La Cámara de Diputados de México aprobó una reforma electoral con 377 votos a favor que reduce regidores municipales, limita presupuestos legislativos y ajusta salarios de organismos electorales

La Cámara de Diputados de México aprobó recientemente una reforma electoral conocida como “plan B”, impulsada por el Ejecutivo federal, con el respaldo de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, además del voto favorable de Movimiento Ciudadano.

La iniciativa alcanzó una mayoría calificada con 377 votos a favor y fue posteriormente avalada por más de 19 congresos estatales en menos de 24 horas, consolidando un proceso legislativo de aprobación acelerada que ha reconfigurado el debate político nacional.

De acuerdo con lo aprobado, la reforma establece modificaciones sustanciales en el uso y distribución de recursos públicos en el ámbito político-administrativo.

Entre los cambios más relevantes se incluye la limitación del número de regidores en los ayuntamientos, fijando un máximo de 15 integrantes, con el objetivo de reducir estructuras consideradas sobredimensionadas en gobiernos municipales.

Asimismo, se impone un tope presupuestal a los congresos estatales, que no podrán superar el 0.70 % del presupuesto total de cada entidad federativa.

Otro de los puntos centrales de la reforma establece que ningún funcionario del Instituto Nacional Electoral ni magistrados del Tribunal Electoral podrán percibir un salario superior al de la Presidencia de la República, además de eliminar ciertos esquemas de prestaciones consideradas extraordinarias.

También se contempla una reducción del 15 % en el presupuesto del Senado en un periodo de cuatro años, cuyos recursos deberán destinarse a infraestructura en estados y municipios.

Durante el debate público generado tras la aprobación, diversas posturas políticas han surgido en torno al alcance de estas medidas.

Dirigentes de Movimiento Ciudadano defendieron su apoyo a la reforma argumentando coherencia con propuestas previas de austeridad, mientras sectores de la oposición, particularmente del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, han expresado su rechazo al considerar que las modificaciones afectan el equilibrio institucional.

En este contexto, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido uno de los principales críticos de la reforma, al señalar públicamente que existe un supuesto “acuerdo en lo oscurito” entre fuerzas políticas para debilitar contrapesos democráticos.

No obstante, dichas declaraciones se producen en paralelo a un proceso judicial en curso relacionado con su gestión como gobernador del estado de Campeche.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Campeche presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud formal de desafuero contra Alejandro Moreno, quien enfrenta investigaciones por presuntos delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

De acuerdo con los expedientes judicializados, el monto investigado asciende a 83,508,000 pesos, presuntamente vinculados a contratos irregulares, facturación simulada y esquemas de intermediación con prestanombres.

Entre los elementos contenidos en las carpetas de investigación se describe un esquema en el cual habrían participado terceros que facilitaron documentación personal a cambio de pagos aproximados de 4,000 pesos, lo que posteriormente habría sido utilizado para justificar operaciones por más de 27 millones de pesos en servicios que, según la investigación, no fueron realizados.

Las autoridades señalan que dichos recursos habrían sido desviados mediante estructuras administrativas vinculadas a dependencias estatales.

Otra línea de investigación refiere el uso de recursos provenientes de un fideicomiso estatal financiado por el impuesto sobre nóminas, el cual habría sido destinado a obras públicas específicas, incluyendo la construcción de la Plaza Colosio, con un monto aproximado de 18.

2 millones de pesos.

Asimismo, se investigan contratos asignados a medios de comunicación locales por cerca de 14 millones de pesos y servicios de consultoría otorgados a empresas cuyo giro original no correspondía con las actividades contratadas por la administración pública.

Las indagatorias también incluyen la relación de empresas y personas vinculadas al entorno familiar del dirigente priista.

Se han documentado transferencias millonarias hacia familiares directos, así como la adquisición de múltiples propiedades en distintas zonas del país, incluyendo inmuebles en áreas de alto valor en la Ciudad de México.

De acuerdo con los registros revisados por las autoridades, una residencia principal asociada al exgobernador en Campeche tendría un valor superior a los 130 millones de pesos.

En paralelo, las autoridades han señalado la existencia de una red de operaciones financieras vinculadas a empresas del entorno familiar, algunas de las cuales reportaron ingresos significativamente superiores a sus gastos operativos declarados, lo que ha generado cuestionamientos sobre la procedencia y destino de los recursos.

La Fiscalía General del Estado de Campeche, en coordinación con instancias federales, mantiene abiertas varias líneas de investigación que incluyen entrevistas a testigos, análisis de documentos financieros, peritajes contables y revisión de contratos públicos.

Algunas personas señaladas en las investigaciones han obtenido criterios de oportunidad y colaboran actualmente con las autoridades.

En el ámbito legislativo, el expediente de desafuero se encuentra en análisis dentro de la Cámara de Diputados, donde se determinará si procede o no retirar la inmunidad constitucional al dirigente priista para que enfrente el proceso judicial en tribunales ordinarios.

Legisladores han señalado que el avance del caso podría definirse en función de los tiempos políticos y de la agenda legislativa en curso.

Mientras tanto, el debate público en México continúa dividido entre quienes respaldan las reformas orientadas a la reducción del gasto político y quienes advierten sobre sus implicaciones institucionales.

En medio de este escenario, el caso de Alejandro Moreno se ha convertido en un punto central de confrontación política, al coincidir una reforma estructural del sistema electoral con un proceso judicial de alto perfil que involucra a una de las principales figuras de la oposición.

Las autoridades han reiterado que el proceso de investigación continúa en curso y que será la evidencia recabada la que determine las responsabilidades correspondientes conforme a derecho, mientras el Congreso mantiene en revisión la solicitud de desafuero que podría definir el futuro político y judicial del dirigente nacional del PRI.