Durante años, Cilia Flores fue vista por muchos como una figura secundaria del poder venezolano, apenas la esposa del heredero político de Hugo Chávez.
Sin embargo, investigaciones judiciales, denuncias periodísticas y testimonios recogidos fuera de Venezuela han dibujado un retrato muy distinto: el de una mujer con una influencia profunda y sostenida en las decisiones clave del régimen, cuya trayectoria personal se entrelaza con algunas de las acusaciones más graves que hoy pesan sobre el chavismo.
Cilia Flores nació el 15 de octubre de 1956 en Tinaquillo, un pueblo del estado Cojedes, en el centro de Venezuela.
Proveniente de un entorno humilde, marcada por la ausencia paterna y por la pobreza, creció primero en su localidad natal y luego en los barrios populares del oeste de Caracas.
Ese origen, según analistas, influyó de manera decisiva en su carácter y en su relación con el poder.
Estudió Derecho en la Universidad Santa María y se especializó en derecho penal y laboral, una formación que más tarde sería clave en su cercanía con el movimiento que encabezaría Hugo Chávez.
En 1978 se casó con Walter Gavidia Rodríguez, con quien tuvo tres hijos.
Durante más de quince años llevó una vida relativamente discreta como abogada y madre de familia.
Todo cambió en 1992, tras el fallido golpe de Estado liderado por Hugo Chávez.
Flores se incorporó al equipo legal que defendió a los militares sublevados y comenzó a frecuentar la cárcel donde Chávez estaba recluido.
En ese entorno conoció a Nicolás Maduro, entonces un sindicalista joven, activista por la liberación del militar encarcelado.
Tras el indulto de Chávez en 1994, la relación política y personal entre Flores y Maduro se consolidó.
Poco después, Flores se divorció de Gavidia y comenzó una nueva etapa junto a Maduro, acompañándolo en la construcción del movimiento político que llevaría a Chávez al poder en 1999.
Desde entonces, su ascenso fue constante.
Fue diputada, reelegida en varias ocasiones y, en 2006, se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional de Venezuela.
Ese cargo marcó un punto de inflexión.
En 2008, surgieron denuncias de nepotismo que sacudieron al Parlamento.
De acuerdo con documentos y listas difundidas entonces por representantes sindicales y diputados de oposición, al menos 47 familiares de Cilia Flores habrían sido incorporados a la nómina de la Asamblea Nacional.
Entre ellos figuraban hermanos, primos, sobrinos, su madre y, de manera especialmente polémica, su exesposo Walter Gavidia.
Flores rechazó las acusaciones y afirmó públicamente que sus familiares habían accedido a esos cargos por “cualidades propias”.
Ninguna investigación oficial prosperó en Venezuela.
Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, el poder de Flores no disminuyó.
Por el contrario, se reforzó.
Nicolás Maduro fue designado sucesor y ganó unas elecciones ajustadas en abril de ese año.
Tres meses después, la pareja contrajo matrimonio.
Flores rechazó el título tradicional de “primera dama” y pidió ser llamada “primera combatiente”, una denominación que, para muchos observadores, reflejaba su rol activo dentro del gobierno.
Diversos politólogos y exfuncionarios han señalado que su influencia operaba, sobre todo, tras bambalinas.
Mientras Maduro asumía el papel público, Flores era descrita como una figura decisiva en nombramientos, purgas internas y estrategias de control político.
Esa percepción se vio reforzada por el llamado caso de los “narcosobrinos”.
En noviembre de 2015, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores, fueron detenidos en Haití por agentes de la DEA y trasladados a Estados Unidos.
Según los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, ambos conspiraron para introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense, utilizando supuestos contactos con las FARC y aprovechando su cercanía con el poder venezolano.
Durante el juicio, se presentaron grabaciones de audio y video en las que los acusados hablaban de rutas, protección oficial y del uso de infraestructuras estatales.
En 2016 fueron declarados culpables y, en 2017, condenados a 18 años de prisión cada uno.
La defensa y el gobierno venezolano denunciaron el proceso como un secuestro y una operación política.
No obstante, los fiscales estadounidenses sostuvieron que el objetivo del narcotráfico era financiar y sostener a la élite gobernante.
En 2022, ambos fueron liberados como parte de un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela.
Paralelamente, la situación de derechos humanos en Venezuela se deterioró de forma dramática.
Organismos internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional documentaron patrones de represión, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales.
Informes de organizaciones como Provea registraron cientos de muertes atribuidas a fuerzas de seguridad en un solo año.
Aunque Flores no figura formalmente como acusada en estos informes, analistas subrayan su posición central dentro del entramado de poder.
En años recientes, fiscales estadounidenses han ampliado sus acusaciones contra la cúpula del régimen venezolano.
En documentos judiciales hechos públicos, se señala a Nicolás Maduro y a su entorno, incluida su esposa, de presuntamente mantener vínculos con organizaciones armadas conocidas como “colectivos” para proteger operaciones ilícitas.
Estas acusaciones, que incluyen señalamientos de secuestros y asesinatos ordenados contra supuestos enemigos o deudores, han sido categóricamente rechazadas por el gobierno venezolano, que las califica de falsas y motivadas políticamente.
Más allá de los tribunales, la figura de Cilia Flores se ha convertido en un símbolo profundamente divisivo.
Para sus críticos, representa la concentración del poder, el uso del Estado para proteger intereses familiares y la traición a las promesas sociales del chavismo.
Para sus defensores, es una dirigente perseguida por razones ideológicas y una pieza clave de la resistencia frente a la presión internacional.
Lo indiscutible es que su historia personal, desde Tinaquillo hasta el centro del poder en Caracas, está íntimamente ligada a una de las etapas más complejas y dolorosas de la historia venezolana.
Mientras millones de ciudadanos emigraron huyendo de la crisis económica y humanitaria, el debate sobre responsabilidades, justicia y verdad sigue abierto.
El nombre de Cilia Flores, asociado al poder ejercido en las sombras, permanece en el centro de ese debate y, probablemente, lo estará durante muchos años más.
