La UTA advierte que “la paz social peligra” y no descarta un paro de colectivos en medio de la disputa por salarios y subsidios al transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lanzó una fuerte advertencia al Gobierno nacional al señalar que “la paz social peligra” y no descartó la posibilidad de convocar a un paro de colectivos si no se atienden los reclamos salariales del sector.

La declaración se formalizó a través de una carta dirigida al Ministerio de Economía, en la que el gremio exige una actualización urgente de los haberes de los choferes.

Según información difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el documento fue enviado al Ministerio que conduce Luis Caputo y plantea como uno de los ejes centrales el pedido de un trato igualitario respecto de otros sectores de la economía, solicitando recibir condiciones similares a las otorgadas a agroexportadoras, petroleras y mineras.

En medio de la discusión por el esquema de subsidios al transporte público, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la UTA advirtió que la falta de respuestas a los reclamos salariales genera un escenario de creciente tensión.

En ese contexto, el gremio sostuvo que el pedido de recomposición salarial rige desde el mes de mayo y denunció la ausencia de soluciones concretas por parte de las autoridades.

En la carta enviada al Ministerio de Economía, el sindicato expresó que su objetivo es lograr una mejora de los haberes, pero afirmó que hasta el momento “no hay respuestas, solo dilaciones”.

Además, reclamó que las autoridades “traten, evalúen y resuelvan las cuestiones pendientes” vinculadas tanto al servicio de transporte como a las condiciones laborales de los trabajadores representados por la organización que encabeza Roberto Fernández.

El documento también introduce un tono de fuerte advertencia al sostener que “la paz social peligra”, en referencia al impacto que podrían tener las medidas de fuerza si no se alcanzan acuerdos en el corto plazo.

En ese sentido, la UTA acusó al Gobierno de intentar contener los reclamos mediante mecanismos como la conciliación obligatoria, lo que consideran una forma de dilatar la resolución del conflicto.

“Quieren cansar a los trabajadores, frenándolos a golpe de conciliación obligatoria”, señala el texto, que también cuestiona el enfoque económico del Gobierno nacional.

En otra parte del escrito, el sindicato afirma que los trabajadores del transporte están siendo “sacrificados en el altar del superávit fiscal”, en referencia a la política de ajuste y equilibrio de cuentas públicas.

Si bien la UTA reconoce la importancia del orden fiscal, el gremio plantea interrogantes sobre el impacto de estas políticas en los salarios del sector.

“La Argentina ha entendido que el déficit fiscal es nocivo y el superávit es sano; el tema es a qué costo”, advierte la organización sindical, que reclama que la consolidación fiscal no se realice a expensas de los ingresos de los trabajadores.

En este marco, el gremio insiste en que el sistema de transporte público cumple un rol esencial para la movilidad de millones de usuarios en el AMBA, y que los choferes representan un eslabón clave en su funcionamiento.

Por ello, exige una respuesta urgente del Ministerio de Economía que permita destrabar el conflicto salarial y evitar un posible paro de actividades.

La tensión se da en paralelo a la implementación de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias en el transporte automotor, establecido a través de la Resolución 31/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La medida forma parte del proceso de “modernización y reestructuración” del sistema de transporte impulsado por la gestión nacional.

Según explicaron desde la Secretaría de Transporte, el nuevo esquema no representa cambios radicales respecto del modelo anterior, pero incorpora mayores controles sobre el uso de los subsidios y el cumplimiento efectivo de los servicios.

El objetivo declarado es mejorar la eficiencia del sistema y garantizar que las compensaciones se asignen en función del desempeño real de las empresas.

El nuevo mecanismo introduce criterios de evaluación vinculados a la calidad del servicio, la regularidad de las frecuencias y la consistencia operativa.

Entre las variables consideradas se incluyen el cumplimiento de recorridos, la cantidad de kilómetros realizados por las unidades, la antigüedad de la flota y los sistemas de cobro utilizados.

De acuerdo con el diseño del esquema, las empresas que mantengan niveles adecuados de operación podrán acceder a las compensaciones correspondientes, mientras que aquellas que no cumplan con los estándares establecidos podrían ver reducidos sus ingresos por subsidios.

Desde el Gobierno nacional sostienen que esta política busca priorizar el cumplimiento efectivo del servicio y promover mejoras continuas en el sistema de transporte público.

Además, remarcan que el objetivo es optimizar el uso de los recursos disponibles y fortalecer los mecanismos de control y evaluación del funcionamiento de las empresas.

En paralelo, el Ministerio de Economía señaló que la medida apunta a mejorar la previsibilidad del servicio para los usuarios y a garantizar una mayor eficiencia en la circulación de las unidades.

También destacaron la incorporación de herramientas de seguimiento que permitirán monitorear el desempeño del sistema en tiempo real.

Sin embargo, la discusión por los subsidios y la actualización salarial de los choferes continúa generando tensión entre el Gobierno, las empresas y el sindicato.

La UTA se mantiene en estado de alerta y no descarta avanzar con medidas de fuerza si no se logra una respuesta favorable a sus reclamos en los próximos días.

En este escenario, el conflicto en el transporte se convierte en uno de los principales focos de tensión social y económica, con impacto directo sobre millones de usuarios que dependen diariamente del servicio de colectivos en el AMBA y otras regiones del país.

Mientras tanto, todas las partes involucradas aguardan una posible instancia de negociación que permita evitar la profundización del conflicto y una eventual paralización del servicio.