Hablar de lanzacohetes múltiples en Colombia es hablar de una ausencia llamativa. En una región donde países como Brasil, Venezuela e incluso Chile han mostrado interés por sistemas capaces de lanzar decenas de cohetes en cuestión de segundos y saturar amplias áreas del campo de batalla, Colombia eligió otro camino.

No se trató de un olvido, de una incapacidad técnica ni de una mera casualidad histórica.

La decisión responde a una lógica construida a lo largo de décadas, en la que la naturaleza del conflicto, la geografía nacional, las prioridades presupuestarias y la influencia de los aliados externos fueron definiendo una doctrina militar muy distinta a la de otros ejércitos sudamericanos.

Para entender por qué Colombia nunca apostó de forma seria por los lanzacohetes múltiples, primero hay que entender el tipo de guerra que libró durante buena parte de su historia reciente.

Mientras otros países de la región diseñaban parte de sus fuerzas pensando en hipótesis de guerra convencional, defensa de fronteras amplias o capacidad de disuasión frente a otros Estados, Colombia se vio absorbida por un conflicto interno prolongado.

Las amenazas principales no eran divisiones blindadas ni grandes concentraciones de tropas enemigas en llanuras abiertas, sino guerrillas, grupos armados ilegales, estructuras narcotraficantes y organizaciones dispersas en selvas, montañas, ríos y corredores rurales de difícil acceso.

En ese escenario, el valor táctico de un sistema de saturación de área resultaba mucho menos convincente que el de medios más precisos, más móviles y mejor adaptados a operaciones fragmentadas.

Los lanzacohetes múltiples están pensados, en esencia, para ofrecer una capacidad de fuego masivo sobre superficies extensas.

Son especialmente útiles cuando se busca romper concentraciones de tropas, golpear zonas logísticas, desorganizar posiciones fijas o crear un impacto psicológico y material en escenarios de combate convencional.

En una guerra contra un enemigo estatal, con líneas relativamente identificables, blancos agrupados y necesidad de volumen de fuego a gran distancia, estos sistemas pueden convertirse en un multiplicador de poder decisivo.

Pero la guerra colombiana fue otra cosa. Durante décadas, la inteligencia, la movilidad aérea, la inserción rápida de tropas, la artillería de tubo, la aviación ligera de ataque y los helicópteros artillados ofrecieron una utilidad mucho más concreta que un sistema diseñado para barrer kilómetros de terreno con salvas de cohetes.

A esto se sumó un problema fundamental: el riesgo político y humanitario. Colombia vivió un conflicto interno en el que la distinción entre zona de combate y zona habitada era muchas veces borrosa.

Los grupos armados ilegales se movían cerca de poblaciones, utilizaban corredores rurales con presencia civil y operaban en espacios donde el empleo de fuego de saturación podía generar consecuencias desproporcionadas.

Un sistema de lanzacohetes múltiples, aun usado con disciplina, planteaba para el contexto colombiano una preocupación evidente sobre daños colaterales.

Y en una guerra donde el control político, la legitimidad del Estado y la reducción del impacto sobre la población civil eran elementos estratégicos, ese factor pesó mucho más que la espectacularidad del arma.

Por eso la doctrina militar colombiana se inclinó de manera consistente hacia otros instrumentos. La artillería de 105 y 155 mm, remolcada o en ciertas versiones más adaptables a distintos terrenos, resultó mucho más coherente con las necesidades operativas del país.

Permitía fuego de apoyo más controlado, flexibilidad táctica y una integración razonable con brigadas móviles.

Al mismo tiempo, la aviación de ataque y la flota de helicópteros fueron ganando protagonismo porque respondían mejor a la dispersión del enemigo y a la complejidad del terreno.

La posibilidad de trasladar tropas rápidamente, atacar campamentos identificados por inteligencia o apoyar operaciones en zonas remotas se volvió más valiosa que poseer plataformas de saturación diseñadas para otro tipo de guerra.

La geografía colombiana reforzó todavía más esta lógica. No es lo mismo planear el empleo de lanzacohetes múltiples en espacios amplios y relativamente abiertos que hacerlo en un país atravesado por cordilleras, selvas densas, valles interandinos, zonas húmedas, ríos extensos y una infraestructura desigual.

Las ventajas teóricas de un sistema de gran alcance se reducen cuando el terreno limita líneas de tiro, complica la movilidad de los vehículos lanzadores o reduce la frecuencia de blancos adecuados para ese tipo de armamento.

Colombia requería sistemas que pudieran acompañar operaciones en escenarios cambiantes, no necesariamente herramientas pensadas para batallas convencionales de gran escala.

En otras palabras, el territorio no prohibía tener lanzacohetes múltiples, pero sí reducía fuertemente su rentabilidad estratégica.

También hubo una cuestión presupuestaria que no puede ignorarse. Los sistemas de lanzacohetes múltiples no solo son costosos en su adquisición; también exigen inversión en mantenimiento, municiones, entrenamiento, logística, doctrina y estructura de apoyo.

Para un país que durante años concentró buena parte de su gasto de defensa en sostener operaciones reales y permanentes contra amenazas internas, cada gran compra debía justificarse por su utilidad inmediata.

Colombia terminó destinando recursos a aquello que consideraba imprescindible en el campo de batalla cotidiano: aviación, movilidad aérea, inteligencia, vigilancia, radares, comunicaciones, fuerzas especiales y artillería más tradicional.

Desde esa perspectiva, invertir en MLRS no parecía una prioridad urgente, sino una apuesta costosa por una capacidad que difícilmente sería empleada en el tipo de operaciones que dominaban la agenda militar.

La relación con Estados Unidos también influyó en esa orientación. La cooperación militar bajo el paraguas del Plan Colombia y otros mecanismos bilaterales se concentró principalmente en inteligencia, movilidad, interdicción, apoyo aéreo, profesionalización de fuerzas y lucha contra estructuras armadas y narcotraficantes.

No hubo una presión doctrinal relevante para desarrollar una artillería de saturación. Por el contrario, la modernización apoyada externamente reforzó la idea de una fuerza preparada para localizar, perseguir, aislar y golpear objetivos específicos, no para cubrir amplias áreas con fuego masivo.

Cuando un aliado central estructura su asistencia alrededor de ciertos ejes, esa influencia termina modelando prioridades, capacitación y compras.

Uno de los episodios más recordados dentro de este debate fue la demostración del sistema Astros, de origen brasileño, en territorio colombiano.

El Astros siempre despertó interés por su versatilidad, su potencia y su capacidad de empleo con distintos calibres y alcances.

Para muchos observadores, su exhibición abrió la posibilidad de que Colombia explorara con más seriedad una artillería coheteril moderna.

Sin embargo, el entusiasmo técnico nunca se tradujo en una decisión estratégica de compra. El sistema impresionó, sí, pero no alteró la conclusión de fondo: era un recurso valioso dentro de una doctrina que Colombia no tenía.

El problema no era si el sistema funcionaba bien, sino si encajaba en la lógica de empleo de la fuerza colombiana.

Y la respuesta predominante fue negativa. El contraste con Brasil ayuda a entenderlo mejor. Brasil desarrolló y consolidó al Astros dentro de una visión estratégica distinta, marcada por la necesidad de defender un territorio inmenso, proyectar poder, fortalecer la disuasión regional y sostener una industria de defensa propia.

Allí, un sistema de lanzacohetes múltiples no era un lujo doctrinal, sino una pieza coherente dentro de una arquitectura militar más amplia.

Venezuela, por su parte, incorporó sistemas de este tipo como parte de una narrativa de fuerza y disuasión vinculada a tensiones regionales y a una lógica más politizada de exhibición militar.

Chile, con una tradición enfocada en capacidades convencionales y planificación de defensa interestatal, también se movió históricamente en un marco donde evaluar sistemas de este tipo tenía más sentido que en el caso colombiano.

Colombia, en cambio, permaneció atada a su realidad operacional: una guerra interna prolongada que exigía otras respuestas.

Eso no significa que los lanzacohetes múltiples no hubieran ofrecido ninguna ventaja a Colombia. Desde una perspectiva estrictamente estratégica, contar con ellos habría incrementado su capacidad de disuasión frente a vecinos con doctrinas más convencionales.

También habría permitido desarrollar una artillería de mayor alcance y posiblemente reforzar escenarios de defensa fronteriza ante una crisis interestatal.

Incluso podría argumentarse que poseer ese tipo de sistemas habría servido como señal política y militar de modernización.

Pero esas ventajas potenciales chocaban con una pregunta simple y decisiva: ¿para qué se necesitaban realmente en el contexto colombiano?

Si la mayor parte del esfuerzo militar estaba orientado a amenazas irregulares, el retorno práctico de esa inversión seguía siendo dudoso.

Otro elemento relevante fue la cultura institucional. Las doctrinas militares no cambian de un día para otro ni se transforman únicamente por admiración tecnológica.

Requieren continuidad, ejercicios, personal formado, estructuras dedicadas y una visión estratégica que justifique el cambio.

Colombia desarrolló por décadas una cultura operacional basada en rapidez, adaptabilidad, fuego más controlado y apoyo aéreo cercano.

Incorporar lanzacohetes múltiples habría supuesto no solo comprar plataformas, sino aceptar una manera distinta de pensar el empleo del fuego.

Sin un escenario estratégico que empujara con fuerza en esa dirección, la inercia doctrinal favoreció la continuidad del modelo existente.

En el fondo, la ausencia de MLRS en Colombia no expresa atraso, sino especialización. Es fácil caer en la tentación de comparar inventarios y concluir que un país está rezagado porque no posee determinado sistema de armas.

Pero los arsenales no se entienden bien fuera de sus contextos. Un arma puede ser formidable y, al mismo tiempo, poco útil para una realidad concreta.

Colombia no necesitó durante décadas demostrar capacidad de arrasar grandes extensiones del campo de batalla; necesitó detectar, mover, rodear, insertar, extraer y golpear con precisión relativa en ambientes extremadamente complejos.

Esa diferencia explica mucho más que cualquier prejuicio sobre modernización. Ahora bien, el debate no está completamente cerrado hacia el futuro.

Si el entorno regional cambiara de forma sustancial, si se consolidaran nuevas hipótesis de conflicto convencional o si la disuasión de largo alcance se volviera una prioridad más clara para la defensa colombiana, el tema podría regresar con fuerza.

Las fuerzas armadas evolucionan junto con su entorno político y estratégico. Lo que no tuvo sentido durante una etapa histórica puede adquirir valor en otra.

Sin embargo, hasta ahora, Colombia ha preferido fortalecer otros componentes: modernizar su artillería de tubo, mejorar radares, mando y control, consolidar capacidades aéreas y sostener herramientas mejor alineadas con su experiencia de combate.

Por eso la pregunta de por qué Colombia nunca apostó por lanzacohetes múltiples tiene una respuesta menos espectacular de lo que algunos esperan, pero mucho más sólida: porque su guerra fue distinta, su terreno impuso límites, su presupuesto priorizó otras urgencias y su doctrina se construyó alrededor de la contrainsurgencia, no de la saturación masiva del campo de batalla.

En una región donde muchas decisiones militares también cumplen funciones simbólicas, Colombia eligió durante años una lógica más pragmática.

No compró lo que se veía imponente en desfiles o demostraciones, sino lo que creía funcional para su conflicto real.

En definitiva, la ausencia de lanzacohetes múltiples en la doctrina militar colombiana no puede leerse como una omisión aislada, sino como el resultado de una combinación coherente de factores históricos, operacionales y estratégicos.

La guerra interna moldeó las prioridades. La geografía redujo la utilidad práctica de esos sistemas.

El costo de incorporarlos compitió con necesidades más urgentes. La cooperación internacional apuntó hacia otras capacidades.

Y la propia institución militar se acostumbró a combatir con herramientas distintas. Mientras otros países de la región vieron en los MLRS una forma de reforzar su disuasión o su identidad militar, Colombia no encontró en ellos un lugar realmente necesario.

Y esa, más que cualquier otra explicación, es la razón de fondo.