Gustavo Petro confrontó públicamente al exregistrador Nicolás Farfán tras su demanda para revocar listas del Pacto Histórico y pedir que no se contabilicen votos en varias circunscripciones
La controversia por las listas del Pacto Histórico al Congreso volvió a escalar tras un cruce público entre el presidente **Gustavo Petro** y el exregistrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, quien interpuso acciones jurídicas para revocar inscripciones y evitar que se contabilicen votos de esa colectividad en determinadas circunscripciones.
El episodio, que incluyó un debate televisado, reabrió el debate sobre la transparencia del sistema electoral y las garantías para los partidos políticos.
Farfán confirmó que presentó solicitudes de revocatoria contra 15 listas a la Cámara del Pacto Histórico, argumentando que incumplieron los resultados de consultas internas y vulneraron el artículo 262 de la Constitución Política.
“Las coaliciones para corporaciones públicas solo pueden realizarse por partidos que sumados en la votación válida de la elección inmediatamente anterior alcancen hasta el 15% de los votos válidos”, sostuvo.
Según explicó, en ocho circunscripciones la coalición habría superado ese porcentaje.
El exfuncionario aseguró que el Consejo Nacional Electoral revocó en cinco territorios —Bogotá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y la circunscripción internacional— la totalidad de las listas del Pacto Histórico al considerar que se configuraba una violación constitucional.
“He acudido ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de una acción de cumplimiento para que se acaten las decisiones contenidas en los actos administrativos del Consejo”, afirmó.
Añadió que en esa acción solicita que “los votos depositados por las listas revocadas no sean contabilizados y se clasifiquen como voto no marcado o como votación cero”, en línea con jurisprudencia reciente del Consejo de Estado.
Desde el Pacto Histórico, el representante Alfredo Mondragón respondió señalando que existe una “persecución política” contra la colectividad.
Recordó que en 2022 se detectaron inconsistencias en el preconteo que afectaron cerca de 500.000 votos.
“Casi se nos roban 500.000 votos, que significaban cuatro o cinco senadores. Solo por la acción jurídica y de nuestros testigos pudimos recuperarlos”, dijo.
Según Mondragón, la nueva demanda busca generar “mantos de duda” sobre la legitimidad del movimiento.
Farfán rechazó las acusaciones y calificó de falacia los señalamientos personales.
“Es una campaña de desprestigio. Si consideran que he cometido algún delito, que acudan a la Fiscalía o a la Procuraduría. Yo estoy ejerciendo derechos ciudadanos con argumentos jurídicos”, respondió.
También recordó que trabajó durante 18 años en la Registraduría bajo distintas administraciones y afirmó no tener investigaciones en su contra.
“Me siento muy orgulloso de mi paso por el servicio público”, declaró.
El intercambio se tensó cuando Mondragón le preguntó directamente si coordinó la arquitectura y logística de los comicios legislativos y presidenciales de 2022.
Farfán reconoció que participó en la coordinación electoral, aunque insistió en que no existen pruebas de irregularidades en su gestión.
Para el congresista, esa participación alimenta la desconfianza de un sector del electorado.
“Con personas como usted es que pierden legitimidad las instituciones”, afirmó.
En paralelo, el presidente Petro ha reiterado sus cuestionamientos sobre la transparencia del software de escrutinio.
En declaraciones previas, el mandatario señaló que “ningún partido tiene en sus manos el software de escrutinio para determinar con auditoría técnica si sirve o no sirve”.
Añadió que la Registraduría “mostró, pero no entregó el código fuente del software a los partidos políticos como era previsible” y subrayó que “en las elecciones no puede haber opacidad de los sistemas”.
Petro ha insistido en que el código fuente debe ser auditado por expertos independientes y que el software utilizado el día de las elecciones debe corresponder exactamente al previamente auditado.
“Las elecciones no son transparentes mostrando softwares, sino auditando su código fuente por personas independientes”, expresó en su momento.
También advirtió que, de no garantizarse esas auditorías, se profundizaría la desconfianza ciudadana.
El debate trasciende la disputa puntual sobre las listas y se enmarca en una discusión más amplia sobre las reglas de las coaliciones y la evolución jurídica del Pacto Histórico.
Mientras Farfán sostiene que la colectividad incumplió límites constitucionales al consolidarse como partido, los dirigentes del movimiento argumentan que se trata de una interpretación restrictiva que desconoce su transformación política desde 2022.
En medio de la confrontación, ambas partes apelan a la Constitución y a la justicia administrativa como escenario definitivo para dirimir el conflicto.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca será clave para determinar si prospera la acción de cumplimiento y si se afecta la contabilización de votos en las circunscripciones cuestionadas.
La controversia, además, vuelve a poner en primer plano la confianza en el sistema electoral colombiano.
Mientras sectores del oficialismo llaman a la movilización y a la vigilancia ciudadana del voto, el exregistrador insiste en que su actuación se limita al ejercicio de mecanismos legales previstos en el Estado de derecho.
El pulso jurídico y político continúa, con implicaciones directas para el panorama electoral y el equilibrio de fuerzas en el Congreso.
