Un anestesiólogo joven fue encontrado muerto en su departamento con medicamentos de uso hospitalario a su alrededor

Buenos Aires — La investigación que conmociona al sistema de salud argentino no comenzó como un caso aislado, sino con el hallazgo sin vida de un médico joven en su departamento de Palermo el 20 de febrero pasado.

Alejandro Zalazar, anestesiólogo de 29 años, fue encontrado por la policía y el SAME con una vía intravenosa conectada al pie y varios frascos de medicamentos a su alrededor.

Tras la primera operación de rastreo, el resultado preliminar de la autopsia señaló una sobredosis de propofol y fentanilo, dos fármacos de uso exclusivo hospitalario, lejos del alcance del público general desde farmacias o comercios comunes.

Lo que al principio parecía una tragedia personal empezó a adquirir matices oscuros cuando la Justicia y las autoridades sanitarias lograron determinar la trazabilidad de esos medicamentos: ambos provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires, una de las instituciones médicas más prestigiosas de la ciudad.

Ese dato detonó una investigación interna y judicial que, hasta el momento, suma múltiples capas de presunta ilegalidad.

Desde el arranque del expediente, los fiscales y jueces detectaron faltantes en el stock de anestésicos controlados en el área de anestesiología del Hospital Italiano.

A raíz de ello, la institución presentó una denuncia formal y separó del cargo a dos profesionales cuyos nombres ya figuran en la causa: el anestesiólogo Hernán Boveri y la médica residente Delfina Lanusse.

Ambos fueron indagados por la Justicia y negaron haber cometido irregularidades, anticipando que presentarán escritos en su defensa.

La pesquisa no solo indaga sobre el destino de los medicamentos sustraídos, sino que también apunta a la existencia de un circuito clandestino que habría operado con esos fármacos por fuera del ámbito médico.

En ámbitos judiciales y entre profesionales de la salud han comenzado a circular referencias a lo que se conoce como las “Propo fest”: reuniones privadas donde, presuntamente, se administraban propofol y fentanilo con fines recreativos en contextos sociales y festivos.

Una fuente consultada explicó que “eran encuentros donde se usaban estos anestésicos en dosis no médicas, con equipos de infusión y hasta la presencia de alguien preparado para asistir respiratoriamente si alguien sufría depresión respiratoria”.

En el argot de algunos anestesiólogos, este tipo de asistencia se llama “ambucear”, en referencia al uso de un ambú o dispositivo de ventilación manual para reanimar a quien se encuentre en apnea.

Además de las fiestas sexuales privadas que mencionan algunos testimonios, también circulan versiones sobre experiencias llamadas “viajes controlados”, en las cuales los organizadores ofrecían —a cambio de dinero— una especie de administración monitorizada de estas sustancias a participantes dispuestos a probar estados de sedación profunda en un entorno no hospitalario.

Si bien estos relatos se encuentran fuera del expediente formal en este momento, forman parte de las líneas de investigación que más alarma generan entre los investigadores.

El propio Hospital Italiano emitió un comunicado en el que confirmó que radicó la denuncia correspondiente por el robo de estupefacientes en su área de anestesiología y que ninguno de los profesionales involucrados continúa desempeñándose en la institución.

Además, la institución médica señaló que colabora plenamente con la Justicia y con organismos específicos para reforzar los controles internos sobre la gestión de medicamentos de alto riesgo.

En la Justicia, el caso se analiza en dos vertientes: por un lado, la causa principal vinculada a la muerte de Zalazar y, por otro, el posible delito de administración fraudulenta y perjuicio patrimonial, ya que la sustracción de estos fármacos habría generado un daño económico al hospital.

Las penas por estos delitos pueden llegar a varios años de prisión para quienes, habiendo estado a cargo de controlar bienes o recursos de una institución, los hayan desviado en beneficio propio o de terceros.

Más allá de las imputaciones y testimonios, lo que queda claro es que este caso ha revelado fallas significativas en los mecanismos de control de sustancias controladas dentro de centros de salud y ha puesto bajo el foco de la opinión pública prácticas que, hasta ahora, habían permanecido en ámbitos cerrados.

Además, abre un debate profundo sobre la responsabilidad ética y legal de los profesionales de la salud, particularmente aquellos que manejan sustancias de alto riesgo restringido al uso clínico.

La familia de Zalazar, en medio del dolor, espera que el proceso judicial esclarezca todas las circunstancias que rodearon esta muerte y que se haga justicia.

Mientras tanto, la causa continúa su curso, con más preguntas que respuestas en torno a fiestas clandestinas, medicamentos robados y un posible circuito ilícito que involucra a profesionales formados para salvar vidas.