El abogado Óscar Benavides denunció y enfrentó la exclusión ilegal de ciudadanos en una playa de Cartagena, defendiendo que las playas en Colombia son bienes de uso público y no pueden privatizarse.
La discusión sobre el acceso libre a las playas en Colombia volvió al centro del debate público tras la denuncia y posterior acción jurídica y ciudadana encabezada por el abogado Óscar Benavides en Cartagena.
Lo que comenzó como una experiencia personal terminó convirtiéndose en una movilización simbólica y legal para defender un principio constitucional: en Colombia no existen las playas privadas.
Benavides relató que, semanas atrás, acudió con su familia y varios niños a una playa ubicada frente a un reconocido hotel en la capital de Bolívar.
Allí, agentes de la Policía les pidieron retirarse del lugar argumentando que se trataba de una playa “concesionada”.
“Mi hermano, qué pena con ustedes, pero ahí no se pueden hacer”, fue la frase que marcó el inicio de una controversia que dejó en evidencia la confusión —o el desconocimiento— sobre la naturaleza jurídica de las playas.
El abogado decidió regresar al lugar para exigir explicaciones.
“Explíquenos por qué tenemos que salirnos de una playa que es de la gente, del pueblo”, cuestionó directamente a los uniformados.
La respuesta fue que la playa estaba concesionada por la alcaldía, lo que, según los policías, impedía el acceso libre.
Sin embargo, Benavides aclaró que una concesión no equivale a privatización.
“Las playas son bienes de uso público.
No pueden ser apropiadas como propiedad privada, ni cerradas ni excluyentes”, afirmó, citando la Sentencia T-1186 de 2004 y el Decreto Ley 2324 de 1984.
La normativa es clara: el artículo 166 de dicho decreto permite otorgar concesiones, pero estas no confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo.
“Tales permisos no afectan el derecho de dominio de la Nación”, explicó Benavides, subrayando que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, como lo establece el artículo 63 de la Constitución.
Al revisar la resolución específica otorgada al hotel, el abogado señaló que la concesión solo autorizaba la construcción de kioscos y casetas salvavidas, no la exclusión de ciudadanos ni la restricción del paso.
“En su sitio web dicen que tienen una concesión de playa, lo que puede interpretarse como playa privada, pero eso no es cierto”, sostuvo.
Para Benavides, ese mensaje induce a error y refuerza prácticas de hecho que vulneran derechos fundamentales.
Durante su regreso a la playa, acompañado por ciudadanos, nativos y vendedores locales, Benavides fue enfático: “Las playas son libres, son de los colombianos.
No son de una familia que quiere tener el poder de tratar como a perro a la gente aquí”.
En el lugar, varios habitantes relataron cómo durante años se les prohibió vender o incluso transitar por la orilla.
“Tenemos más de 15 años trabajando en estas playas y ni siquiera nos dejan acercarnos a vender. Eso no es justo”, dijo uno de los vendedores.
La protesta se mantuvo pacífica, pero firme.
“Estamos haciendo uso de una protesta pacífica. No nos vamos de aquí hasta que venga el alcalde a entregarle la playa a la gente del común o hasta que alguien nos muestre una escritura pública”, declaró Benavides.
Para él, la actuación policial en favor de intereses privados es una forma de corrupción: “Ustedes como policía no pueden estar al servicio de un poder hegemónico corrupto. Adueñarse de las playas es corrupción”.
La presión ciudadana dio resultados.
Según el abogado, el hotel terminó cediendo y no presentó ningún contrato que demostrara propiedad privada sobre la playa.
Además, la Dirección General Marítima (Dimar) respaldó públicamente la postura jurídica: las playas en Colombia no pueden ser privatizadas.
“No era cuento, no era exageración, era una realidad que quisieron esconder”, afirmó.
Benavides destacó que esta no fue una acción para redes sociales, sino un ejercicio real de defensa del espacio público.
“Denunciamos, actuamos, hicimos presencia y recuperamos lo que siempre ha sido del pueblo. Fue derecho, fue dignidad y son resultados”.
Como parte del proceso, gestionó la instalación de carpas para que los nativos pudieran permanecer en la playa sin temor a ser expulsados.
El abogado anunció que continuará con acciones legales.
Ya interpuso un derecho de petición a la alcaldía, que hasta ahora no ha sido respondido, y advirtió que el siguiente paso será una tutela.
“No daré mi brazo a torcer. Me voy a encargar, desde donde esté, de que se devuelva un derecho fundamental a todos los colombianos”.
Para las comunidades locales, el mensaje es claro: cuando se cierra el paso al pescador, se persigue al vendedor y se expulsa a las familias, no se trata de turismo, sino de despojo.
“Las playas no son de los hoteles, son del pueblo. Y el pueblo no aguanta más el abuso de los poderosos”, concluyó Benavides.
La iniciativa se proyecta ahora como un recorrido nacional.
Playa a playa, territorio por territorio, el abogado anunció que seguirá exigiendo control, vigilancia e inspección para garantizar el acceso libre.
“Voy a parar hasta que las playas vuelvan a ser nuestras”, sentenció, reafirmando que en Colombia las playas no tienen dueño privado y pertenecen, por derecho, a todos.
