Marcelino García Barragán nació en 1895, en un México todavía gobernado por Porfirio Díaz.
Hijo de campesinos sin conexiones ni fortuna, nada en su origen presagiaba que su apellido terminaría tatuado en algunos de los episodios más oscuros del siglo XX mexicano.
Pero la Revolución Mexicana no solo derrocó gobiernos: creó hombres para los que la violencia se volvió lenguaje, método y herencia.
A los 18 años, tras el asesinato de Francisco I.
Madero, García Barragán ingresó a las filas revolucionarias.
Combatió en más de cincuenta enfrentamientos documentados.
Torreón, Zacatecas, Saltillo.
Cada nombre es sinónimo de miles de muertos.
Ahí aprendió la lección fundamental que marcaría su vida: quien controla las armas controla la historia, y los muertos no reclaman versiones.
Durante la Guerra Cristera, entre 1926 y 1929, García Barragán consolidó su reputación de eficiencia brutal.
En Jalisco, su tierra natal, aplicó sin titubeos la política federal: ejecuciones sumarias, castigos colectivos, terror como pedagogía.
La guerra dejó hasta 250 mil muertos.
Nadie pidió cuentas.
Al contrario: el sistema recompensó la obediencia.
En 1943 fue nombrado gobernador de Jalisco.
Parecía un civil reformista, pero nunca dejó de pensar como militar.
Su destitución en 1947 fue su primera caída.
La segunda llegaría en 1952, cuando se atrevió a desafiar al PRI apoyando al general Miguel Henríquez Guzmán.
El precio fue una masacre.
El 7 de julio de 1952, en la Alameda Central, el ejército abrió fuego contra una manifestación civil.
Familias, niños, ancianos.
Las cifras oficiales hablaron de siete muertos.
Testimonios y documentos posteriores hablan de cientos.
Los cuerpos fueron incinerados en instalaciones militares.
No hubo funerales.
No hubo nombres.
Fue el ensayo general de lo que vendría después.
García Barragán conspiró luego contra el presidente Adolfo Ruiz Cortines.
El golpe nunca ocurrió porque la Dirección Federal de Seguridad ya lo sabía todo.
A los conspiradores se les desapareció.
A él, algo peor: se le borró.
Durante casi una década vivió en un exilio político silencioso.
Pero el sistema mexicano no olvida a quien puede volver a ser útil.
En 1964, el presidente Gustavo Díaz Ordaz lo nombró secretario de la Defensa Nacional.
Tenía 69 años.
Para él era redención.
Para México, tragedia.
El movimiento estudiantil de 1968 encontró en García Barragán al hombre perfecto para ejecutar la orden impensable.
El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas, el operativo fue meticuloso.
El Batallón Olimpia, fuerzas del Estado Mayor Presidencial, bengalas de señalización.
Disparos desde edificios para provocar fuego cruzado.
Treinta minutos bastaron.
Los cuerpos volvieron a desaparecer.
Camiones militares, incineración, negación.
Las cifras oficiales hablaron de 26 muertos.
Investigaciones independientes estimaron entre 200 y 300.
Nunca lo sabremos.
Nunca fue la intención.
Días después, García Barragán dio la cara ante la prensa.
“El responsable soy yo”, dijo.
Era verdad y no lo era.
Cargó con la culpa pública mientras el Estado Mayor Presidencial quedaba en la sombra.
Años más tarde, llorando, lo confesó al general Lázaro Cárdenas.
No lloró por los muertos.
Lloró por ser el chivo expiatorio.
Murió en 1979.
El Estado lo honró.
Su nombre fue llevado a la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
La historia oficial limpió la sangre.
Pero la dinastía apenas comenzaba.
Su hijo, Javier García Paniagua, fue nombrado director de la Dirección Federal de Seguridad en 1977.
La DFS era el corazón de la Guerra Sucia: desapariciones forzadas, tortura, vuelos de la muerte.
Cientos de personas arrojadas vivas al Pacífico.
Ningún cuerpo.
Ningún juicio.
Javier ascendió, fue dirigente nacional del PRI y casi candidato presidencial.
Murió tranquilo en 1998.
El nieto, García Morales, fue vinculado en informes de inteligencia con Amado Carrillo Fuentes y Juan José Esparragoza Moreno.
Nunca fue procesado.
La hija, Marcela García Paniagua, enfrentó denuncias por fraude multimillonario.
El sistema, otra vez, la protegió.
Y así llegamos a la cuarta generación: Omar García Harfuch, bisnieto de Marcelino, actual figura central de la seguridad pública mexicana.
Sobrevivió a un atentado, es presentado como símbolo de orden y modernidad.
Pero su apellido abre puertas.
Reprobó exámenes de confianza y aun así ascendió.
Estuvo dentro del aparato de seguridad durante Ayotzinapa.
El patrón se repite: continuidad, no ruptura.
El cuartel de Toluca sigue en pie.
Los jóvenes soldados entrenan sin saber qué se decidió entre esas paredes.
México también sigue en pie, repitiendo el mismo ritual: masacre, olvido, homenaje.
La historia de los García Barragán demuestra algo inquietante.
En México, la violencia institucional puede heredarse.
La impunidad no es un error del sistema.
Es su función principal.
Y mientras los documentos sigan desapareciendo y los apellidos sigan protegidos, la dinastía continuará.
Ahora lo sabes.
La pregunta no es qué pasó.
La pregunta es cuánto más estamos dispuestos a olvidar.
