El presidente Gustavo Petro cuestionó a la Registraduría Nacional del Estado Civil por permitir casillas en blanco en los formularios E14, advirtiendo riesgos de fraude y exigiendo auditorías al software electoral.
La controversia sobre las garantías del proceso electoral en Colombia volvió a escalar tras un cruce de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el registrador nacional Hernán Penagos, en medio de las alertas oficiales por posibles riesgos de fraude en las próximas elecciones legislativas y presidenciales.
El mandatario ha manifestado públicamente su preocupación por la instrucción relacionada con el diligenciamiento de los formularios E14 —documentos utilizados para el preconteo de votos en cada mesa—, específicamente frente a la posibilidad de dejar casillas en blanco.
Según Petro, esta práctica podría abrir espacio a alteraciones posteriores en mesas donde no haya testigos electorales suficientes.
“Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral.
Las casillas deben llenarse con una X para que no sean transformadas en números falsos”, escribió el presidente, insistiendo además en la necesidad de una auditoría profunda al software de conteo electoral.
Desde la Registraduría, Penagos respondió con firmeza, defendiendo la autonomía constitucional del organismo.
“Estas entidades que hoy representamos son órganos autónomos e independientes y no tenemos superior funcional”, afirmó.
Y agregó con énfasis: “Nadie le va a decir al registrador cómo se llevan a cabo las elecciones, porque sabemos que las hacemos de la mejor manera”.
Las declaraciones del registrador fueron interpretadas por sectores cercanos al Gobierno como una respuesta directa a los cuestionamientos presidenciales.
Petro replicó señalando que, en una democracia, las actuaciones institucionales deben ajustarse a la Constitución y la ley.
“Sí hay algo que le dice cómo hacer las elecciones: la Constitución y la ley”, expresó el jefe de Estado.
El debate también reavivó recuerdos de las elecciones legislativas de 2022, cuando se detectaron inconsistencias en el preconteo que posteriormente fueron corregidas en el escrutinio oficial, permitiendo la recuperación de cientos de miles de votos que inicialmente no habían sido contabilizados.
Para el presidente, esos antecedentes justifican la actual vigilancia reforzada.
En paralelo, el partido Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, salió en defensa del registrador y rechazó lo que calificó como una “irresponsable solicitud” del mandatario para desconocer directrices de la autoridad electoral.
La colectividad anunció que pedirá a los organismos de control pronunciarse frente a las declaraciones presidenciales.
El clima político se ha visto acompañado por pronunciamientos de otros actores.
La exalcaldesa de Bogotá Claudia López recordó que en procesos anteriores se había instruido a los jurados a no dejar espacios en blanco en los E14 para evitar riesgos de alteración, y preguntó por qué en esta ocasión se modificaría la orientación.
Mientras tanto, el Gobierno ha activado mecanismos institucionales para reforzar las garantías.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que la Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales ha sido convocada en varias regiones del país para abordar inquietudes sobre orden público, diligenciamiento de formularios, auditoría de software y fortalecimiento de testigos electorales.
“Las garantías electorales se construyen con transparencia y participación”, señaló.
Asimismo, el Ejecutivo confirmó la llegada de una misión de observación internacional de la Unión Europea, que desplegará más de un centenar de observadores para acompañar el desarrollo de los comicios.
Petro aseguró haber expuesto ante la delegación europea “todas las flaquezas del actual sistema electoral”, reiterando la necesidad de que los partidos tengan acceso al código fuente del software utilizado en las etapas de preconteo.
Otro punto de controversia gira en torno a la empresa Thomas Greg & Sons, contratista histórica en procesos de identificación y logística electoral.
El presidente ha cuestionado que compañías privadas manejen simultáneamente bases de datos sensibles y componentes tecnológicos del sistema electoral, y afirmó que entregará a la Fiscalía un documento técnico de más de 150 páginas con observaciones sobre posibles vulnerabilidades.
En medio de la discusión institucional, el Gobierno anunció también un plan de recompensas contra la compra de votos.
Las autoridades ofrecerán hasta 50 millones de pesos a quienes denuncien con pruebas este delito.
“Vamos a perseguir a los compradores de votos”, afirmó el presidente, al tiempo que instruyó a la fuerza pública a reforzar la vigilancia en territorios con antecedentes de prácticas irregulares.
La tensión evidencia la sensibilidad del momento político.
Mientras la Registraduría defiende su independencia y asegura que el proceso se desarrolla bajo estándares técnicos y legales, el Ejecutivo insiste en la necesidad de controles adicionales para blindar la transparencia.
En el trasfondo, los partidos afinan estrategias y se preparan para una jornada electoral que, más allá de la competencia política, estará marcada por el escrutinio público y la vigilancia nacional e internacional.
