Luis Donaldo Colosio nació en Magdalena de Kino, Sonora, en una familia de clase media sin privilegios.

Su historia inicial es la del mérito: estudiante brillante del Tec de Monterrey, becario en Estados Unidos, profesor universitario con un Volkswagen usado, una pequeña cuenta de ahorro y ninguna propiedad a su nombre.

En 1979, su patrimonio era modesto, casi invisible.

Trece años después, ese perfil ya no coincidía con los registros que empezarían a emerger tras su asesinato.

Su ascenso dentro del PRI fue vertiginoso.

En menos de una década pasó de investigador a dirigente nacional del partido, controlando presupuestos internos multimillonarios y flujos de efectivo que jamás fueron auditados.

Como presidente del PRI, Colosio autorizaba recursos para campañas, “gastos de operación política” y transferencias cuya trazabilidad se perdía en la burocracia.

Era poder puro, ejercido sin supervisión externa.

Pero el verdadero punto de quiebre llegó en 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari lo nombró secretario de Desarrollo Social.

La recién creada Sedesol nació con un presupuesto colosal: 18 mil millones de pesos anuales.

Casi la mitad de todo el gasto social del país.

Colosio no solo firmaba proyectos, administraba el programa más sensible y políticamente rentable del sexenio: Pronasol.

En teoría, combate a la pobreza.

En la práctica, una maquinaria electoral de precisión quirúrgica.

Estudios académicos posteriores demostraron que los recursos no seguían criterios de necesidad, sino mapas electorales.

Donde el PRI perdía votos, el dinero fluía.

Y Colosio lo sabía.

Firmó miles de autorizaciones millonarias, muchas de ellas destinadas a empresas con vínculos políticos.

Paralelamente, operaba una partida discrecional conocida internamente como “proyectos especiales”, dinero que salía de las cuentas sin facturas ni comprobantes claros.

Durante esos 18 meses, algo cambió.

Registros bancarios, escrituras y testimonios posteriores sugieren que el patrimonio de Colosio comenzó a crecer de forma difícil de explicar solo con su salario oficial.

Casas, terrenos y departamentos aparecieron ligados indirectamente a su nombre a través de empresas intermediarias y prestanombres.

Ninguno figuró en declaraciones patrimoniales.

Nunca se abrió una investigación formal.

En agosto de 1993, un cable diplomático estadounidense revelaría una conversación inquietante: Colosio expresó preocupación por transferencias irregulares y mencionó explícitamente al hermano del presidente, Raúl Salinas de Gortari.

Ese nombre no era menor.

Años después se documentaría que Raúl acumuló cientos de millones de dólares en cuentas offshore mediante una compleja red de empresas fantasma.

La pregunta se volvió inevitable: ¿Colosio participaba en el sistema o estaba empezando a entenderlo? Testimonios posteriores sugieren que estaba incómodo, que había visto demasiado.

Su círculo cercano afirmó que temía el impacto de lo que sabía.

“Si se supiera, se caería todo”, habría dicho.

El 6 de marzo de 1994, Colosio rompió el guion.

Frente a miles de personas habló de desigualdad, concentración de poder y hambre de justicia.

Para muchos, fue una ruptura pública con el salinismo.

Diecisiete días después, fue asesinado en Tijuana.

Nunca explicó su dinero.

Nunca habló de lo que había descubierto.

Lo que ocurrió después resulta aún más perturbador.

Dos días tras el asesinato, su casa en Magdalena de Kino fue vaciada de madrugada por hombres organizados, no por ladrones improvisados.

Cajas, archiveros y documentos desaparecieron.

No hubo reporte oficial.

Semanas después aparecieron fragmentos de papeles quemados con anotaciones inquietantes: referencias a cuentas suizas, nombres, cifras y una frase demoledora: “Si hablo no llego a julio”.

Esos documentos nunca fueron aceptados como prueba.

Se declararon imposibles de verificar.

La PGR jamás investigó el patrimonio de Colosio.

El tema fue excluido sistemáticamente de las pesquisas oficiales.

La viuda, Diana Laura Riojas, habló de cuentas que no entendía y documentos que no sabía que existían.

Murió meses después, también sin respuestas.

Décadas más tarde, análisis independientes detectaron propiedades adquiridas durante su paso por Sedesol que no cuadraban con sus ingresos.

Prestadores muertos, empresas disueltas y registros incompletos cerraron el círculo perfecto de la opacidad.

Nadie quiso seguir el rastro hasta el final.

Hoy, la fortuna de Colosio no está maldita por superstición.

Está maldita porque encarna todas las preguntas que el sistema decidió no responder.

¿Era parte del engranaje o una amenaza para él? ¿Su dinero era botín o evidencia? El silencio institucional es la única herencia clara.

Y mientras ese silencio persista, la historia oficial seguirá incompleta, protegiendo no solo a los vivos, sino también a los muertos que sabían demasiado.