Siete meses después del atentado que sacudió a Colombia y que terminó con la vida de Miguel Uribe Turbay, el caso dio un giro decisivo con la firma de un preacuerdo judicial por parte de Katerine (o Catherine) Martínez, señalada por la Fiscalía como una de las piezas clave en la ejecución del crimen.
Desde la cárcel El Buen Pastor, la joven aceptó su responsabilidad en los hechos y acordó una condena de 21 años de prisión, en un proceso que no solo busca castigo, sino también verdad y reparación para las víctimas.
Su reaparición pública, marcada por un pedido de perdón, reavivó el debate sobre la criminalidad juvenil, la instrumentalización de mujeres dentro de estructuras delincuenciales y los límites entre responsabilidad individual y contexto social.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Martínez cumplió un rol determinante dentro del engranaje criminal que ejecutó el atentado.
Las autoridades sostienen que fue la encargada de transportar el arma de fuego hasta el lugar de los hechos y entregarla al joven sicario que disparó contra Uribe Turbay.
Este detalle, aparentemente logístico, resultó clave para la materialización del homicidio y fue uno de los elementos centrales que llevaron al ente acusador a considerarla una participante activa y consciente del crimen.
La acusación describe un recorrido preciso: desde la recolección del arma, su traslado, la entrega al ejecutor y los movimientos posteriores para evadir a las autoridades.
Durante la audiencia en la que se formalizó el preacuerdo, Martínez se dirigió por primera vez a los familiares de la víctima y al país.
Con una declaración cargada de emoción, ofreció disculpas públicas y reconoció el daño causado.
“Con todo el amor y la sinceridad del mundo, les pido disculpas a todos… sé que es muy doloroso”, expresó, haciendo especial énfasis en la esposa y la hermana de Miguel Uribe Turbay.
Sus palabras, aunque no exentas de controversia, fueron presentadas como un acto de reconocimiento de culpa y un paso hacia la aceptación de las consecuencias de sus actos.
El acuerdo alcanzado con la Fiscalía establece una pena de 254 meses de prisión, equivalentes a 21 años, a cambio de la aceptación de cargos y la colaboración efectiva con la justicia.
Para el ente acusador, esta cooperación fue fundamental para avanzar en la identificación y judicialización de otros integrantes de la organización criminal.
El testimonio de Martínez permitió reconstruir con mayor precisión la estructura del grupo, los roles asignados a cada miembro y las órdenes impartidas por los presuntos líderes de la banda.
Durante la diligencia, la fiscal del caso subrayó un aspecto que ha generado amplio debate: la edad y condiciones personales de la procesada.
Martínez tenía apenas 19 años al momento de los hechos y, según la Fiscalía, desde muy joven se vio inmersa en entornos delictivos dominados por hombres que le asignaron funciones específicas, aprovechándose de su condición de mujer para el transporte de armas.
Este señalamiento no busca eximirla de responsabilidad, aclaró la fiscal, sino contextualizar cómo operan ciertas estructuras criminales que reclutan y utilizan a jóvenes en situación de vulnerabilidad.
Otro elemento mencionado en la audiencia fue el pasado de Martínez en el mundo del contenido para adultos, actividad en la que habría incursionado desde los 17 años.
Para la Fiscalía, este antecedente refleja un entorno de precariedad y falta de oportunidades que, sumado a la influencia de redes criminales, terminó empujándola hacia una espiral de ilegalidad.
Estas consideraciones fueron tenidas en cuenta dentro del marco del preacuerdo, aunque sin alterar la gravedad del delito ni la severidad de la condena pactada.
La colaboración de Martínez permitió a las autoridades profundizar en la investigación contra Elder José Arteaga y Simeón Pérez Marroquín, señalados como los máximos líderes de la organización criminal que planeó y ejecutó el atentado.
En sus declaraciones, la joven detalló cómo recibió instrucciones directas, los desplazamientos realizados tras el homicidio y los intentos de ocultamiento posteriores, incluyendo un viaje hacia el sur del país y la orden de trasladarse al Caquetá para integrarse a otra estructura delictiva.
Estos datos, según la Fiscalía, fueron determinantes para fortalecer los procesos en curso contra otros implicados.
La sentencia condenatoria contra Martínez será emitida oficialmente el próximo mes de febrero, momento en el que el juez deberá avalar el preacuerdo y formalizar la pena.
Con este fallo, ya serían tres las personas condenadas por su participación en el atentado, mientras que nueve individuos han sido judicializados hasta ahora dentro del proceso.
Las autoridades no descartan nuevas capturas ni imputaciones, pues la investigación continúa abierta y en constante desarrollo.
El caso de Miguel Uribe Turbay ha tenido un profundo impacto en la opinión pública, no solo por la violencia del crimen, sino por lo que revela sobre las dinámicas delictivas que operan en el país.
La participación de jóvenes, la utilización de mujeres en roles estratégicos y la existencia de redes criminales bien estructuradas han encendido las alarmas sobre la necesidad de políticas más efectivas de prevención, educación y reinserción social.
Para los familiares de la víctima, el avance judicial representa un paso importante, aunque insuficiente para reparar una pérdida irreparable.
El pedido de perdón de Martínez fue recibido con sentimientos encontrados: para algunos, un gesto necesario; para otros, un acto tardío frente a la magnitud del daño causado.
En cualquier caso, el proceso judicial continúa siendo el escenario donde se busca establecer responsabilidades y garantizar que los hechos no queden en la impunidad.
Más allá de las cifras y los expedientes, este caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el contexto social explica —sin justificar— la participación de jóvenes en crímenes de alto impacto? La condena de 21 años para Katerine Martínez marca un precedente claro en términos de sanción, pero también deja abierta una reflexión profunda sobre las fallas estructurales que permiten que historias como esta se repitan.
Mientras Colombia sigue atenta al desenlace final del proceso y a las próximas sentencias, el nombre de Miguel Uribe Turbay permanece como símbolo de una tragedia que sacudió al país.
La justicia avanza, paso a paso, en un camino complejo donde el castigo, la verdad y la prevención deben ir de la mano para evitar que nuevas vidas queden atrapadas —como víctimas o victimarios— en el círculo de la violencia.
