El presidente Gustavo Petro exige la entrega completa del código fuente del software electoral y una auditoría tecnológica independiente para garantizar la transparencia del conteo de votos.
El debate sobre la transparencia del sistema electoral colombiano volvió a escalar tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro y del expresidente Álvaro Uribe Vélez en torno al software de escrutinio utilizado en las elecciones.
En el centro de la controversia se encuentra la empresa Thomas Greg & Sons, contratista encargada del sistema de conteo de votos.
El jefe de Estado ha reiterado públicamente su solicitud de acceso total al código fuente del software electoral.
“No me interesa sembrar dudas. Solo exijo como presidente de Colombia que se entregue el escrutinio público, el código fuente completo del software de conteo de votos”, afirmó.
En sus declaraciones insistió en que no se trata de una revisión superficial:
“No se trata de mostrar el código fuente, esos son fotos de parte del código. Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos para que lo examinen a fondo. Se llama auditoría tecnológica”.
Petro recordó fallos judiciales anteriores que, según explicó, advirtieron vulnerabilidades en el sistema.
También cuestionó que, pese a decisiones judiciales que ordenaban ajustes, el software continúe siendo utilizado.
“Hace 10 años (…) el software de cómputo de votos es vulnerable desde dentro, desde afuera, y no es confiable y ordenó cambiarlo”, señaló, insistiendo en que las instituciones deben garantizar plena transparencia en el proceso electoral.
En contraste, el expresidente Uribe manifestó confianza en la autoridad electoral.
En entrevista radial fue enfático: “Yo tengo toda la confianza en la transparencia del señor registrador”.
Con esa declaración marcó distancia frente a los cuestionamientos del mandatario y rechazó que se ponga en duda la legitimidad del sistema sin pruebas concluyentes.
La controversia también alcanzó al magistrado del Consejo Nacional Electoral Álvaro Hernán Prada, sobre quien el presidente expresó reparos.
Petro pidió que se aparte como árbitro electoral mientras enfrenta un proceso judicial, argumentando que podrían afectarse las garantías de los participantes en los comicios.
“Prada debería retirarse de ser árbitro electoral”, escribió el mandatario, aludiendo a la necesidad de preservar la confianza pública.
El debate se amplía en un contexto de alta polarización política.
Sectores cercanos al Gobierno sostienen que la revisión técnica es una medida preventiva para blindar la legitimidad democrática.
Desde la oposición, en cambio, se advierte que insistir en posibles vulnerabilidades podría debilitar la credibilidad institucional.
Uribe, figura central del partido Centro Democrático, ha defendido reiteradamente el papel de la Registraduría y ha pedido prudencia en el manejo de estas denuncias.
Paralelamente, la discusión se entrelaza con la dinámica electoral hacia el Congreso y eventuales consultas presidenciales.
El senador Iván Cepeda ha recibido el respaldo de sectores sindicales que manifestaron públicamente su apoyo a su proyecto político.
Dirigentes de distintas organizaciones laborales anunciaron su adhesión con el objetivo de “profundizar los cambios sociales”, fortaleciendo así una de las corrientes del progresismo.
En ese escenario también aparece la figura de Roy Barreras, quien impulsa su propia estrategia dentro del espectro de centroizquierda.
Barreras ha defendido la necesidad de bajar la confrontación política y priorizar la estabilidad institucional.
“Esa idea de andar persiguiendo presidentes y obsesionados por meterlos a la cárcel divide al país”, expresó recientemente, abogando por un clima de garantías para todos los actores.
Mientras tanto, la Registraduría anunció espacios de socialización técnica del sistema ante organismos de control, misiones de observación y partidos políticos.
Sin embargo, el presidente Petro reiteró que la simple exhibición parcial del código no sustituye una auditoría integral independiente.
“Si no hay nada que esconder, ¿a qué le temen?”, cuestionó.
El cruce de declaraciones refleja un momento decisivo para la institucionalidad electoral colombiana.
De un lado, la exigencia de máxima transparencia técnica; del otro, la defensa de la solidez del sistema vigente.
En medio de la controversia, el país se encamina hacia nuevas jornadas electorales bajo la mirada atenta de partidos, organismos de control y ciudadanía.
La discusión sobre el software no solo es técnica, sino profundamente política.
La confianza en las reglas del juego democrático se ha convertido en el eje de un debate que enfrenta visiones opuestas sobre el estado de las instituciones.
Mientras el presidente insiste en una auditoría completa como garantía de legitimidad, el expresidente reafirma su respaldo a la autoridad electoral.
El desarrollo de este pulso marcará el tono de la contienda en los meses venideros y pondrá a prueba la capacidad del sistema para ofrecer certezas en medio de la polarización.
