Polo Polo volvió a atacar el aumento del salario mínimo y la reforma laboral, pero sus argumentos chocan con los datos oficiales que muestran una fuerte caída del desempleo y crecimiento económico durante el gobierno de Gustavo Petro.

Una nueva tormenta política sacude a Colombia luego de que el representante Miguel Polo Polo arremetiera contra el aumento del salario mínimo y reviviera el discurso del miedo sobre la supuesta destrucción masiva de empleos.
Sus palabras no pasaron desapercibidas.
En redes sociales, en debates públicos y en la opinión ciudadana, la reacción fue inmediata: cifras oficiales, resultados económicos recientes y una narrativa que contradice frontalmente los argumentos de la oposición.
El detonante fue la reiteración de un estudio atribuido al Banco de la República, utilizado para advertir que la reforma laboral impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro podría destruir cerca de 450.
000 empleos.
Este cálculo coincide con cifras que desde hace años viene difundiendo Fenalco y que han sido amplificadas por diversos sectores políticos y mediáticos.
Según ese relato, cualquier iniciativa que huela a reforma social terminaría, inevitablemente, en desempleo y crisis.
Sin embargo, el problema para quienes sostienen ese discurso es que la realidad económica reciente no encaja con sus advertencias.
Desde la llegada de Petro al poder, la tasa de desempleo ha mostrado una tendencia a la baja.
En 2024 y 2025, el país registró cifras que no se veían en años.
El desempleo cayó hasta niveles cercanos al 8 %, convirtiéndose en uno de los registros más bajos de la historia reciente.
Al mismo tiempo, la economía colombiana continuó creciendo, desmintiendo la idea de un colapso productivo.

Durante el debate de la reforma laboral, muchos congresistas justificaron su oposición afirmando que estaban “salvando a Colombia” de una catástrofe económica.
Según ellos, aprobar la reforma significaría destruir cientos de miles de empleos formales.
Pero mientras la reforma era hundida en el Congreso, el mercado laboral seguía mostrando señales de recuperación.
Para amplios sectores de la ciudadanía, lo que realmente se frenó no fue una amenaza, sino la posibilidad de devolver derechos laborales que habían sido recortados en reformas anteriores, como los recargos por trabajo dominical y festivo.
En este contexto, las críticas de Polo Polo al aumento del salario mínimo fueron vistas como un déjà vu.
Titulares alarmistas volvieron a circular anunciando “las consecuencias de un aumento excesivo del salario mínimo”, esta vez con la mirada puesta en 2026.
El mensaje es el mismo de siempre: subir el salario mínimo destruirá empleo, aumentará la informalidad y desatará inflación.
Pero nuevamente los datos chocan con el relato.
El propio presidente Petro recordó que durante su gobierno el salario mínimo real aumentó y, lejos de provocar un desastre, el país alcanzó la tasa de desempleo más baja del siglo XXI.
Para muchos ciudadanos, esto desmonta el principal argumento de quienes se oponen a un incremento de dos dígitos.
La consigna que se repite es clara: dato mata relato.

Las cifras más recientes refuerzan esa percepción.
En octubre de 2025, la tasa de desempleo se ubicó alrededor del 8,2 %, casi un punto menos que en el mismo mes del año anterior.
Solo en ese mes, cerca de 977.000 personas lograron vincularse al mercado laboral.
Sectores como la agricultura, los restaurantes y hoteles, y el transporte lideraron la generación de empleo, mostrando que la economía real sigue en movimiento y absorbiendo mano de obra.
En medio de este panorama, el senador Roy Barreras lanzó una propuesta que encendió aún más el debate: un aumento del salario mínimo que lo lleve, como mínimo, a 1.800.000 pesos.
Su argumento es directo y conecta con una realidad social difícil de ignorar.
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y mantener salarios que no alcanzan para cubrir el costo de vida solo perpetúa esa brecha.
Según Barreras, inyectar más recursos a las familias de menores ingresos no solo mejora su calidad de vida, sino que dinamiza el consumo, fortalece a los empresarios y estimula la generación de más empleo.
La discusión dejó de ser puramente económica para convertirse en un pulso político y social.
Para los defensores del aumento salarial, pagar mejor no es un capricho ideológico, sino una estrategia para aumentar la productividad y fortalecer el mercado interno.
Para la oposición, en cambio, sigue siendo una apuesta riesgosa que, según ellos, el país no puede darse el lujo de asumir.

Polo Polo, sin embargo, fue más allá del debate salarial y desvió la discusión hacia otros temas, lo que generó aún más críticas.
En redes sociales le recordaron episodios de su trayectoria política y diplomática, incluyendo la controversia por la reinstauración de la visa para colombianos que viajan al Reino Unido.
Frente a esto, distintos usuarios aclararon que la decisión británica respondió a cambios en su política migratoria y al uso indebido de la exención por parte de un pequeño porcentaje de viajeros, y no a la gestión de un funcionario en particular.
El cruce de declaraciones subió de tono y dejó en evidencia el cansancio de una parte de la ciudadanía frente a discursos que, aseguran, se repiten año tras año sin respaldo en la realidad.
Para muchos, la oposición insiste en advertir sobre un colapso que no llega, mientras los indicadores muestran más empleo, crecimiento económico y una leve mejora en las condiciones de vida.
Al final, el debate sobre el salario mínimo y la reforma laboral se convirtió en algo más que una discusión técnica.
Es una batalla por el sentido común, por la interpretación de los datos y por el modelo de país que se quiere construir.
Mientras unos apuestan por salarios dignos y mayor equidad, otros siguen anclados en el miedo a los cambios.
Lo cierto es que, esta vez, los números están hablando más fuerte que los discursos, y buena parte del país parece dispuesta a escucharlos.