¡EL CONSEJERO DE LA MONTAÑA HA CAÍDO! | HARFUCH Y EL CASO QUE CONMOCIONA A GUERRERO

La región de la Montaña en Guerrero volvió a estremecerse el pasado 27 de marzo de 2026 con un crimen que, lejos de ser un hecho aislado, retrata una realidad persistente: la violencia política que se infiltra en los territorios más vulnerables del país.

Ese viernes por la tarde, en pleno corazón de Tlapa de Comonfort, el regidor Bartolo Casarrubias de los Santos fue víctima de un ataque directo mientras caminaba sin escolta por la vía pública.

“Era un día normal, no vimos venir nada”, relató un vecino que presenció los momentos posteriores al ataque, aún con la voz entrecortada.

El cuerpo del joven funcionario quedó tendido sobre el asfalto, cubierto más tarde por una sábana blanca colocada por los propios habitantes, en una escena que sintetiza la crudeza cotidiana de la región.

Casarrubias, regidor de migrantes del municipio de Salpatláhuac, representaba a una de las poblaciones más golpeadas por la pobreza estructural.

En esta zona, mayoritariamente indígena, migrar no es una elección, sino una necesidad.

Más de 13.

000 jornaleros salen cada año hacia el norte del país en busca de sustento, muchos de ellos menores de edad.

“Ser regidor de migrantes aquí es ser la voz de quienes no están”, explicaba un colaborador cercano al edil.

Un día antes de su muerte, Casarrubias había cumplido con una tarea institucional clave: entregar una notificación oficial para una audiencia pública en la que se abordarían presuntas irregularidades en la gestión municipal.

“Estaba haciendo su trabajo, nada más que eso”, señaló un integrante del cabildo bajo condición de anonimato.

Horas después, ya no estaba.

Las autoridades confirmaron que el ataque fue directo.

Sin intercambio de palabras, sin advertencias.

Los agresores lo interceptaron y huyeron sin ser detenidos.

“El patrón es claro: sabían a quién buscaban”, admitió una fuente de seguridad estatal.

Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero no ha ofrecido, hasta el momento, una línea de investigación pública concluyente.

El silencio institucional ha sido una constante.

Ni la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ni autoridades municipales emitieron declaraciones inmediatas tras el crimen.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad desplegaron operativos en las salidas de Tlapa.

El resultado: ningún detenido.

“En Guerrero, los operativos llegan rápido, pero la justicia nunca”, lamentó un defensor de derechos humanos vinculado al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Esta organización lleva décadas documentando la colusión entre estructuras criminales y autoridades locales, una relación que, según sus informes, dificulta profundamente el avance de las investigaciones.

La Montaña no solo es una de las regiones más pobres del país, también es una de las más desprotegidas.

Con altos niveles de analfabetismo, acceso limitado a servicios básicos y una presencia constante de grupos armados, el ejercicio de la función pública se convierte en una actividad de alto riesgo.

“Aquí, ser visible es peligroso”, resumió un líder comunitario.

El caso de Casarrubias se suma a una larga lista.

Apenas semanas antes, dos funcionarios municipales fueron asesinados en otro punto del estado.

De acuerdo con datos recientes, Guerrero se mantiene entre las entidades con mayor número de ataques contra actores políticos en México.

La impunidad, en la mayoría de los casos, es la norma.

Mientras tanto, en las comunidades indígenas de la región, el impacto es profundo.

“No solo perdimos a una persona, perdimos a alguien que nos representaba”, expresó un habitante de Salpatláhuac.

La audiencia pública que el regidor había impulsado quedó suspendida, dejando en el aire las denuncias sobre posibles irregularidades en la administración local.

El mensaje que deja este crimen es inquietante.

No se trata únicamente de la pérdida de un funcionario, sino de la erosión de la confianza en las instituciones.

Cuando un representante público es asesinado en plena calle, a plena luz del día, sin consecuencias inmediatas, la pregunta ya no es solo quién fue, sino qué sistema permite que esto ocurra.

“Así operan: silencian y nadie responde”, dijo otro testigo, mirando el lugar donde ocurrió el ataque.

En Tlapa, la vida continúa.

Los comercios abren, el transporte circula, las comunidades siguen su rutina.

Pero la sombra del miedo permanece.

Y bajo esa sombra, la muerte de Bartolo Casarrubias de los Santos se convierte en un recordatorio más de que, en ciertas regiones de México, la democracia sigue siendo una promesa frágil.