constituye un paso necesario para garantizar que los recursos públicos beneficien a quienes realmente los necesitan.
La discusión no se limita a cifras o porcentajes, sino que apunta a cuestionar décadas de políticas que priorizaron privilegios sobre necesidades reales, desafiando a las élites a replantear su acceso al poder y a la educación en Colombia.
El país observa con atención cómo se redefine el acceso a la educación avanzada y cómo el gobierno busca romper un patrón histórico de inequidad.
Mientras las élites cuestionan la medida, la apuesta de Petro es clara: democratizar oportunidades, invertir en la educación pública y garantizar que el dinero del pueblo sirva al pueblo, abriendo un futuro donde los jóvenes de todos los estratos puedan estudiar y prosperar, independientemente de su origen económico o social.
