IMPUTAN A UN ALTO CARGO CERCANO A MARÍA JESÚS MONTERO POR PRESUNTA PREVARICACIÓN EN EL RESCATE DE AIR EUROPA

Un nuevo frente judicial ha irrumpido en el panorama político español tras la decisión de un juzgado de Madrid de investigar el rescate público de la aerolínea Air Europa.

El caso apunta directamente al entorno más próximo de María Jesús Montero, después de que el juez haya imputado a Bartolomé Lora, considerado una figura clave dentro de la estructura que gestionó las ayudas.

La investigación se centra en un posible delito de prevaricación relacionado con la concesión de 475 millones de euros en 2020, en pleno contexto de crisis sanitaria.

Aquella ayuda formaba parte del fondo de rescate impulsado por el Gobierno para sostener empresas estratégicas golpeadas por la pandemia, gestionado por la SEPI.

Sin embargo, lo que en su momento se presentó como una medida urgente para preservar el tejido económico ahora está bajo sospecha.

El origen del caso se encuentra en una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que cuestiona si la operación cumplía con los requisitos legales exigidos.

El punto más delicado del procedimiento gira en torno a una condición fundamental: las empresas beneficiarias debían estar al corriente de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social.

No era una recomendación, sino un requisito imprescindible.

“La ley era clara y no permitía excepciones”, sostienen fuentes cercanas al caso.

Según la denuncia, Air Europa mantenía deudas pendientes en el momento de recibir la ayuda pública.

De confirmarse este extremo, la concesión del rescate podría haberse producido en contra de la normativa vigente.

Es precisamente este detalle el que ha llevado al juez a abrir diligencias y a poner el foco en los responsables de la decisión.

La figura de Bartolomé Lora adquiere así una relevancia central.

Como uno de los responsables dentro de la SEPI, su papel en la aprobación del rescate será analizado con lupa.

La clave estará en determinar si conocía la situación real de la empresa y, aun así, permitió que se aprobara la ayuda.

El delito de prevaricación, en términos jurídicos, implica tomar una decisión injusta a sabiendas.

Por ello, la investigación no solo busca aclarar si hubo irregularidades administrativas, sino si existió una voluntad consciente de ignorar las condiciones exigidas por la ley.

En el ámbito político, el impacto ha sido inmediato.

Aunque María Jesús Montero no está imputada, el hecho de que la investigación alcance a una persona de su máxima confianza ha generado una fuerte presión sobre su gestión.

La oposición ya ha comenzado a exigir explicaciones, mientras crecen las dudas sobre los mecanismos de control utilizados en la distribución de fondos públicos durante la pandemia.

Fuentes cercanas al caso insisten en que el proceso apenas comienza y que será necesario analizar toda la documentación antes de sacar conclusiones definitivas.

No obstante, el simple hecho de que la causa haya sido admitida a trámite ya supone un golpe reputacional significativo.

El rescate de Air Europa fue, en su momento, una de las operaciones más relevantes del fondo de apoyo a empresas estratégicas.

Ahora, esa misma operación podría convertirse en un caso emblemático sobre la gestión del dinero público en situaciones de emergencia.

Mientras la investigación avanza, la pregunta que sobrevuela el escenario político y judicial es clara: ¿se actuó conforme a la ley o se forzaron las normas para garantizar el rescate? La respuesta, de confirmarse las sospechas, podría tener consecuencias mucho más profundas de lo que inicialmente se preveía.