El aumento del salario mínimo en Colombia generó polémica por su impacto en las empleadas domésticas, un sector marcado por la informalidad, bajos ingresos y falta de derechos laborales.
En un país donde la desigualdad y la explotación laboral son temas candentes, el reciente aumento del salario mínimo ha desatado una ola de reacciones.
La señora Tatiana Jones ha alzado su voz en contra de esta decisión del gobierno de Petro, afirmando que el incremento de 2,920,166 pesos es una medida irresponsable que solo perjudicará a la clase media y a quienes contratan empleadas domésticas.
Según ella, este aumento no traerá beneficios, sino que convertirá a las familias colombianas en un 1,3% más pobres, dejando a las empleadas en la precariedad.
Tatiana señala que, de las 600,000 empleadas domésticas en Colombia, solo un pequeño porcentaje puede beneficiarse de este aumento, mientras que la mayoría sigue sin recibir el salario mínimo.
“La realidad es que la mayoría de las empleadas del hogar no ganan lo justo”, dice, refiriéndose a un sistema que ha normalizado la informalidad laboral.
En Colombia, el 82% de las empleadas domésticas son informales, y el 62% de ellas recibe un salario mínimo o menos.
Esto significa que muchas trabajan hasta 11 horas diarias, recibiendo solo la mitad de lo que deberían.
La historia de las empleadas domésticas en Colombia es una de lucha y resistencia.
A pesar de que su trabajo es fundamental para el funcionamiento de muchos hogares, este sector ha enfrentado grandes dificultades para ser reconocido como una relación laboral formal.
Mientras que otros trabajadores, como los conductores de autobús, disfrutan de contratos laborales que garantizan sus derechos, las empleadas domésticas siguen siendo vistas como una ayuda en el hogar, lo que perpetúa su explotación.
En respuesta a las declaraciones de Tatiana, Laura Camila Vargas también se pronunció, argumentando que el aumento del salario mínimo no es una solución, sino que perpetúa la precariedad.
“Las empleadas domésticas son las más afectadas por este aumento, y es hora de que se reconozcan sus derechos”, afirmó.
Su mensaje resuena con la realidad de muchas trabajadoras que, a pesar de su arduo trabajo, no reciben el reconocimiento ni la compensación que merecen.
El sindicato de empleadas domésticas ha advertido que muchas de ellas podrían perder sus empleos debido al aumento del salario mínimo.
Este escenario desolador plantea la pregunta: ¿cómo es posible que las empleadas que ya están en condiciones precarias se vean aún más afectadas? La respuesta radica en la falta de regulación y en la cultura de explotación que ha permeado este sector.
A menudo, las familias que pueden pagar el salario mínimo eligen no hacerlo, perpetuando así la pobreza y la explotación.
Una de las empleadas, que prefirió permanecer en el anonimato, compartió su experiencia: “He trabajado durante años por debajo del salario mínimo.
No tengo derechos, y si me quejo, me despiden”.
Este testimonio refleja la dura realidad de muchas trabajadoras que se ven obligadas a aceptar condiciones laborales injustas por la falta de opciones.
La situación es aún más alarmante cuando se considera que muchas empleadas son mujeres de bajos ingresos, cabezas de hogar y con poca educación.
Esto crea un ciclo de pobreza que es difícil de romper, ya que muchas no tienen acceso a oportunidades laborales mejores.
“La dignidad de una trabajadora del hogar no debería ser una amenaza para nadie”, enfatiza Vargas, subrayando la necesidad de un cambio en la percepción social sobre el trabajo doméstico.
El discurso de quienes critican el aumento del salario mínimo revela una profunda desconexión con la realidad de las empleadas domésticas.
Para muchas familias de clase media y alta, tener una empleada doméstica es visto como un lujo, una comodidad, no una necesidad básica.
Esta percepción errónea contribuye a la estigmatización de las trabajadoras y a la desvalorización de su labor.
La idea de que el bienestar de la clase media depende de pagar mal a sus trabajadoras es peligrosa y profundamente injusta.
La frustración debería dirigirse hacia quienes concentran la riqueza, no hacia aquellas que están en la base de la pirámide laboral, luchando por su dignidad y por un salario justo.
Mientras tanto, la realidad de las empleadas domésticas en Colombia sigue siendo sombría.
A pesar de los discursos políticos y las promesas de cambio, muchas continúan viviendo en la precariedad, sin acceso a derechos básicos y sin una voz que las represente adecuadamente.
La lucha por la dignidad y el reconocimiento de su trabajo es una batalla que aún está lejos de ser ganada.
