Gustavo Petro denunció que no se permitió la auditoría técnica al software electoral y acusó falta de transparencia en la entrega del código fuente antes de las elecciones del 8 de marzo
El debate sobre las garantías del proceso electoral volvió a tensarse en Colombia luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que no se permitió la auditoría técnica al software de preconteo y conteo previsto para las elecciones del 8 de marzo, pese a que —según el propio mandatario— se había anunciado que los partidos y las veedurías podrían revisar el sistema.
La controversia se concentra en un punto clave: la entrega del código fuente para auditorías especializadas, un reclamo que Petro viene reiterando como condición mínima de transparencia.
En sus mensajes, el presidente fue directo al diferenciar una demostración del sistema de una auditoría real.
“No permitieron la auditoría técnica al software de preconteo y conteo de las elecciones del 8 de marzo a los partidos políticos y las veedurías”, dijo, al tiempo que advirtió que “no se puede confundir mostrar un software, es decir, que se lo muestren a uno en una pantalla… a entregar el código fuente compuesto de miles de líneas algorítmicas a los expertos de los partidos”.
En su planteamiento, la transparencia no se logra con una exposición superficial, sino con la posibilidad de “revisar desde adentro” las líneas de código que estructuran el programa.
La discusión se intensificó después de que se mencionara que, en lugar de un acceso pleno al código, habría circulado apenas una imagen con un fragmento mínimo.
En esa línea, se señaló que Gustavo Bolívar compartió una fotografía que consideró ilustrativa de la polémica: una supuesta entrega de “31 líneas de código”, presentada como si fuera suficiente para auditar un software que, por su naturaleza, contendría “cientos o miles de líneas”.
En el mismo relato se insistió en que un acceso restringido o simbólico no brinda tranquilidad a partidos ni a observadores, y alimenta dudas sobre el control real del sistema.
Petro elevó el tono al atribuir la resistencia a la auditoría a un temor explícito.
“Si eso no sucede, señor registrador, es porque temen a la auditoría y el pueblo debe movilizarse para cuidar el voto ciudadano”, afirmó.
Además, cuestionó la capacidad de supervisión interna sobre los sistemas y la administración de los datos.
“Prácticamente ningún funcionario de la Registraduría sabe del código del mantenimiento y de su perfeccionamiento… La empresa Thomas Greg Ansons se vuelve señora de los datos sin veedurías”, expresó, vinculando su preocupación a la falta de presencia institucional en “los espacios alternos a la Registraduría donde se recogen los datos”.
En ese contexto, Petro insistió en una estrategia de control ciudadano y judicial posterior al cierre de urnas.
“Cualquier irregularidad en mesa debe dar objeto a impugnación para que sea posible reabrir las urnas en el proceso de escrutinio bajo la dirección de los jueces… Todas las mesas hay que impugnarlas”, sostuvo.
En su argumentación, el preconteo no sería determinante: “Ningún dato del preconteo es legal y hay que esperar a la decisión del escrutinio”.
También subrayó que la verificación depende de la actuación de testigos: “Solo se hace escrutinio donde haya impugnaciones de mesa por los testigos electorales”.
A la discusión técnica se sumaron cuestionamientos operativos que, según el relato, fueron formulados al registrador Penagos por Armando Deetti.
Entre ellos figuraron interrogantes sobre si los auditores pueden usar datos propios en las pruebas del sistema, cómo se garantiza que la versión auditada sea “exactamente la misma que se utiliza el día electoral”, y si existen acuerdos de confidencialidad que limiten la publicación de hallazgos.
También se planteó qué protocolo seguiría la Registraduría si una auditoría detecta fallas en el algoritmo de conteo, y qué controles técnicos existen para asegurar que los datos transmitidos desde cada mesa coincidan con el formulario físico E14, incluyendo alertas cuando la suma por partidos no cuadra con el total registrado.
En paralelo, el Ministerio de Defensa, en voz de Pedro Sánchez, reportó acciones contra delitos electorales.
“Sin transparencia no hay democracia”, dijo, y afirmó que, gracias a un trabajo articulado entre Policía y Fiscalía, se incautaron “623 millones de pesos” presuntamente vinculados a delitos electorales en Antioquia, Santander, Meta y Cundinamarca.
También mencionó “14 macrocasos” en curso relacionados con conductas como constreñimiento al sufragante, financiación ilegal, suplantación de electores e inhabilidades.
La tensión política se amplió cuando el procurador general fue consultado por declaraciones previas sobre el estado del presidente.
Según el relato, ante preguntas, respondió: “No, es que a eso me refería… de pronto a un tema de angustia, de sosobra por lo que está pasando en el país”, y posteriormente se mencionó que pidió disculpas personales por señalamientos dirigidos a la Procuraduría.
Finalmente, se afirmó que Petro viajaría a Estados Unidos el 7 de marzo para asistir en Chicago al funeral de Jesse Jackson, a quien describió como amigo cercano, con el compromiso de regresar con rapidez dada la sensibilidad del momento electoral.
Mientras el presidente insiste en auditorías reales y vigilancia en mesas, la controversia sobre el acceso al código fuente sigue marcando el pulso político y técnico a días de la jornada del 8 de marzo.
