Un memorándum de Marco Rubio desata una crisis diplomática entre Bogotá y Washington por la detención de Beto Coral
Una investigación periodística de The New York Times confirmó que la detención del activista colombiano Beto Coral en Estados Unidos responde a motivaciones estrictamente políticas tras oponerse al candidato presidencial Abelardo de la Espriella
El panorama político y diplomático entre Colombia y Estados Unidos ha sufrido un fuerte quiebre tras revelarse los pormenores de la detención del activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral.
La divulgación de una investigación periodística por parte del diario estadounidense The New York Times, que saca a la luz un memorándum oficial firmado de puño y letra por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha transformado un procedimiento que inicialmente se pretendió mostrar como un trámite migratorio ordinario en un complejo expediente de persecución ideológica con profundas repercusiones internacionales en vísperas de los comicios.
Los documentos oficiales obtenidos evidencian de manera irrefutable que la captura de Coral Garrido en la ciudad de Phoenix, Arizona, no respondió a una fiscalización rutinaria de su estatus legal, sino a una instrucción directa emanada desde los más altos estamentos de la diplomacia norteamericana.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó explícitamente la revocación del permiso de trabajo del activista y recomendó su inmediata detención con fines de deportación argumentando de forma literal que su permanencia y su activismo en territorio estadounidense resultaban intolerables por socavar los intereses de la política exterior de Washington respecto a los procesos democráticos en Colombia.
El memorándum puntualiza con severidad que la administración no permitiría que ciudadanos extranjeros utilicen las plataformas norteamericanas para orquestar campañas de contestación política contra aliados estratégicos, haciendo referencia directa a la oposición activa que Coral ejercía contra la candidatura presidencial del abogado derechista Abelardo de la Espriella.
La respuesta desde la Casa de Nariño no se hizo esperar y ha escalado el conflicto a niveles de alta tensión bilateral.
El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con vehemencia ante los hallazgos documentales calificando la detención como un secuestro político y un atentado directo contra la libertad de expresión protegida por los tratados internacionales.
En una enérgica declaración pública dirigida directamente a la administración de Donald Trump, el mandatario colombiano cuestionó la coherencia de Washington en su autoproclamada defensa de las libertades civiles en el continente al aplicar métodos que equiparó con prácticas dictatoriales para acallar la disidencia.
Petro enfatizó el simbolismo histórico de la figura de Coral Garrido, hijo del asesinado capitán de la Policía Nacional Humberto Coral Caballero —quien fuera una pieza clave en la persecución contra los grandes carteles del narcotráfico—, señalando el agravio que representa que el hijo de un héroe caído en la lucha contra las mafias sea recluido y sometido a maltratos en el país que se ha beneficiado históricamente del sacrificio de las fuerzas de seguridad colombianas.
La gravedad de la situación se ha visto agudizada por las denuncias sobre un intrincado y opaco itinerario de traslados a los que ha sido sometido el activista tras su arresto inicial en Arizona.
Según los reportes del entorno legal del afectado, las autoridades federales lo han transferido de forma intempestiva y sucesiva a través de los estados de Texas y Mississippi.
Esta estrategia de rotación carcelaria interestatal ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos como una táctica de presión psicológica destinada a quebrar la resistencia del detenido para forzar una autodeportación voluntaria.
Asimismo, el constante traslado geográfico genera un severo bloqueo procesal, toda vez que las normativas del sistema judicial estadounidense restringen el ejercicio de la abogacía a las jurisdicciones estatales específicas, obligando al equipo defensor a fragmentarse y buscar representación legal acreditada de urgencia en cada nuevo estado al que Coral es confinado, dejándolo en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica.
Este escándalo estalla en un momento de máxima polarización y fragilidad institucional en Colombia, donde la campaña presidencial se ha visto enturbiada por el incremento de la violencia contra el liderazgo del Pacto Histórico y los sectores de izquierda.
Coincidiendo con la captura del activista en el exterior, se reportaron graves atentados armados en el territorio nacional, incluyendo el ataque a tiros contra el vehículo de seguridad de la congresista electa por Antioquia, Verónica, en la vía entre Urrao y Betulia, así como hostigamientos contra concejales de la coalición gubernamental en el Valle del Cauca.
El oficialismo vincula directamente el accionar de la diplomacia estadounidense liderada por Rubio con un intento coordinado de infundir terror y desarticular la movilización popular en favor del progresismo frente a propuestas de corte radical que emulan las políticas del gobierno israelí de Benjamín Netanyahu en materia de orden público.
Mientras tanto, la Cancillería colombiana mantiene una exigencia formal y perentoria ante el Departamento de Estado para que se clarifique la ubicación exacta, el estado de salud y se garantice el debido proceso del ciudadano colombiano, quien permanece incomunicado bajo un régimen de detención administrativa que ha encendido las alarmas de la comunidad jurídica internacional.
