La Fiscalía investiga un presunto desfalco superior a 82.000 millones de pesos en el FOMAG relacionado con pagos irregulares de la prima de mitad de año a docentes.
El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), entidad encargada de administrar las prestaciones sociales y el sistema de salud de los docentes oficiales en Colombia, se encuentra en el centro de una controversia tras la denuncia de un presunto desfalco superior a 82.000 millones de pesos.
La situación ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y ha generado un intenso debate sobre el papel de terceros en la difusión de información relacionada con el pago de primas a maestros.
El gerente jurídico del FOMAG, Salomón Figueroa, explicó públicamente que los recursos habrían sido girados de manera irregular en el marco de reclamaciones relacionadas con la prima de mitad de año.
Según detalló, la situación estaría vinculada a actuaciones promovidas por la firma de abogados Giovanni López Quintero, que habría sostenido la existencia de un supuesto fallo judicial favorable para los docentes.
Durante una intervención televisiva, Figueroa sostuvo que “no existe ni una sola sentencia del Consejo de Estado que conceda esto y que mucho menos cambie los requisitos para la prima”.
Añadió que la revisión jurídica realizada por la entidad no encontró soporte legal para los pagos masivos que comenzaron a registrarse tras la circulación de ciertas publicaciones.
De acuerdo con la explicación entregada por el equipo directivo del Fondo, el 95 % de las demandas relacionadas con estas primas habían sido desfavorables para los reclamantes.
Sin embargo, posteriormente comenzó a difundirse la versión de que un nuevo fallo revertía decisiones anteriores y habilitaba el pago.
“Lo único que dicen es que es gracias a la firma de abogados de Giovanni López Quintero”, afirmó Figueroa al referirse a artículos que replicaban esa tesis sin precisar número de sentencia ni fuente oficial.
El funcionario manifestó especial preocupación por el impacto que esas publicaciones pudieron tener en los docentes.
“El papel que juegan allí los medios es muy relevante, es muy importante porque le da una falsa seguridad al docente de que efectivamente había un cambio”, señaló.
Según indicó, algunos profesores empezaron a recibir pagos y posteriormente se preguntaban si debían devolver el dinero, mientras cooperativas y fondos de empleados habrían sido convocados para adelantar cobros.
Figueroa también cuestionó el carácter de ciertos contenidos divulgados en portales digitales.
“No se especifica que sea un publirreportaje, sino que se ve como una noticia específica”, afirmó, al tiempo que explicó que en algunos casos los artículos incluían enlaces o información de contacto relacionados con la firma jurídica mencionada.
El vicepresidente del FOMAG, Germán Bayona, respaldó la denuncia y confirmó que el caso fue trasladado formalmente a la Fiscalía para que determine responsabilidades.
Desde la entidad se insiste en que los pagos irregulares habrían sido resultado de una “trampa muy sofisticada” que indujo a error tanto a docentes como a la administración.
El presidente Gustavo Petro también se refirió al tema durante un Consejo de Ministros, donde pidió celeridad en las investigaciones.
“Amerita una investigación de la fiscal general de la nación”, afirmó el mandatario, al insistir en la necesidad de esclarecer el destino de los recursos públicos.
En su intervención, subrayó la importancia de depurar prácticas que puedan afectar el sistema de salud y prestaciones del magisterio.
El jefe de Estado cuestionó además la falta de avances en procesos relacionados con el sector salud y enfatizó que los recursos públicos deben destinarse a garantizar derechos fundamentales.
“¿Cómo es que no hay un proceso investigativo a fondo de qué pasó?”, expresó, al referirse a la magnitud de los montos comprometidos.
Mientras avanzan las indagaciones, el caso ha abierto un debate más amplio sobre la responsabilidad en la difusión de información económica y jurídica que pueda incidir en decisiones colectivas.
Desde el FOMAG se sostiene que la combinación de anuncios sobre supuestos fallos y la intervención de intermediarios generó un entorno propicio para los pagos cuestionados.
La Fiscalía General de la Nación deberá establecer si existieron conductas penales relacionadas con fraude, inducción en error o apropiación indebida de recursos públicos, así como determinar el grado de participación de los distintos actores involucrados.
Por ahora, la prioridad institucional es recuperar los dineros y reforzar los controles internos para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
El episodio pone bajo escrutinio la gestión de uno de los fondos más relevantes para el sector educativo del país, del cual dependen pensiones, cesantías y servicios médicos de miles de docentes.
A la espera de resultados judiciales, el caso marca un nuevo capítulo en la discusión sobre transparencia, responsabilidad institucional y protección de los recursos destinados al magisterio colombiano.
