⚠️ ¡Indignación Nacional! Gaby Gómez y el Atropello que Revela la Cruda Realidad de la Violencia Vial en México
La noche del 3 de enero de 2026, Roberto Hernández, un repartidor de 52 años, salió de su casa en Iztapalapa con la intención de recoger a su pareja del trabajo.
Lo que debería haber sido una rutina normal se convirtió en una tragedia desgarradora.
Al cruzar el cruce de Periférico Oriente y Eje 6 Sur, fue impactado por un Honda City azul conducido por Gabriela Gómez Córdoba, una enfermera de 43 años.
El golpe fue brutal, y en lugar de detenerse, Gabriela aceleró, arrastrando el cuerpo de Roberto por casi dos kilómetros, ignorando los gritos de los automovilistas que intentaban alertarla.
Este acto de indiferencia no solo ha dejado a la comunidad en shock, sino que también plantea serias preguntas sobre la naturaleza de la violencia vial en la Ciudad de México.
A medida que la historia se desarrolla, se hace evidente que este no es un simple accidente de tráfico.
Las cámaras de seguridad documentaron cómo el Honda City circulaba a velocidad constante, sin frenar ni detenerse, a pesar de los múltiples intentos de los testigos por llamar la atención de la conductora.
Finalmente, el cuerpo de Roberto fue liberado en la calle Francisco Mujica, donde los vecinos llamaron a emergencias, pero ya era demasiado tarde.
La impotencia y la rabia se apoderaron de la comunidad, que no podía entender cómo alguien podría actuar con tal frialdad ante una vida en peligro.
Roberto no era solo un repartidor; era un padre de familia que salía cada noche a trabajar honradamente en una de las ciudades más peligrosas del continente.
Su historia, aunque no aparece en los titulares de los periódicos, representa a miles de mexicanos que luchan diariamente por sobrevivir en un entorno hostil.
Por otro lado, Gabriela Gómez, con su formación profesional y su trabajo en el Hospital Juárez de México, se convierte en un símbolo de la crisis de valores que enfrenta la sociedad.
La violencia vial en la Ciudad de México ha aumentado significativamente en los últimos años.
Según cifras oficiales, los atropellamientos con fuga han aumentado un 34% entre 2023 y 2025.
Sin embargo, el caso de Roberto Hernández resalta por la distancia recorrida mientras su cuerpo era arrastrado y la aparente indiferencia de la conductora.
Este tipo de incidentes plantea la pregunta de si estamos ante una crisis más profunda que solo un accidente de tráfico.
La impunidad y la desensibilización hacia la vida humana parecen ser características de un sistema que ha fallado en proteger a sus ciudadanos.
La conducta de Gabriela Gómez sugiere que conocía las posibles consecuencias de sus acciones y el funcionamiento del sistema judicial.
La falta de vigilancia en áreas de alto riesgo, como el cruce donde ocurrió el accidente, contribuye a la percepción de que las vidas de los ciudadanos son menos valiosas que evitar repercusiones legales.
La reconstrucción de los hechos revela que, tras el accidente, el Honda City fue abandonado en Nezaalcoyotl, lo que indica un intento deliberado de escapar de la justicia.
La identificación de Gabriela Gómez como propietaria del vehículo ha llevado a un clamor por justicia, pero hasta ahora no ha habido avances significativos en su captura.
La falta de una orden de aprehensión pública y el silencio institucional han alimentado la indignación de la comunidad y las redes sociales.
El velorio de Roberto Hernández fue un momento de dolor y rabia, donde sus compañeros repartidores se unieron para exigir justicia.
Sin embargo, la realidad es que el sistema judicial en México a menudo se ve obstaculizado por la corrupción y la falta de recursos.
Las familias de las víctimas se enfrentan a un dilema: exigir justicia públicamente o contratar abogados privados, lo que podría significar gastar ahorros de toda una vida sin garantías de éxito.
La historia de Roberto Hernández es un reflejo de la lucha diaria de muchos mexicanos que confían en que las calles sean seguras, pero se encuentran con un sistema que parece fallarles.
La pregunta que queda en el aire es cuántas vidas más deben perderse antes de que se reconozca la gravedad de la violencia vial y se tomen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos.
La situación actual exige una respuesta contundente de las autoridades, pero el silencio institucional solo perpetúa la sensación de impunidad.
Este caso es un llamado a la acción, una invitación a reflexionar sobre la desensibilización que enfrenta la sociedad y la necesidad de un cambio real en la forma en que se aborda la seguridad vial en el país.
Mientras tanto, la comunidad espera respuestas y justicia.
La historia de Roberto Hernández no debe ser olvidada, y su legado debe ser una motivación para luchar por un futuro más seguro y justo para todos.
La verdad incomoda, pero el silencio mata, y es hora de que se escuche la voz de aquellos que han sido silenciados por la violencia.
