
Carlos Hank González nació en 1927 en el mismo pueblo donde décadas después sería enterrado sin haber rendido cuentas.
Hijo de un inmigrante alemán y una campesina mexicana, su origen marcó una paradoja: lo suficientemente mexicano para mandar, pero legalmente impedido de aspirar a la presidencia.
Esa frustración no lo debilitó; lo volvió más peligroso.
En lugar de buscar el poder máximo, decidió controlar el sistema que lo producía.
Comenzó como maestro rural en los años cuarenta, vendiendo dulces para sobrevivir.
Pero incluso entonces, según testimonios posteriores, ya mostraba una habilidad singular para tejer relaciones con caciques locales y funcionarios clave.
No destacaba por su brillantez académica, sino por algo más útil en el México priista: entendía cómo funcionaba el poder real.
Sabía que las ideas importaban menos que las lealtades y que los favores, bien administrados, se convertían en fortunas.
Su ascenso fue vertiginoso.
En los años cincuenta pasó de la educación a la administración pública, y de ahí a la tesorería municipal de Toluca.
Fue en ese punto donde, según múltiples investigaciones periodísticas posteriores, comenzó a perfeccionar el modelo que lo haría legendario: la obra pública como negocio privado.
“Sin obras no hay sobras” no fue una broma, fue una declaración de principios.
El verdadero salto llegó con CONASUPO, la paraestatal encargada de garantizar alimentos básicos a los más pobres.
Allí, de acuerdo con denuncias documentadas años después, se montó un sistema de desvíos, sobreprecios y contratos inflados que convirtió el hambre en una fuente inagotable de riqueza.
Empresas vinculadas directa o indirectamente a Hank obtenían contratos preferenciales, mientras millones de toneladas de granos desaparecían o terminaban en manos privadas.
Para finales de los años sesenta, Hank ya no era un funcionario con negocios, sino un empresario millonario con cargos públicos.
En 1969 se convirtió en gobernador del Estado de México, la joya estratégica del sistema político.
Desde ahí consolidó el llamado Grupo Atlacomulco, una red de poder que decidiría candidaturas, presupuestos y destinos políticos durante décadas.
Gobernar significaba construir, y construir significaba cobrar.
Siempre los mismos ganaban, siempre los mismos facturaban.
Como regente de la Ciudad de México entre 1976 y 1982, su poder alcanzó dimensiones históricas.
Ejes viales, Metro, Central de Abasto: megaproyectos que transformaron la ciudad, pero que también generaron sospechas masivas de corrupción jamás investigadas a fondo.
Asociados suyos, como Arturo Durazo, terminaron procesados por corrupción y vínculos criminales, mientras Hank permanecía intocable.
La pregunta flotaba en el aire: ¿cómo no iba a saber?
Tras dejar el poder formal, su fortuna no disminuyó, se multiplicó.
Fue en esos años, según informes de inteligencia estadounidenses filtrados en 1999, cuando su nombre apareció vinculado a redes de narcotráfico y lavado de dinero.
El documento conocido como White Tiger señalaba a Hank y a sus hijos como intermediarios entre cárteles y el sistema político.
Las acusaciones fueron explosivas, pero rápidamente neutralizadas.
El informe fue desautorizado, las investigaciones se congelaron y el caso se diluyó.
Una vez más, el sistema funcionó.
Carlos Hank González murió en 2001 sin enfrentar juicio alguno.
Su funeral fue una pasarela de expresidentes, gobernadores y empresarios.

José López Portillo llegó a decir que su mayor error fue no haberlo hecho presidente.
La ironía fue brutal: si sin la presidencia amasó una fortuna gigantesca, ¿qué habría hecho con el poder absoluto?
Pero su muerte no significó el fin, sino la consolidación del legado.
Sus hijos y nietos no se escondieron, se institucionalizaron.
Bancos, constructoras, casinos, contratos públicos multimillonarios.
Incluso gobiernos que prometieron combatir la corrupción terminaron sentándose a la mesa con la dinastía Hank.
El apellido no fue una carga, fue una credencial.
Hoy, el rancho Don Catarino sigue en pie.
No como mausoleo, sino como símbolo.
Allí se celebran bodas, se firman acuerdos, se preserva una herencia que demuestra algo aterrador: en México es posible saquear al Estado durante décadas, ser señalado por informes internacionales, y aun así morir en la cama, respetado y honrado.
Lo más perturbador no es lo que hizo Carlos Hank González, sino lo que el sistema permitió que hiciera.
Y lo que sigue permitiendo.