¿Libertad artística o apología del crimen? Los Alegres del Barranco enfrentan una posible sanción por cantar narcocorridos que glorifican al narco

 

¿EN QUÉ VA EL CASO CONTRA ‘LOS ALEGRES DEL BARRANCO’ POR NARCOCORRIDOS?

El grupo musical regional mexicano ‘Los Alegres del Barranco’ vuelve a estar en el centro de la controversia tras reactivarse el caso en su contra relacionado con la interpretación y difusión de narcocorridos, un género musical que narra, en forma de corrido, las historias de personajes vinculados al crimen organizado, particularmente al narcotráfico.

Aunque el debate sobre los límites del arte y la libertad de expresión lleva años latente en México y otros países de habla hispana, este caso en particular ha captado la atención del público, autoridades y medios, por tratarse de una agrupación con gran reconocimiento en el ámbito de la música regional.

Los Alegres del Barranco, conocidos por su estilo norteño y por letras que relatan episodios de la vida en el campo, la lucha social y, en muchos casos, hazañas de figuras del narco, han sido señalados en distintas ocasiones por fomentar la apología del delito a través de sus canciones.

A pesar de que en entrevistas anteriores los integrantes han negado cualquier vínculo directo con el crimen organizado, argumentando que solo cuentan “historias que ya existen en el imaginario colectivo”, la justicia mexicana ha iniciado investigaciones para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal por la producción y comercialización de estos contenidos.

El caso comenzó formalmente hace más de un año, cuando las autoridades del estado de Sinaloa abrieron un expediente tras una presentación de la banda en la que, según denuncias ciudadanas, interpretaron al menos tres temas que glorificaban a personajes reales ligados a cárteles del narcotráfico.

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Dicho evento tuvo lugar en un palenque local, y fue grabado por varios asistentes que más tarde compartieron los videos en redes sociales.

En uno de esos clips, se puede ver al vocalista del grupo dedicando una canción a “los que mandan allá en la sierra”, lo cual fue interpretado por los denunciantes como una alusión directa a jefes del narco en la región.

Desde entonces, el caso ha avanzado lentamente, en parte debido a los vacíos legales que existen en torno a la censura artística y la apología del delito en México.

Actualmente, no hay una ley federal que prohíba de manera tajante los narcocorridos, aunque algunos estados, como Chihuahua y Baja California, han implementado legislaciones locales que prohíben su interpretación en eventos públicos, incluso con multas elevadas para quienes infrinjan esta disposición.

En el caso de Sinaloa, donde se originó la investigación, no existe una ley como tal, pero sí se han utilizado otros marcos legales para justificar la intervención de las autoridades.

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Por el momento, los abogados de ‘Los Alegres del Barranco’ han solicitado que se respete el derecho a la libertad de expresión artística, y han argumentado que las letras de las canciones en cuestión no promueven el delito sino que reflejan una realidad social que no puede ser ignorada.

Asimismo, han cuestionado la selectividad con la que se les está investigando, considerando que muchos otros artistas del mismo género interpretan temas similares sin ser objeto de procesos legales.

En paralelo, la Fiscalía ha manifestado que el objetivo no es atacar el arte ni censurar la música regional, sino evitar que a través de estas manifestaciones culturales se normalicen o glorifiquen conductas criminales, particularmente entre los jóvenes.

De hecho, algunos estudios recientes han señalado que los narcocorridos influyen en la percepción del narco como una figura de poder y respeto, lo cual puede tener efectos nocivos en comunidades vulnerables.

Mientras tanto, el grupo sigue realizando presentaciones en distintas partes del país, aunque con un perfil más bajo de lo habitual.

Algunos de sus conciertos han sido cancelados por decisión de las autoridades municipales, especialmente en ciudades del norte de México donde se ha intensificado el combate contra el crimen organizado.

A pesar de esto, Los Alegres del Barranco mantienen una base sólida de seguidores que defienden su música como parte de la cultura popular mexicana, y critican lo que consideran una “persecución moral” por parte del gobierno.

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En redes sociales, el tema ha generado una división clara entre quienes apoyan la regulación del contenido musical relacionado con el narcotráfico y aquellos que exigen respeto a la libertad artística.

La discusión ha reavivado el debate sobre hasta qué punto una canción puede ser considerada delito, y dónde está la línea entre contar una historia y promover una actividad ilícita.

Hasta el momento, no se ha emitido ninguna orden de aprehensión contra los integrantes del grupo, ni se han presentado cargos formales, pero las autoridades han señalado que el caso continúa abierto y que no se descartan futuras acciones legales, dependiendo de los resultados de las pericias y análisis del contenido musical.

También se evalúa la posibilidad de que otros grupos del mismo género sean investigados, lo que ha encendido las alarmas en la industria de la música regional.

En tanto, los representantes de la banda han comenzado a tomar medidas preventivas, incluyendo una revisión del repertorio para futuras presentaciones y un mayor cuidado en las declaraciones públicas de sus integrantes.

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También se ha hablado de una posible campaña para “redefinir” el mensaje de sus canciones, sin abandonar el estilo que los hizo famosos, pero evitando referencias explícitas a figuras del narcotráfico.

La historia aún está lejos de concluir.

El caso de ‘Los Alegres del Barranco’ se ha convertido en un ejemplo emblemático del dilema que enfrenta México entre la preservación de su identidad cultural y la lucha contra las estructuras criminales que tanto daño han causado al país.

Lo que ocurra en los próximos meses podría sentar un precedente importante no solo para este grupo, sino para toda una industria que se debate entre el arte, la tradición y la responsabilidad social.

 

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