La recta final electoral se ve marcada por denuncias de montajes, desinformación y presunto uso indebido de recursos públicos entre sectores políticos enfrentados
El clima político previo a las elecciones del 8 de marzo se ha visto sacudido por una serie de acusaciones cruzadas sobre presuntos montajes, campañas de desinformación y utilización irregular de recursos públicos.
En medio de la controversia, declaraciones del comandante del Ejército desmintiendo versiones sobre un supuesto atentado encendieron aún más el debate y dieron pie a nuevas confrontaciones entre sectores políticos y mediáticos.
Desde un espacio digital de opinión identificado como Notiparaco, su presentador arremetió contra lo que calificó como una estrategia coordinada de la ultraderecha para “meter terror” en la opinión pública.
“Empiezan a inventar bochinche y a inventar mentira y a meter terror”, afirmó en su intervención, señalando a políticos, influenciadores y periodistas de participar en campañas destinadas a desprestigiar a figuras de izquierda, entre ellas el senador Iván Cepeda.
Uno de los puntos centrales de la controversia fue la circulación de versiones que vinculaban a Cepeda con supuestos actos relacionados con grupos armados ilegales.
Desde el programa se rechazaron esas afirmaciones y se sostuvo que forman parte de una narrativa reiterada en ciertos sectores políticos.
“Iván Cepeda no es ningún reclutador de menores”, expresó el presentador, cuestionando que se repitan señalamientos sin pruebas y pidiendo mayor responsabilidad informativa.
En paralelo, se denunciaron supuestas irregularidades en el uso de recursos públicos durante la campaña electoral.
El espacio digital afirmó que desde administraciones locales se estarían destinando fondos para influir en encuestas y favorecer candidaturas afines a la derecha.
Aunque no se aportaron pruebas concretas en la emisión, la acusación se sumó al ambiente de sospecha que rodea la contienda.
Otro de los episodios que alimentó la polémica fue la difusión de un video que mostraba una multitud en una plaza pública y que, según algunas publicaciones en redes sociales, correspondería a un acto político en el municipio de Líbano, Tolima.
Sin embargo, posteriormente se aseguró que las imágenes provenían de India y no de Colombia.
“Cogen una manifestación en una plaza en India y dicen que eso fue en Líbano, Tolima”, se afirmó en el programa, calificando el hecho como una muestra de desinformación deliberada.
Las declaraciones del comandante del Ejército, quien negó la existencia de pruebas sobre un presunto atentado denunciado por dirigentes políticos regionales, fueron interpretadas por algunos sectores como la caída de un “montaje”.
En el espacio digital se sostuvo que la versión del atentado habría sido exagerada o infundada con fines electorales.
Aunque las autoridades no confirmaron la hipótesis de un plan criminal específico, sí reiteraron que cualquier amenaza debe investigarse con rigor y sin instrumentalización política.
En el mismo tono crítico, el programa cuestionó el papel de algunos medios de comunicación tradicionales, a los que acusó de parcialidad.
“Si los medios tienen participación política, que lo digan”, se expresó durante la transmisión, insistiendo en la necesidad de transparencia sobre posibles alineamientos editoriales.
Estas afirmaciones se producen en un contexto de creciente polarización, donde tanto oficialismo como oposición han denunciado sesgos informativos.
Las referencias a figuras del Centro Democrático y a dirigentes regionales se enmarcaron dentro de un discurso que atribuye a ese sector prácticas como la compra de votos y la manipulación narrativa.
No obstante, hasta el momento no se han presentado decisiones judiciales que respalden tales señalamientos.
Los partidos mencionados no han emitido pronunciamientos formales en respuesta a las acusaciones difundidas en el programa digital.
La controversia también puso de relieve el papel de las redes sociales en la amplificación de contenidos no verificados.
Expertos en comunicación política han advertido que en periodos electorales aumenta la circulación de videos fuera de contexto, audios editados y afirmaciones sin sustento, lo que dificulta al electorado distinguir entre información confirmada y propaganda.
En este escenario, las autoridades electorales han reiterado su llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a denunciar cualquier irregularidad ante las instancias competentes.
Asimismo, han insistido en que la jornada electoral contará con acompañamiento institucional para garantizar transparencia y seguridad.
El debate público, marcado por acusaciones de montaje y desinformación, refleja la intensidad de una campaña en la que la disputa por el relato se ha convertido en un frente central.
Mientras algunos sectores sostienen que existen estrategias deliberadas para sembrar miedo o desacreditar adversarios, otros rechazan tales afirmaciones y piden pruebas verificables.
A pocos días de que se abran las urnas, el país enfrenta no solo la competencia entre proyectos políticos, sino también el desafío de preservar un debate basado en hechos comprobados.
La confrontación mediática y digital evidencia que la batalla electoral se libra tanto en las plazas públicas como en el terreno de la información, donde la veracidad se convierte en un bien especialmente valioso.
