La captura de un escolta con 145 millones de pesos y propaganda electoral del Partido Conservador intensifica la tensión política a días de las elecciones legislativas
A pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, el ambiente político en Colombia se tensiona tras la captura de un escolta adscrito al esquema de seguridad del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture.
El uniformado fue detenido en Atonuevo, La Guajira, cuando se movilizaba en un vehículo con 145 millones de pesos en efectivo y material publicitario del candidato al Senado Daniel Restrepo, del Partido Conservador.
La información fue confirmada por el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez.
Según los datos conocidos, el capturado, identificado como Luis Alfredo Acuña, transportaba el dinero junto con propaganda política del aspirante conservador.
El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán establecer el origen y destino de los recursos, así como determinar si existe alguna relación con presuntos delitos contra el sufragio.
Daniel Restrepo emitió un comunicado público en el que rechazó cualquier vinculación con los hechos.
“Rechazo cualquier insinuación que pretenda vincularme con actos de compra de votos. No tengo conocimiento ni participación en los hechos mencionados”, señaló el candidato, quien aseguró que su campaña se ha caracterizado por el respeto a la legalidad y la democracia.
Añadió que el dinero sería de uso personal del escolta y negó que estuviera relacionado con actividades proselitistas.
El episodio se produce en medio de reiteradas advertencias del presidente Gustavo Petro sobre posibles intentos de fraude y compra de votos.
En días recientes, el mandatario fue enfático al afirmar:
“La Policía Nacional tiene orden del presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”.
Además, el Ministerio de Defensa ha recordado que existe una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien hechos relacionados con compra o venta de votos, como parte de una estrategia para blindar la jornada electoral.
En paralelo, el Consejo Nacional Electoral amplió hasta el jueves 5 de marzo a las 11:59 p.m. el plazo para la inscripción y acreditación de testigos electorales para los comicios del Congreso.
La medida busca fortalecer la vigilancia ciudadana en las mesas de votación, en un contexto marcado por la desconfianza de distintos sectores políticos frente al sistema de preconteo y escrutinio.
Las dudas sobre la transparencia del proceso no son nuevas.
El presidente Petro denunció recientemente que en las elecciones legislativas de 2022 se habrían dejado de contabilizar más de 400.000 votos del Pacto Histórico debido a fallas en formularios E14 y en el sistema de preconteo.
En una intervención pública sostuvo que “en exactamente 4.200 mesas, por iteración del software de preconteo, se modificaban los votos (…) disminuyendo su votación por algoritmo de iteración, al punto que habían aproximadamente 400.000 votos que dejaron de sumársele al Pacto Histórico y se le agregaron al Partido de la U”.
Estas afirmaciones fueron abordadas por el procurador general, Gregorio Eljach, en entrevista televisiva.
“Dudar no es malo y es un deber cuando uno tiene una duda manifestarlo”, expresó el jefe del Ministerio Público, al referirse a las inquietudes del mandatario sobre la arquitectura de los software electorales.
Eljach explicó que actualmente se realizan auditorías técnicas con participación de organismos internacionales, partidos políticos y expertos en sistemas.
Al recordar lo ocurrido hace cuatro años, el procurador admitió: “Fueron casi 800.000 veces, creo, o 400.000. Una barbaridad. Si ellos no se dan cuenta de eso, vigilando los resultados electrónicos, entonces se hubieran quedado sin ese voto. Luego algo tiene de razón el presidente”.
No obstante, subrayó que el sistema contempla mecanismos de revisión y control que permitieron corregir las inconsistencias detectadas entonces.
En relación con el clima político, Eljach añadió que cualquier controversia posterior a la jornada deberá tramitarse por las vías institucionales.
“Nosotros lo que queremos es que acudamos a la justicia, el árbitro final de todas las controversias”, afirmó, reiterando la necesidad de preservar la paz electoral en un escenario polarizado.
Mientras tanto, la Registraduría informó que las urnas abrirán en Colombia el domingo 8 de marzo entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m.
En el exterior, la votación comenzó el 2 de marzo y se extenderá durante la semana, con más de un millón de colombianos habilitados para sufragar fuera del país.
La captura en La Guajira, las denuncias presidenciales y el debate sobre la robustez del sistema electoral marcan la recta final de una campaña atravesada por cuestionamientos y llamados a la vigilancia ciudadana.
Las autoridades deberán esclarecer si el dinero incautado constituye un hecho aislado o parte de una estructura mayor, en un momento en que cada actuación resulta determinante para la confianza pública en las urnas.
