El presidente Gustavo Petro respaldó denuncias sobre el presunto uso de recursos públicos y estructuras digitales vinculadas a la Alcaldía de Medellín para impulsar campañas políticas asociadas a Federico Gutiérrez
El presidente Gustavo Petro encendió nuevamente el escenario político tras respaldar públicamente una grave denuncia sobre la presunta utilización de recursos públicos en Medellín para impulsar campañas electorales vinculadas al movimiento del alcalde Federico Gutiérrez.
Durante una intervención reciente, el mandatario sostuvo que existen indicios preocupantes sobre la posible articulación entre funcionarios de la Alcaldía de Medellín y estrategias digitales orientadas a favorecer listas al Senado y a la Cámara de Representantes asociadas al partido Creemos.
“Es una denuncia gravísima sobre esa presunta utilización de recursos”, afirmó Petro, subrayando que de confirmarse los hechos, se trataría de un atentado directo contra la transparencia electoral.
Según lo expuesto, diversas páginas en redes sociales habrían invertido sumas millonarias en pauta publicitaria para promocionar contenidos políticos vinculados a la imagen de Gutiérrez y a su entorno.
Se mencionó que, en menos de un mes, varias cuentas digitales habrían acumulado gastos superiores a los 400 millones de pesos en anuncios pagados en plataformas como Facebook e Instagram.
La polémica gira en torno a la presunta conexión de algunos administradores de esas páginas con la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía.
En el discurso se señaló que el número telefónico registrado como responsable de ciertos anuncios estaría vinculado a un contratista con historial laboral en esa dependencia.
Además, se mencionó la existencia de listas y formularios que, supuestamente, circularían entre personas con contratos públicos para contabilizar apoyos electorales.
“Eso es lo que llaman los votos de estructura”, se dijo durante la exposición, aludiendo a prácticas tradicionales asociadas a maquinarias políticas.
Desde el entorno del alcalde Gutiérrez no se ha reconocido ninguna irregularidad y se insiste en que cualquier actividad política debe ajustarse a la ley.
Sin embargo, la controversia se suma a un clima preelectoral ya tensionado, donde las acusaciones cruzadas marcan la agenda pública.
El presidente también aprovechó el momento para plantear reformas estructurales contra la corrupción y el nepotismo.
“Ese tipo de políticos que son pescados en corrupción no pueden volver en su vida jamás a contratar o a recibir un peso público”, sostuvo con firmeza, proponiendo sanciones de por vida para funcionarios condenados por delitos contra la administración pública.
Asimismo, criticó la concentración de poder en clanes familiares y abogó por prohibiciones más estrictas para impedir que parientes de dirigentes ocupen simultáneamente múltiples cargos públicos.
En paralelo, la controversia alcanzó al partido Centro Democrático luego de que se difundiera un comunicado interno que advierte posibles sanciones a militantes que no respalden determinadas candidaturas en la consulta interna.
El expresidente Álvaro Uribe fue mencionado en el debate tras conocerse la directriz.
“Acá se hace lo que yo diga y el que no haga esto lo vamos sancionando”, se citó en el discurso, reflejando la tensión interna dentro de la colectividad.
Mientras el debate político escalaba en Bogotá y Medellín, Petro realizó una visita sorpresiva al departamento de Córdoba, donde fue recibido por comunidades campesinas y pescadores.
En el encuentro, el mandatario dialogó directamente con habitantes afectados por inundaciones y por la desecación de ciénagas en la región.
Sentado junto a líderes comunitarios, explicó la necesidad de recuperar los flujos naturales de agua y fortalecer la pesca artesanal.
“La organización campesina y de pescadores puede ayudarnos a hacer fluir el agua hacia las ciénagas desecadas”, expresó, enfatizando una estrategia de desarrollo rural con enfoque territorial.
Durante la visita, también anunció el inicio del pago del bono pensional para adultos mayores en Córdoba y Sucre.
“Iniciamos el pago del bono pensional a nuestros mayores, un acto de justicia del que me siento orgulloso”, declaró.
Según cifras oficiales mencionadas, más de 170.000 beneficiarios recibirán recursos correspondientes a los ciclos iniciales del programa Colombia Mayor.
El jefe de Estado defendió además la contratación directa con juntas de acción comunal para la ejecución de obras locales, señalando que la meta es evitar intermediarios y garantizar que los recursos permanezcan en las comunidades.
“La vía campesina debe ser prioridad”, afirmó, al anunciar inversiones destinadas a caminos rurales como parte de la política de paz territorial.
En materia económica, el Gobierno destacó cifras del sector automotor que reflejan un crecimiento cercano al 49% en registros de vehículos frente al mismo periodo del año anterior.
Desde la Casa de Nariño se interpreta este dato como un signo de recuperación económica, mientras sectores empresariales mantienen críticas frente a la política fiscal y regulatoria del Ejecutivo.
El escenario político colombiano se encuentra así en un punto de alta confrontación.
Las denuncias sobre presunto uso de recursos públicos, las tensiones internas en partidos tradicionales y la movilización territorial del presidente configuran un panorama donde la campaña electoral se mezcla con debates estructurales sobre corrupción, institucionalidad y modelo de desarrollo.
En medio de este clima, las autoridades competentes deberán determinar si las acusaciones presentadas derivan en investigaciones formales que esclarezcan los hechos y refuercen la confianza ciudadana en el sistema democrático.
