Tres computadores fueron hurtados en Corferias durante el escrutinio de las elecciones al Congreso y consultas presidenciales en Bogotá

Un hecho que ha generado preocupación en el corazón del proceso electoral colombiano ocurrió en Corferias, donde se adelantan los escrutinios de los resultados de las recientes elecciones al Congreso de Colombia y de las consultas presidenciales.

Hacia el mediodía del viernes, tres computadores portátiles fueron hurtados del pabellón 8, primer nivel, específicamente de la subcomisión escrutadora número 11.

24, encargada de consolidar los datos de la localidad de Suba, lo que ha desatado inquietudes sobre la transparencia y custodia del proceso electoral.

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que dos de los equipos pertenecían a jueces de la República que participan en la comisión y que el tercero era de propiedad de la institución, lo que llevó a que tanto los magistrados afectados como los funcionarios presentaran de inmediato la denuncia ante la Policía Nacional de Colombia para iniciar las investigaciones correspondientes.

A pesar de la gravedad del hurto, la Registraduría aseguró que la integridad de los datos electorales no se ve comprometida, ya que estos no se almacenan en los equipos físicos sino en un software central bajo estrictos protocolos de seguridad.

Sin embargo, la reacción de partidos políticos y observadores ha sido marcada por el escepticismo.

Voceros del Partido MIRA y de otras colectividades denunciaron que este tipo de hechos ponen en riesgo la percepción pública sobre la transparencia del conteo de votos, especialmente cuando ocurren en medio de un proceso tan delicado como el escrutinio definitivo.

Algunos representantes han solicitado garantías adicionales y mayor supervisión de las labores de custodia en Corferias.

Entre los presentes en el lugar, abogados y testigos electorales manifestaron su alarma por lo sucedido.

“En plena sesión de escrutinio, sin aviso y mientras la comisión estaba en receso, ingresaron personas no identificadas que retiraron equipos técnicos y bolsos”, relató un observador que estuvo en el pabellón 8, describiendo cómo el hurto generó una interrupción inesperada en el trabajo de verificación.

Este testimonio refleja la preocupación de los delegados por el desarrollo de un proceso considerado clave en la definición de la composición legislativa del país.

Partidos como el Pacto Histórico han señalado que este tipo de incidentes no pueden ser tratados como “delitos comunes” cuando implican material y dispositivos vinculados directamente al escrutinio electoral.

A esto se suma una crítica hacia las autoridades por, según ellos, una aparente minimización de los hechos, lo que ha reforzado el debate sobre la necesidad de reforzar medidas de seguridad en los recintos donde se verifica la voluntad popular.

La preocupación también se traslada al terreno judicial, pues algunos abogados electorales han subrayado la importancia de preservar todas las pruebas y elementos utilizados en el proceso de conteo para evitar cualquier sombra de duda sobre la legitimidad de los resultados.

En elecciones tan competitivas como las recientes, con múltiples reclamaciones y escrutinios pendientes, la aparición de irregularidades logísticas puede convertirse en un foco de conflicto que requiere atención inmediata.

Pese al hurto de los equipos, la Registraduría sostiene que los datos esenciales están resguardados en sistemas centralizados y que el proceso de escrutinio sigue su curso con normalidad, garantizando la publicación de resultados finales y la atención de reclamaciones de los partidos y candidatos.

Las investigaciones están en curso, y las autoridades esperan identificar a los responsables a partir de la revisión de cámaras y la recopilación de pruebas por parte de las fuerzas de seguridad.

Este suceso se suma a otras denuncias de irregularidades en diferentes puntos del país, incluyendo inconsistencias en el conteo de votos que han dado lugar a investigaciones disciplinarias, como las que se adelantan en Barranquilla respecto a jurados de votación por inconsistencias en los resultados de algunas mesas, donde se encontraron más votos de los habilitados, lo que obligó a ordenar la incineración de votos adicionales según la Procuraduría.

La suma de estos hechos refuerza la exigencia de sectores políticos y observadores de que el proceso electoral colombiano cuente con medidas de seguridad más robustas, protocolos de auditoría estrictos y una supervisión integral que permita a los ciudadanos confiar plenamente en los resultados que definirán el futuro político del país, especialmente en vista de la próxima jornada electoral presidencial programada para el 31 de mayo.