⚠️ ¡Alerta en Tierra Caliente! Desmantelan Plantío de Marihuana y Aseguran 3.6 kg de Metanfetamina en Apatzingán

⚠️ ¡Alerta en Tierra Caliente! Desmantelan Plantío de Marihuana y Aseguran 3.6 kg de Metanfetamina en Apatzingán

El operativo del 7 de enero se llevó a cabo en respuesta a un trabajo de inteligencia que identificó varias ubicaciones clave utilizadas por el CJNG para el almacenamiento y distribución de drogas.

Apatzingán, conocido por su intensa actividad criminal, ha sido un punto focal en la batalla por el control de las rutas de tráfico de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.

La acción militar fue parte de una estrategia más amplia para desmantelar la infraestructura operativa del cártel en la región.

 

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Las fuerzas federales llevaron a cabo un despliegue coordinado en tres fases: aseguramiento de un inmueble en Apatzingán, erradicación de un plantío de marihuana en Aquila y revisión de una casa de seguridad en Chinicuila.

En Apatzingán, los elementos militares encontraron un inmueble que operaba como punto de distribución de metanfetamina, asegurando 19 envoltorios de cristal con un peso total de 3.

6 kg, así como 25,490 pesos en efectivo, presumiblemente de procedencia ilícita.

Este hallazgo es significativo, ya que representa un golpe directo a la cadena de suministro del cártel en la región.

Simultáneamente, en Aquila, se localizó un plantío de marihuana de aproximadamente 500 m², que fue erradicado manualmente por las autoridades.

Aunque la marihuana representa una menor prioridad para el CJNG en comparación con la metanfetamina y el fentanilo, su cultivo sigue siendo relevante para diversificar la producción y abastecer mercados locales.

La erradicación de este plantío no solo elimina la producción de narcóticos, sino que también reduce la presencia física del cártel en áreas estratégicas.

En Chinicuila, las autoridades encontraron dos vehículos robados que habían sido utilizados por el cártel.

La recuperación de estos vehículos es crucial, ya que el CJNG depende de ellos para el transporte de drogas y personal entre sus diferentes puntos operativos.

La pérdida de unidades obliga al cártel a reasignar recursos, lo que afecta temporalmente sus operaciones logísticas.

El operativo del 7 de enero no solo se limitó a la incautación de narcóticos y vehículos; también se aseguraron tres teléfonos celulares que podrían contener información valiosa sobre la estructura operativa del cártel.

El análisis forense de estos dispositivos puede revelar conexiones entre células del CJNG y proporcionar pistas sobre sus operaciones en la región.

 

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Este tipo de operativos son parte de una estrategia sostenida por parte de las autoridades para desarticular las capacidades logísticas del crimen organizado en Michoacán.

La respuesta coordinada y efectiva del Ejército y la Guardia Nacional demuestra que el Estado está comprometido en recuperar el control de territorios que han estado bajo la sombra del crimen organizado durante años.

El éxito de este operativo es un recordatorio de que las autoridades pueden actuar con eficacia cuando se basan en inteligencia precisa y planificación meticulosa.

Cada acción que desmantela la infraestructura del cártel no solo reduce su capacidad operativa, sino que también envía un mensaje claro a las comunidades: el Estado está presente y no permitirá que el crimen organizado domine.

La situación en Michoacán es compleja, y aunque el CJNG sigue siendo un actor poderoso en la región, la presión constante de las fuerzas federales está comenzando a generar resultados medibles.

La lucha contra el narcotráfico no se gana únicamente con operativos militares, sino también con la creación de oportunidades legítimas para los jóvenes y el fortalecimiento de las instituciones judiciales.

 

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Cada operativo exitoso como el del 7 de enero es un paso hacia la recuperación de la seguridad en Michoacán y un indicativo de que el Estado mexicano no ha cedido terreno ante el crimen organizado.

Las comunidades merecen vivir sin el miedo constante que el narcotráfico impone, y es responsabilidad de las autoridades garantizar que la ley prevalezca sobre la violencia.

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