En la mañana del viernes, la tranquilidad aparente en la zona rural de Villanueva, Zacatecas, se rompió de golpe.

Lo que comenzó como reportes aislados de “tronidos” y temblores en casas cercanas al rancho El Soyate —propiedad emblemática de la familia Aguilar— se convirtió rápidamente en una escena digna de película de acción.

Un convoy que, según fuentes extraoficiales, trasladaba a integrantes de la familia del cantante Pepe Aguilar fue emboscado en la carretera que conecta el rancho con el aeropuerto internacional de Calera.

Drones persiguieron a los vehículos, camionetas incendiadas bloquearon ambos sentidos de la vía y detonaciones de arma de fuego resonaron en la zona durante varios minutos.

Incluso se habla de un artefacto explosivo lanzado contra la vanguardia del convoy.

Pepe Aguilar, el intérprete de rancheras y baladas que ha llenado palenques y estadios en todo el mundo, resultó ileso, al igual que su hijo Ángel Aguilar y el cantante Christian Nodal, quienes según versiones policíacas viajaban en el mismo grupo.

Fuentes cercanas al operativo confirmaron que Ángel y Nodal fueron sacados rápidamente del estado en vehículos blindados y trasladados al aeropuerto de Calera para abandonar Zacatecas.

Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, ni Pepe Aguilar, ni Ángel, ni Nodal, ni la familia han emitido un comunicado oficial en sus redes sociales.

El silencio es absoluto y eso, en un país donde la desinformación corre más rápido que la verdad, genera aún más incertidumbre.

 

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Muguerza, ofreció un comunicado oficial a las 19:30 horas.

En él se limitó a informar que hubo una “agresión contra las fuerzas de reacción inmediata del Estado”, que no se registraron bajas entre los uniformados y que ya se habían detenido a algunas personas presuntamente responsables.

El operativo continuaba por tierra y aire.

Notablemente, el texto no mencionó en ningún momento a la familia Aguilar, a Pepe, Ángel o Nodal.

Fue como si el ataque hubiera sido exclusivamente contra elementos policiacos, por pura casualidad, en el mismo tramo carretero y a la misma hora en que se sabía que la familia se desplazaba desde su rancho hacia el aeropuerto.

 

La periodista independiente Verónica Trujillo, quien cubre desde hace años la violencia en Zacatecas, fue una de las primeras en difundir imágenes y testimonios.

A las 18:58 horas compartió fotografías de vehículos incendiados en la carretera libre Zacatecas-Jalisco, a la altura de los municipios de Jalpa y Tabasco, colindantes con Villanueva.

Vecinos reportaron estruendos desde las 9 de la mañana.

Una mujer envió mensaje a la periodista: “Oye Vero, mi casa tembló y ya llevamos cuatro tronidos”.

Horas después, la misma vía quedó cerrada en ambos sentidos por los vehículos en llamas colocados estratégicamente por los agresores.

Era un bloqueo clásico: impedir el avance del convoy y la llegada de refuerzos.

 

Lo que más alarma es el uso de drones para persecución.

No se trató de un enfrentamiento improvisado: fue una emboscada planeada con inteligencia previa, logística y tecnología.

Alguien sabía que ese convoy pasaría por ahí y preparó el terreno: drones para seguimiento aéreo, bloqueos carreteros con vehículos incendiados y ataque armado con equipo pesado.

La Fiscalía del Estado, en un comunicado matutino, había atribuido los primeros “detonaciones controladas” a trabajos de rutina.

Nadie creyó esa versión cuando los reportes ciudadanos se multiplicaron y las imágenes de fuego y humo comenzaron a circular.

 

Zacatecas vive desde hace años una disputa territorial feroz entre grupos del crimen organizado.

La entidad registra índices de violencia que la colocan entre las más peligrosas del país.

En esa misma semana ya había incidentes previos en Villanueva y municipios aledaños.

La pregunta obligada es: si las autoridades sabían que la familia Aguilar estaba en El Soyate —un lugar conocido y visitado frecuentemente por ellos—, ¿por qué no se reforzó la seguridad de manera preventiva? ¿Por qué siempre se reacciona después de que ocurre la tragedia y no antes?

Pepe Aguilar siempre ha sido extremadamente precavido con su seguridad y la de su familia.

Viaja en vehículos blindados y cuenta con escoltas profesionales.

Esa precaución probablemente salvó vidas ese viernes.

En un país donde el Estado no siempre garantiza protección, las familias de alto perfil se ven obligadas a blindarse por su cuenta.

El hecho de que el ataque ocurriera precisamente en su tierra natal, en el rancho que representa sus raíces zacatecanas, añade una carga simbólica dolorosa.

Es como si el mensaje fuera: ni siquiera en tu propia casa estás a salvo.

 

La periodista Verónica Trujillo lo dijo con crudeza: en Zacatecas no hay manifestaciones pacíficas sin bloqueos, no hay bloqueos sin balaceras, no hay balaceras sin topones o casetas incendiadas.

Y el gobierno estatal mantiene como eslogan “Paz, bienestar y progreso”.

Mientras tanto, niños no van a clases por suspensión preventiva, familias evitan salir a la carretera y la población vive con miedo permanente.

Lo más grave, según Trujillo, es que la gente ya no sabe qué creer: circulan tantas versiones sin confirmar en redes sociales que distinguir lo real de lo falso se ha vuelto imposible.

La desinformación es tan peligrosa como las balas.

 

En redes sociales ya circulan especulaciones irresponsables: que los Aguilar están metidos en algo turbio, que les reclaman algo, que el ataque tiene motivaciones personales o económicas.

Culpar a las víctimas sin pruebas es una costumbre lamentable en México.

Ser blanco de la violencia no convierte automáticamente a nadie en culpable.

Cualquiera puede ser atacado en cualquier momento, sin importar su profesión, su fama o su apellido.

Atribuir culpas sin evidencia solo alimenta el miedo y la desconfianza.

 

Hasta el momento de escribir estas líneas no hay comunicado oficial de la familia Aguilar ni confirmación detallada de las autoridades sobre si todos los integrantes del convoy están ilesos.

Lo único claro es que, gracias a la preparación y al blindaje, lograron salir del estado sin bajas reportadas.

Pero el silencio oficial y familiar genera más preguntas que respuestas.

¿Fue un ataque dirigido específicamente contra ellos o pasaron por medio de un enfrentamiento entre grupos criminales? ¿Por qué los drones? ¿Quién tenía información precisa de su ruta y horario? ¿Qué nivel de inteligencia y logística demuestra el uso de tecnología aérea en una emboscada?

Este incidente no es aislado: es un reflejo de la realidad que viven miles de zacatecanos y mexicanos en carreteras, comunidades y rancherías.

Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas… la lista es larga.

Mientras el gobierno presume “pacificación”, la delincuencia opera con drones, bloqueos y artefactos explosivos como si controlara el territorio.

Y los ciudadanos, famosos o anónimos, pagan el precio con miedo, incertidumbre y, demasiado a menudo, con sangre.

 

La familia Aguilar merece respuestas claras y una investigación seria.

Pero más allá de ellos, millones de familias mexicanas merecen lo mismo: poder transitar por su país sin jugarse la vida, poder visitar sus raíces sin temor a una emboscada, poder vivir sin que la violencia sea la noticia cotidiana.

Porque mientras el silencio oficial y la desinformación sigan siendo la regla, la verdadera paz seguirá siendo solo un eslogan en comunicados que nadie cree.