El Tribunal Superior de Yopal confirmó que el senador Josué Alirio Barrera acumuló irregularmente 487 hectáreas de terrenos baldíos en los municipios de Aguazul y Nunchía, Casanare

En una de las jornadas más convulsas para la política colombiana de 2026, el Senador Josué Alirio Barrera Rodríguez, del Centro Democrático, volvió a estar en el centro de un huracán judicial y mediático que ha tensado aún más el debate sobre la propiedad de tierras, la justicia agraria y el papel de los medios de comunicación en plena época electoral.

A finales de marzo, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal emitió un fallo que confirma que Barrera, quien también es jefe de debate de la fórmula presidencial de Paloma Valencia, acumuló indebida y de manera irregular 487 hectáreas de terrenos de origen baldío en los municipios de Aguazul y Nunchía, en el departamento de Casanare.

Estas extensiones, por disposición legal, pertenecen al Estado y están destinadas a campesinos sin tierra, lo que hace especialmente grave la situación del parlamentario.

La decisión del Tribunal no solo reavivó un viejo escándalo sino que también desató reacciones cruzadas en los principales escenarios políticos.

Voces desde sectores progresistas señalaron que este caso expone una contradicción entre la retórica contra la reforma agraria y prácticas de acumulación de tierra por parte de figuras de alto rango en la derecha política.

“¿Cuándo va a devolver las 487 hectáreas de terrenos baldíos que son del pueblo?” fue la pregunta que varios líderes sociales lanzaron ante medios locales.

Aunque Barrera ha argumentado que la compra de estos terrenos se hizo de manera legal décadas atrás y que muchos de ellos tenían ya un carácter comercial, el fallo sostiene que la acumulación excedió los límites legales establecidos por la normativa agraria, especialmente frente a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que regula cuánto territorio puede poseer una sola persona sin que se vulnere la función social de la tierra.

En paralelo a este caso agrario, otro frente de controversia se abrió en torno a la libertad de prensa y la regulación de encuestas en época electoral.

Esta semana, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció que formuló cargos contra la revista Semana y la encuestadora Atlas Intel por presuntas irregularidades en una medición divulgada durante la campaña presidencial.

La decisión, producto de una denuncia presentada por el representante a la Cámara Alejo Toro, sostiene que el estudio fue presentado como una encuesta sin cumplir los requisitos técnicos mínimos sobre diseño muestral probabilístico y representatividad, normas que son claramente exigidas por la legislación electoral colombiana para garantizar transparencia y equidad.

La investigación administrativa del CNE se produce en un clima de fuertes tensiones entre las autoridades electorales y varios medios de comunicación, en un momento clave de la carrera presidencial.

Desde la entidad se explicó que “no todo puede denominarse encuesta”, en alusión a la falta de rigor metodológico en las mediciones que se hacen pasar por estudios serios, especialmente cuando estas pueden influir en la opinión pública en pleno periodo de campaña.

Por su parte, medios implicados han señalado que la investigación es un mal precedente para la libertad de prensa, lo que aviva aún más la discusión sobre el papel del periodismo y su responsabilidad durante las elecciones.

Voces en redes sociales y foros de opinión han registrado reacciones tanto de apoyo como de crítica hacia el CNE y hacia las publicaciones señaladas, destacando la polarización de la información en el ambiente político actual.

Mientras tanto, Alirio Barrera continúa defendiendo su posición con declaraciones firmes: “Estos predios son legalizados con escrituras y no hay ilegalidad alguna”, aseguró en una rueda de prensa en la que también negó que exista cualquier proceso penal en su contra y calificó las acusaciones como una estrategia política para desgastarlo.

No obstante, la Agencia Nacional de Tierras lleva adelante un expediente administrativo por posible acumulación indebida de bienes de origen baldío, lo que significa que más allá del fallo del Tribunal de Yopal, hay otras instancias que podrían derivar en consecuencias legales adicionales.

En el centro del debate está, también, la crítica política hacia quienes se oponen a cambios estructurales como la reforma agraria impulsada por el gobierno actual.

Sectores sociales han señalado que la concentración de tierras en manos de políticos y empresarios pone en cuestión la coherencia de sus posiciones públicas frente a la distribución equitativa de la tierra, un tema que ha sido históricamente sensible en Colombia.

Este doble conflicto —judicial y electoral— pone de manifiesto que, en plena campaña presidencial, la combinación de decisiones judiciales sobre propiedades rurales y la regulación de encuestas y medios de comunicación se ha convertido en un componente crucial de la narrativa política nacional.

Las definiciones de estos procesos no solo influirán en la percepción pública de los implicados, sino también en la credibilidad de las instituciones encargadas de garantizar la transparencia, la justicia y la equidad en el país.