Mensajes entre Puente y Ábalos revelan dudas sobre la contratación de Claudia Montes antes del estallido del caso Koldo

Un intercambio de mensajes entre el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y su antecesor en el cargo, José Luis Ábalos, ha añadido un nuevo elemento de controversia en torno al denominado caso Koldo.

La conversación, fechada el 9 de febrero de 2024, sitúa a ambos dirigentes abordando la situación de Claudia Montes, apenas días antes de que estallara públicamente la investigación.

Según el contenido de los mensajes, Puente contactó con Ábalos tras recibir comunicaciones de Montes, quien le solicitaba ayuda laboral alegando haber sido colaboradora cercana del exministro.

“¿Conoces a una tal Claudia Montes de Asturias?”, preguntó Puente en el intercambio.

La respuesta de Ábalos fue inmediata y directa.

“Sí, la conozco”, vino a admitir, aunque con un tono crítico hacia su comportamiento.

En el mismo diálogo, el exministro reconoció que había facilitado su incorporación a Logirail, empresa pública vinculada a Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes.

Ábalos explicó su decisión en términos personales.

“Tenía una situación familiar delicada y se la ayudó sin conocerla”, señaló, añadiendo de forma explícita: “Fue un error”.

En otro momento del intercambio, justificó su actuación apelando a circunstancias personales de Montes: “Me dio pena su situación de madre con un hijo al que no tenía que darle de comer”.

La conversación también recoge la recomendación de Ábalos a Puente sobre cómo gestionar la situación.

“No le hagas caso”, le aconsejó, sugiriendo que no atendiera las peticiones de la exreina de belleza.

El contenido de estos mensajes ha adquirido especial relevancia por su contexto temporal.

La fecha del intercambio —9 de febrero de 2024— se sitúa apenas once días antes de la detención de Koldo García, figura clave en la trama investigada por presuntas irregularidades en contratos públicos durante la pandemia.

Este detalle ha llevado a distintas interpretaciones sobre el grado de conocimiento previo que podrían haber tenido responsables políticos acerca de situaciones potencialmente problemáticas dentro del ministerio.

No obstante, hasta el momento no existe confirmación judicial de que la conversación implique irregularidad alguna por parte de los interlocutores.

El caso Koldo, que inicialmente se centró en la adjudicación de contratos de material sanitario, ha ido ampliando su alcance a medida que avanzan las investigaciones.

La aparición de nombres vinculados a estructuras públicas y decisiones administrativas ha incrementado la presión mediática y política.

En este contexto, la referencia a la contratación en Logirail añade una nueva dimensión al debate sobre los criterios de acceso a empresas públicas.

Expertos en administración señalan que, aunque este tipo de incorporaciones pueden realizarse dentro del marco legal, deben cumplir con principios de transparencia, mérito y capacidad.

Desde el entorno político se insiste en la necesidad de prudencia.

“Una conversación privada no constituye por sí misma una prueba de irregularidad”, apuntan fuentes cercanas al análisis del caso, que subrayan la importancia de esperar a las conclusiones judiciales.

El episodio, sin embargo, vuelve a poner el foco sobre las prácticas internas en organismos públicos y la gestión de recursos humanos en entidades dependientes del Estado.

La combinación de testimonios, mensajes y actuaciones administrativas forma parte de un entramado complejo que continúa bajo investigación.

Por ahora, ni Óscar Puente ni José Luis Ábalos han realizado valoraciones públicas detalladas sobre este intercambio concreto, aunque ambos han defendido en otras ocasiones la legalidad de sus actuaciones.

La evolución del caso determinará el alcance real de estas revelaciones.

Mientras tanto, los mensajes conocidos aportan contexto a una etapa previa al estallido del escándalo, ofreciendo una visión más amplia de las relaciones y decisiones que rodeaban a algunos de sus protagonistas en los días previos a su irrupción pública.