La banda sinaloense Los Alegres del Barranco, reconocida en la escena de la música regional mexicana, se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras un incidente ocurrido durante uno de sus conciertos en el Auditorio Telmex de Guadalajara.
En plena presentación, la agrupación proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los criminales más buscados por las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Este acto, interpretado como un homenaje al narcotráfico, ha desatado reacciones legales, sociales y políticas, reavivando el debate sobre los límites de la libertad artística y la responsabilidad ética de los músicos.
Durante la interpretación de su canción “El Palenque”, tema que hace referencia a la vida dentro del mundo del narcotráfico, se proyectaron en las pantallas gigantes del escenario imágenes del mencionado líder criminal.
Lo que para algunos pudo parecer parte del espectáculo, para muchos otros constituyó un acto claro de apología al delito y una afrenta directa a los esfuerzos por erradicar la violencia relacionada con el crimen organizado en el país.
La inclusión de estas imágenes en un espectáculo público, en un recinto de gran visibilidad como el Auditorio Telmex, fue rápidamente viralizada en redes sociales.
Las críticas no tardaron en llegar, tanto del público como de autoridades de distintos niveles de gobierno.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue categórica en su postura al respecto, declarando que “no se puede permitir la glorificación del crimen organizado en espectáculos públicos”.
A esta declaración se sumó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien calificó el acto como una “irresponsabilidad absoluta” por parte de los organizadores y la banda.
La Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación bajo el artículo 142 del Código Penal del estado, que sanciona la apología del delito con penas que pueden llegar hasta los seis meses de prisión.
Las autoridades locales están evaluando si el acto puede ser considerado un delito penal por promover de manera indirecta las actividades delictivas de uno de los capos más peligrosos del país.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos también tomó medidas drásticas.
A través del Departamento de Estado, se anunció la revocación inmediata de las visas de trabajo y turismo de los integrantes de la banda.
Esta acción se basó en la política estadounidense de cero tolerancia hacia quienes promueven o enaltecen figuras criminales, especialmente aquellas vinculadas al narcotráfico.
Como consecuencia, varios conciertos programados en ciudades de Texas y California fueron cancelados, representando no solo un golpe económico significativo para la banda, sino también un duro revés a su reputación a nivel internacional.
Ante la creciente presión mediática, política y social, Los Alegres del Barranco publicaron un video en sus redes sociales ofreciendo una disculpa pública.
En él, afirmaron que “no fue su intención glorificar a nadie” y que el contenido visual fue “malinterpretado fuera de contexto”.
Además, aseguraron estar comprometidos con los valores de su público y lamentaron profundamente cualquier daño ocasionado.
Sin embargo, estas declaraciones no lograron convencer a todos.
Muchos usuarios en plataformas como Twitter y Facebook acusaron a la banda de minimizar su responsabilidad, e incluso de utilizar el escándalo como una estrategia publicitaria.
Otros, más críticos, aseguraron que el video no mostraba un verdadero arrepentimiento, sino un intento de salvaguardar su carrera ante el posible boicot de promotores, festivales y patrocinadores.
La opinión pública ha estado dividida desde el inicio del escándalo.
Por un lado, hay quienes defienden el derecho a la libertad de expresión artística, alegando que la música regional mexicana ha retratado históricamente la realidad social del país, incluyendo la existencia del narcotráfico.
Argumentan que las canciones no necesariamente glorifican, sino que narran historias que forman parte del imaginario colectivo.
Por otro lado, hay una parte importante del público que considera que hay una línea que no debe cruzarse.
Para estos sectores, mostrar imágenes de un criminal en un concierto público, especialmente en un contexto tan sensible como el de México, donde la violencia relacionada con el narcotráfico ha cobrado miles de vidas, representa una irresponsabilidad imperdonable.
Numerosos usuarios han propuesto el boicot a la banda, pidiendo a plataformas de música y organizadores de eventos que no les brinden espacios hasta que haya una sanción o acción correctiva concreta.
Este escándalo ha dejado una marca difícil de borrar en la trayectoria de Los Alegres del Barranco.
La pérdida de contratos en Estados Unidos, las investigaciones legales en México y el cuestionamiento constante de su ética profesional podrían afectar su presencia en medios, festivales y colaboraciones futuras.
Además, el incidente ha reabierto una discusión más amplia sobre el papel de la música en la normalización de la violencia.
¿Debe la música reflejar la realidad sin filtros, incluso si esa realidad es violenta? ¿O deben los artistas asumir un compromiso moral para no contribuir a la exaltación de figuras criminales?
El caso de Los Alegres del Barranco es un claro ejemplo de cómo las acciones en el escenario pueden trascender los límites del entretenimiento y convertirse en asuntos de interés público y legal.
La controversia pone en evidencia la delgada línea entre la libertad artística y la apología al delito, y plantea preguntas fundamentales sobre el rol de los músicos en una sociedad afectada por la violencia.
Mientras la banda intenta recuperar su imagen y enfrentar las consecuencias legales, queda claro que este incidente marcará un antes y un después en su carrera y en la percepción del género regional mexicano.
La música, como expresión cultural poderosa, tiene impacto, y con ello, también conlleva responsabilidad.
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