Zulema Jattin ratifica ante la justicia y en entrevistas públicas sus declaraciones sobre la influencia del paramilitarismo en Córdoba y su reunión con Álvaro Uribe en 2002

La exsenadora cordobesa Zulema Jattin volvió a colocar su nombre en el centro del debate público colombiano al ratificar que no se retractará de los señalamientos que hizo ante la Jurisdicción Especial para la Paz sobre el avance del paramilitarismo en Córdoba y sobre una reunión que sostuvo con Álvaro Uribe Vélez en 2002, cuando él era candidato presidencial.

La controversia, lejos de cerrarse, sigue abierta en la Fiscalía después de que fracasara una audiencia de conciliación entre las partes.

Jattin no es una figura menor en la historia política del Caribe colombiano.

La Corte Suprema abrió investigación previa en su contra en 2007 por presuntos vínculos con comandantes paramilitares, ordenó su captura en 2009 y, años más tarde, en 2017, la acusó por concierto para delinquir agravado.

En paralelo, la excongresista buscó acogerse a la JEP, que terminó aceptando su sometimiento voluntario en 2021 dentro del marco de aportes a la verdad sobre la parapolítica en Córdoba.

En 2022, además, recuperó la libertad condicionada mientras continuaba compareciendo ante esa jurisdicción.

El núcleo del nuevo choque con Uribe está en lo que Jattin relató ante la JEP sobre una reunión en la hacienda El Ubérrimo, en Montería, a comienzos de 2002.

Según su versión, acudió acompañada del entonces congresista Luis Felipe Villegas Ángel para advertir que en varias zonas de Córdoba y Sucre los grupos paramilitares impedían el ejercicio de la actividad política.

En esa comparecencia, Jattin sostuvo que Uribe le respondió que, si no tenía una prueba distinta a su testimonio, lo mejor era no presentar la denuncia y seguir haciendo campaña en el resto del departamento.

“Él me dijo que si yo tenía alguna prueba real, que no sólo fuera mi testimonio… Pero era imposible la verdad en ese momento”, relató.

Esa declaración provocó la reacción inmediata del expresidente.

En agosto de 2023 anunció que denunciaría a Jattin por sus afirmaciones ante la JEP y formalizó una querella por calumnia a través de un abogado del bufete De la Espriella.

La posición de Uribe ha sido tajante.

Aseguró que sí tuvo reuniones con Jattin en algunas oportunidades, pero negó que en ellas se hubiera hablado de paramilitares y rechazó que hubiera desestimado una eventual denuncia.

“Si fuera verdad que le recomendé no denunciar las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita”, afirmó.

También sostuvo que en una reunión posterior “nada se habló de paramilitares”.

La respuesta de Jattin no ha sido menos contundente.

En declaraciones recientes al periodista Daniel Coronell, explicó que la audiencia de conciliación fracasó porque no tenía “ánimo conciliatorio” y porque no estaba dispuesta a retractarse.

“Ellos querían que aclarara que cualquier percepción mía obedecía a eso, a una percepción, y que me retractara de lo que yo había declarado en la audiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Y pues tampoco hubo ánimo conciliatorio. Por lo tanto, el proceso sigue”, dijo.

Con esa frase dejó claro que la disputa ya no es sólo política o mediática, sino abiertamente judicial.

En su defensa pública, la exsenadora ha insistido en que sus comparecencias ante la JEP no se limitan al episodio de Uribe.

Según explicó, ha participado en cinco audiencias de aportes a la verdad en 2021, 2022 y 2025, en las que habló de vínculos entre dirigentes políticos locales, alcaldes, concejales, diputados y estructuras armadas ilegales, así como de acuerdos para la elección de gobernador y de la supuesta cooptación de entidades públicas por parte de las autodefensas.

“He presentado aportes novedosos”, afirmó, al reivindicar el alcance de su colaboración con la justicia transicional.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una de las heridas más profundas de la política colombiana: la relación entre poder electoral y violencia armada en regiones donde las autodefensas ejercieron control territorial, presión sobre candidatos y capacidad de influencia institucional.

La JEP aceptó a Jattin precisamente al considerar que estaba en condiciones de aportar verdad sobre el fenómeno de la parapolítica en Córdoba entre 2000 y 2007, un periodo clave para entender cómo se tejieron esas alianzas y cómo operó la captura de la política regional por actores ilegales.

Por ahora, el expediente sigue su curso sin una retractación de por medio y con dos versiones irreconciliables sobre un episodio que, más de dos décadas después, conserva una enorme carga simbólica.

De un lado, Jattin mantiene que alertó sobre la presión paramilitar y que su relato forma parte de los compromisos que asumió ante la JEP.

Del otro, Uribe insiste en que las afirmaciones son falsas, que nunca avaló silencio alguno y que defenderá su nombre ante los tribunales.

En ese cruce, la justicia tendrá que determinar si está ante una denuncia amparada por la verdad judicial o ante una imputación sin sustento.