El senador Jota Pe Hernández fue cuestionado por presuntos aportes de empresas del sector salud, según registros del Consejo Nacional Electoral, en medio del debate sobre la reforma impulsada por Gustavo Petro.
A pocas semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo, el ambiente político en Colombia se encuentra marcado por acusaciones cruzadas, llamados a la movilización ciudadana y cuestionamientos sobre la financiación de campañas.
En el centro de la polémica aparece el senador Jota Pe Hernández, del partido Alianza Verde, señalado en redes sociales por presuntos aportes recibidos de grupos empresariales vinculados al sector salud.
La controversia gira en torno a registros del aplicativo “Cuentas Claras” del Consejo Nacional Electoral, donde se reportan donaciones realizadas por el grupo empresarial Keralty, propietario de la EPS Sanitas y otras entidades del sector.
En plataformas digitales, algunos sectores han interpretado esos aportes como un eventual conflicto de interés frente a la discusión de la reforma a la salud promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
En varios pronunciamientos públicos, se ha afirmado que parte de los congresistas que respaldaron el archivo de la reforma en la Comisión Séptima pertenecen a partidos que, en campañas anteriores, recibieron contribuciones de empresas del sector de las EPS.
Entre los nombres mencionados figuran legisladores de distintas colectividades, incluidos miembros del Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido de la U y Alianza Verde.
Las críticas sostienen que tales aportes podrían incidir en la posición de algunos parlamentarios frente a la reforma estructural del sistema de salud.
“Espero que mis compañeros parlamentarios hagamos una actuación transparente, inclusive que declaremos los impedimentos y los eventuales conflictos de interés”, expresó uno de los congresistas en medio del debate público, al referirse a la necesidad de claridad en la votación de proyectos que tocan intereses económicos de gran envergadura.
Desde el oficialismo se insiste en que la reforma busca transformar el modelo establecido por la Ley 100 y modificar el papel de las EPS como intermediarias en la administración de recursos públicos.
En contraste, sectores de oposición han defendido la legalidad de los aportes reportados y han subrayado que estos se realizaron conforme a las normas de financiación vigentes.
El debate no se limita a la financiación política.
También se ha convertido en un llamado a la movilización electoral.
Voceros cercanos al Pacto Histórico han reiterado la importancia de obtener mayorías en el Congreso para avanzar en las reformas sociales.
“Este 8 de marzo yo voto dos veces Pacto, a la Cámara y al Senado”, afirmó públicamente la representante Mafe Carrascal, al explicar cómo marcar correctamente el tarjetón.
En esa misma línea, se ha promovido la participación como testigos electorales para vigilar el proceso de votación y escrutinio.
“No se deje engañar por mensajes de texto; la única manera de verificar si es jurado es en la página oficial de la Registraduría”, han advertido líderes políticos, en referencia a posibles intentos de desinformación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil mantiene habilitados sus canales oficiales para la consulta de puestos y designaciones.
El llamado a la movilización también se extendió a concentraciones públicas en defensa del salario mínimo.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó en declaración pública: “Las plazas de todo el país a las 4 de la tarde en la cita que nos ha planteado el presidente de la República”.
La convocatoria busca respaldar la política de salario vital impulsada por el Ejecutivo.
Mientras tanto, desde sectores críticos se cuestiona el tono de algunos mensajes difundidos en redes sociales, que acusan a conglomerados empresariales y medios de comunicación tradicionales de influir en la agenda pública.
El debate sobre la independencia de las instituciones y la transparencia electoral se ha intensificado en el tramo final de la campaña.
En medio de este panorama, el senador Jota Pe Hernández no ha emitido un pronunciamiento específico sobre los señalamientos difundidos en videos virales, aunque los registros oficiales del CNE son públicos y verificables.
La discusión ha puesto sobre la mesa el delicado equilibrio entre la financiación legal de campañas y la percepción ciudadana de posibles conflictos de interés.
La contienda electoral del 8 de marzo definirá la composición del Congreso y, con ello, la viabilidad de reformas estructurales como la de salud y laboral.
La polarización política, el escrutinio ciudadano y el uso intensivo de redes sociales han configurado un escenario donde cada declaración y cada dato financiero adquieren relevancia estratégica.
A medida que se acerca la jornada electoral, el foco permanece en la transparencia, la vigilancia ciudadana y el cumplimiento de las normas que rigen la financiación política.
La decisión final quedará en manos de los votantes, quienes acudirán a las urnas en un clima de alta tensión política y expectativa institucional.
