El presidente Gustavo Petro denunció presunta compra de votos con agua potable en Aguachica y pidió a la Fuerza Pública actuar contra delitos electorales de cara a los comicios del 8 de marzo.
A pocas semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el clima político en Colombia se intensifica entre denuncias de presunta compra de votos, cuestionamientos a campañas tradicionales y una creciente confrontación verbal entre dirigentes.
El presidente Gustavo Petro lanzó fuertes acusaciones sobre supuestas prácticas clientelistas relacionadas con la entrega de agua potable en el municipio de Aguachica, en el departamento del Cesar, y ordenó a la Fuerza Pública perseguir a quienes incurran en delitos electorales.
Durante una intervención pública, el mandatario fue enfático: “¿Cómo así que politiqueros comprando votos con el agua potable? Por eso mueren los niños y las niñas”.
En su discurso denunció que, en medio de la emergencia, “el que no vota no recibe el agua”, aludiendo a la utilización de carrotanques como mecanismo de presión electoral.
Petro calificó estas prácticas como inaceptables y sostuvo que su Gobierno insistirá en combatir cualquier forma de compra de votos, ya sea con dinero, materiales o servicios básicos.
Las acusaciones salpican a dirigentes de partidos tradicionales como Cambio Radical y el Partido Conservador Colombiano, entre ellos el senador Didier Lobo y el representante Ape Cuello, quienes han sido mencionados en el debate público.
Desde esos sectores no se han aceptado las acusaciones y se espera que los organismos de control determinen si existe mérito para investigaciones formales.
En paralelo, la contienda presidencial también sube de tono.
El abogado y precandidato Abelardo de la Espriella protagonizó un momento tenso durante una entrevista al ser comparado con el fallecido excandidato Rodolfo Hernández por su estilo confrontacional.
Ante la pregunta de una periodista sobre en qué se diferenciaba de Hernández, respondió visiblemente incómodo: “Yo soy un tipo estructurado”.
Añadió que la comparación no era válida y afirmó: “La sola comparación me parece inaceptable porque estás comparando cosas que no tienen nada que ver”.
El episodio generó reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron su actitud frente al periodismo.
De la Espriella ha sostenido que no pertenece a la “casta política” y que no está financiado por grandes grupos económicos.
“No estoy financiado por los grandes conglomerados económicos, no pertenezco a la casta, no he tenido un cargo público”, declaró en otra entrevista, defendiendo su perfil como outsider.
Sin embargo, sectores críticos señalan que ha recibido respaldos de figuras y estructuras tradicionales.
Otro foco de polémica surgió durante un acto político en los Llanos Orientales, donde el candidato apareció protegido por un vidrio blindado mientras pronunciaba su discurso en un recinto cerrado.
Desde su campaña se argumentó que la medida respondía a condiciones de seguridad.
Simpatizantes justificaron la decisión señalando la necesidad de proteger al aspirante en un contexto de amenazas.
“Blindada la cabina para el tigre”, se escuchó decir a uno de sus seguidores en un video difundido en redes.
Por su parte, el representante Miguel Polo Polo también entró en la controversia al defender el uso de medidas de protección y cuestionar a quienes critican estas acciones.
“Prefiero que a mi candidato le digan fantoche, pero que esté vivo”, escribió, en referencia a los señalamientos contra De la Espriella.
Polo Polo, elegido por la circunscripción especial afrodescendiente, enfrenta además críticas por el enfoque de su campaña y su presencia en escenarios considerados alejados de las comunidades que representa.
El ambiente electoral se desarrolla en medio de una fuerte polarización.
Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de garantizar transparencia y combatir la compra de votos, desde la oposición se denuncia un uso político de las acusaciones.
Petro reiteró que la instrucción a la Policía es clara: perseguir a quienes vulneren la voluntad popular.
“No podemos permitir que en periodo electoral haya funcionarios pidiendo votos por agua”, afirmó.
Las próximas semanas serán decisivas para el tono de la campaña y para la actuación de las autoridades electorales y de control.
Con denuncias cruzadas, estrategias de alto impacto mediático y un debate cada vez más encendido, Colombia se encamina hacia una jornada electoral marcada por la vigilancia ciudadana y la exigencia de garantías democráticas.
