La congresista Lina María Garrido enfrenta cuestionamientos públicos tras una denuncia que señala que su esposo habría actuado como presunto testaferro en la compra de un inmueble de alto valor vinculado a su padre, condenado por corrupción.
La representante a la Cámara Lina María Garrido, del partido Cambio Radical, quedó en el centro del debate público tras una serie de señalamientos que involucran a su entorno familiar y político, luego de conocerse una denuncia ciudadana que cuestiona el origen de un inmueble de alto valor en el norte de Bogotá y el posible uso de un testaferro para ocultar su verdadera titularidad.
Garrido, congresista por el departamento de Arauca y figura visible de la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, ha construido su imagen política con un discurso frontal contra la corrupción y las llamadas “maquinarias” tradicionales.
Sin embargo, las recientes revelaciones han reavivado cuestionamientos sobre la coherencia entre su discurso y los antecedentes judiciales de personas cercanas a ella.
La controversia se intensificó tras difundirse información que señala a su esposo, Nelson Albey Tirado Nosa, como presunto testaferro de Jesús Hernando Garrido Boscán, padre de la congresista y exsecretario de Educación de Arauca, quien fue condenado por delitos contra la administración pública.
De acuerdo con la denuncia, el inmueble estaría ubicado en una zona de alta valorización de Bogotá y habría sido adquirido, presuntamente, con recursos de origen ilícito relacionados con hechos de corrupción en la contratación del sector educativo.
Jesús Hernando Garrido Boscán cuenta con antecedentes judiciales que datan de su gestión pública.
En 2017 fue condenado por contratación sin el lleno de los requisitos legales y peculado por apropiación, y en 2018 fue destituido e inhabilitado por la Contraloría General de la República para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Según el señalamiento conocido, no existirían ingresos conocidos que justificaran la compra de un inmueble de ese valor, motivo por el cual se habría puesto a nombre de un tercero.
El nombre de Lina María Garrido ya había aparecido en debates políticos recientes por su estilo confrontacional en el Congreso y por su actividad en redes sociales.
En medio de la campaña electoral, fue ampliamente comentada una publicación en la que respondió a declaraciones del exministro Juan Carlos Pinzón con el mensaje: “Usted acaba de cometer un grave error”.
La frase fue interpretada por distintos sectores como una reacción desmedida para una congresista en ejercicio y generó críticas sobre el tono utilizado en el debate público.
Pinzón, quien participa en escenarios políticos de la derecha, había hecho referencias a familias y clanes políticos en regiones afectadas por el conflicto armado, mencionando de forma general a Arauca.
Estas declaraciones fueron rechazadas por diversos actores sociales por considerar que estigmatizaban a la población del departamento.
En ese contexto, Garrido reaccionó con dureza, lo que profundizó la polarización.
La trayectoria política de la congresista se inició como concejal de Arauca entre 2016 y 2019.
Posteriormente aspiró a la Asamblea Departamental y, aunque no resultó electa, consolidó una base electoral que le permitió llegar a la Cámara de Representantes para el periodo 2022-2026 con más de 10.
500 votos.
Su ascenso estuvo acompañado por apoyos regionales, entre ellos el del exgobernador José Facundo Castillo, quien posteriormente fue condenado por irregularidades contractuales.
Castillo fue sentenciado a más de 12 años de prisión por direccionar contratos públicos, de acuerdo con decisiones judiciales conocidas.
Su estructura política siguió teniendo influencia en la región y respaldó a Garrido en su camino al Congreso, un hecho que ha sido citado por críticos como ejemplo de la continuidad de clanes y maquinarias políticas en departamentos históricamente golpeados por la violencia.
En redes sociales, la congresista ha defendido su postura política con mensajes de alto contenido simbólico.
Durante una visita a Santander escribió: “Desde la tierra de Galán lo digo sin miedo.
Santander no se arrodilla y es tierra antipetrista.
200 años después, yo seré la nueva Policarpa… voy a defender a Colombia con alma, vida y sombrero”.
Estas palabras generaron reacciones encontradas, tanto por el uso de referentes históricos como por el tono confrontacional frente a otros sectores políticos.
Otro episodio que generó controversia fue su llamado público a una intervención de Estados Unidos en Colombia, mensaje que luego ratificó en entrevistas.
Las declaraciones causaron rechazo en sectores que consideran que ese tipo de pronunciamientos desconoce el impacto histórico de la violencia en territorios como Arauca, departamento del cual Garrido es oriunda y al que representa en el Congreso.
Hasta el momento, ni la congresista, ni su esposo, ni su padre han emitido un pronunciamiento público frente a la denuncia relacionada con el inmueble en Bogotá.
Tampoco se ha confirmado si la información fue formalmente puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación u otros organismos de control.
Aun así, el caso ha despertado un fuerte interés público debido a la gravedad de los señalamientos y al vínculo directo con una congresista en ejercicio.
El debate alrededor de Lina María Garrido se da en un contexto preelectoral, en el que distintos sectores reclaman mayor escrutinio sobre los antecedentes familiares, políticos y patrimoniales de quienes aspiran a cargos de elección popular.
Mientras avanzan las discusiones y se esperan eventuales actuaciones institucionales, el caso vuelve a poner sobre la mesa la relación entre poder político, clanes regionales y confianza ciudadana en las instituciones.
