La Registraduría Nacional expuso el código fuente del software electoral tras las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre posibles riesgos de fraude
La controversia por las garantías electorales en Colombia sumó un nuevo capítulo tras la decisión de la Registraduría Nacional de exponer el código fuente del software de preconteo y escrutinio que se utilizará en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.
La medida se produjo luego de reiteradas denuncias del presidente Gustavo Petro sobre un eventual riesgo de fraude y en medio de un clima político marcado por la desconfianza y la polarización.
Durante las últimas semanas, el jefe de Estado insistió en que los partidos y sus auditores debían tener acceso pleno al código fuente, es decir, al conjunto de instrucciones y líneas de programación que determinan el funcionamiento del sistema informático electoral.
Según su postura, no bastaba con presentaciones parciales o demostraciones generales del software.
La exigencia era clara: revisión técnica completa para garantizar transparencia.
El registrador nacional, Hernán Penagos, encabezó la jornada de exposición ante más de 2.
000 delegados de partidos políticos, organismos de control, misiones internacionales y medios de comunicación.
La apertura técnica incluyó el software de preconteo —uno de los puntos más sensibles del debate— y el de escrutinio.
La auditoría quedó en manos de especialistas acreditados por las distintas colectividades, quienes deberán emitir conclusiones en los próximos días.
En una reunión previa con el procurador general y el contralor, el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendió la posición del Ejecutivo.
“Tuvimos una reunión muy cordial y sincera en el despacho del señor procurador general de la nación para discutir los avances del plan democracia.
El gobierno nacional no compite en estas elecciones, sino que da garantías para candidatas y candidatos, pero también para el pueblo que decidirá libremente y con total transparencia en los próximos comicios”, afirmó.
La discusión sobre el software electoral se intensificó luego de que el presidente cuestionara la continuidad de empresas contratistas encargadas del proceso tecnológico.
En particular, el preconteo ha sido objeto de críticas desde las elecciones de 2022, cuando se reportaron inconsistencias en la transmisión preliminar de resultados legislativos.
Aunque las autoridades han sostenido que el escrutinio oficial corrigió las diferencias detectadas, el episodio alimentó sospechas que hoy resurgen en el debate público.
La Registraduría explicó que el código fuente no puede divulgarse de manera abierta al público por razones de seguridad informática, pero garantizó que los auditores designados cuentan con acceso controlado para su revisión.
Expertos advierten que la exposición técnica es un paso relevante, aunque subrayan que la confianza institucional depende tanto de la transparencia como de la pedagogía hacia la ciudadanía.
En paralelo, la polémica escaló por las denuncias de intimidación contra Natalie Carmona Giraldo, quien participó en espacios públicos relatando presuntas irregularidades en procesos anteriores.
Sectores de oposición cuestionaron sus vínculos contractuales con entidades del Estado, insinuando un posible conflicto de interés.
Desde el oficialismo se rechazaron esos señalamientos y se calificaron como intentos de desacreditar testimonios.
El debate abrió un nuevo frente sobre la protección de denunciantes y la legitimidad de sus declaraciones.
El contexto electoral también se ha visto tensionado por advertencias de seguridad.
En Bogotá, autoridades informaron sobre la incautación de material explosivo en la localidad de Usme, presuntamente vinculado a estructuras del ELN, que habría podido ser utilizado para alterar el orden público durante la jornada electoral.
El hallazgo reactivó las alertas sobre la incidencia de actores armados ilegales en escenarios políticos y reforzó el llamado institucional a blindar los comicios.
Mientras tanto, la Corte Constitucional avaló recientemente una ley que obliga a los congresistas a rendir cuentas periódicamente.
La norma establece que cada legislador deberá presentar, dentro de los diez días siguientes al cierre de la legislatura, un informe digital en lenguaje claro y datos abiertos sobre su gestión, incluyendo proyectos radicados, debates de control político y proposiciones.
Además, deberán convocar espacios públicos de diálogo para responder preguntas de la ciudadanía.
El proceso electoral del 8 de marzo se perfila así como una prueba decisiva para la institucionalidad.
La entrega del código fuente marca un precedente en materia de supervisión técnica, pero el desafío mayor sigue siendo preservar la confianza pública en medio de un ambiente político crispado.
Con auditorías en curso y vigilancia reforzada, el país se encamina hacia unas elecciones en las que la transparencia y la seguridad serán tan determinantes como los resultados en las urnas.
