Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector del OADPRS, fue detenido por su presunta participación en el desvío de cerca de 3 000 millones de pesos del sistema penitenciario federal

Ciudad de México — En una operación relámpago y silenciosa, las autoridades federales mexicanas hicieron efectiva la detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, exdirector general de Desarrollo Tecnológico del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), señalado por su presunta participación en una red de corrupción que desvió cerca de 3 000 millones de pesos destinados al sistema penitenciario federal durante la gestión del entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La captura se llevó a cabo sin incidentes el pasado 11 de diciembre de 2025 y fue confirmada por registros oficiales, marcando un nuevo capítulo en la investigación de uno de los desfalcos más graves detectados en la historia reciente del país.

Desde temprano aquella mañana, el detenido —vistiendo ropa casual— fue asegurado por agentes federales bajo cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones que, de comprobarse, podrían implicar décadas de prisión.

No se han difundido imágenes oficiales de la detención, pero fuentes ministeriales y fiscales confirmaron que un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa y fijó la próxima audiencia para mediados de diciembre.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha señalado que Pérez Rodríguez habría actuado como una pieza clave dentro de un entramado que trianguló recursos públicos mediante contratos inflados o inexistentes adjudicados a empresas vinculadas a Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario y esposo de la conocida presentadora de televisión Inés Gómez Mont, quien actualmente enfrenta procesos legales en Estados Unidos por motivos migratorios y otros cargos.

“Se le imputa haber facilitado la adjudicación de contratos irregulares que permitieron la triangulación de recursos públicos hacia empresas vinculadas con Álvarez Puga”, señalaron fuentes judiciales.

La red de corrupción, según la investigación, operó aprovechando la discrecionalidad presupuestal del OADPRS en materia de mantenimiento, obras y servicios en centros penitenciarios, con montos que ascenderían a más de tres mil millones de pesos, y cuyo rastro fue finalmente detectado por las autoridades financieras y de inteligencia mexicanas.

Fuentes de la investigación explican que los contratos adjudicados no tenían justificación técnica ni operativa real, y que muchos de los proveedores nunca entregaron servicios verificables.

Parte de los recursos fueron “lavados” a través de empresas fachadas y movimientos bancarios complejos diseñados para ocultar su origen, según documentos judiciales y registros analizados por la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Aunque Pérez Rodríguez es sólo uno de los 61 exfuncionarios contra quienes se libró orden de aprehensión desde 2023, su captura es considerada por la fiscalía como un golpe importante al entramado de corrupción que se habría tejido durante años dentro del sistema penitenciario federal.

Entre los señalados también figuran exmandos de la desaparecida OADPRS, así como otros servidores públicos y operadores políticos cuya participación en el desvío de recursos está siendo investigada.

La red de corrupción, según consta en la investigación, se remonta a contratos adjudicados entre 2016 y 2017, cuando Pérez Rodríguez y otros funcionarios ocuparon cargos clave dentro de la estructura administrativa del sistema penitenciario, bajo la supervisión del entonces secretario García Luna, quien actualmente purga una sentencia en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado.

Voceros de la FGR señalaron que el caso no sólo tiene implicaciones penales, sino que también representa un intento por recuperar recursos públicos que debieron utilizarse para mejorar las condiciones de los centros de readaptación social, programas de reinserción y servicios básicos para internos en todo el país.

La dimensión del desfalco, que involucra cientos de contratos, empresas fantasma y transferencias millonarias, ha requerido meses de análisis por parte de peritos financieros y fiscales, quienes trazaron el rastro del dinero hasta identificar a Pérez Rodríguez como una de las figuras centrales.

En declaraciones previas a su aprehensión, fiscales describieron parte de la evidencia documental que sustentaba las imputaciones: “tenemos ordenaciones de pago, contratos sin obra, facturas que nunca fueron respaldadas por un solo servicio real y movimientos bancarios que no obedecen a relaciones comerciales legítimas”.

La complejidad de la trama llevó a las autoridades a coordinar diferentes cuerpos de investigación para lograr un cerco judicial que culminó con la captura del exfuncionario.

La detención de Jesús Gabriel Pérez Rodríguez ha generado reacciones en diferentes sectores de la opinión pública y política, que observan este operativo como una señal de que las instituciones han comenzado a desentrañar uno de los mayores esquemas de desvío de recursos públicos de las últimas décadas.

La investigación continúa abierta y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevos avances, con posibles citatorios o detenciones adicionales relacionadas con esta red.

El impacto mediático de este caso y sus implicaciones políticas seguirán siendo objeto de análisis, mientras fiscales y autoridades buscan avanzar en un proceso complejo que desnuda prácticas de corrupción y abuso de poder en la administración de recursos públicos federales.