Álvaro Uribe Vélez acusó públicamente a Iván Cepeda y Gustavo Petro de instigar el asesinato de Miguel Uribe Turbay

En un escalamiento de tensión política sin precedentes en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó declaraciones públicas que han generado una verdadera tormenta política y mediática.

En un video difundido en redes sociales, Uribe vinculó al candidato presidencial Iván Cepeda Castro y al actual presidente Gustavo Petro con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, crimen que conmocionó al país en 2025 y sigue siendo objeto de investigación judicial.

“El país no puede seguir siendo entregado al terror”, proclamó Uribe, señalando que la Fiscalía General de la Nación habría establecido que la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia fue la organización que ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay, y enfatizando: “¿Y dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda?”.

Estas palabras, pronunciadas con contundencia, han encendido las alarmas políticas por su fuerte carga acusatoria en un contexto electoral ya polarizado.

Uribe, líder histórico del Centro Democrático y figura influyente en la derecha colombiana, ha sido tradicionalmente un crítico feroz de la izquierda y de figuras como Cepeda, quien es candidato presidencial por el Pacto Histórico y ha dirigido su carrera política hacia la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica y la justicia social.

Las declaraciones de Uribe no quedaron sin respuesta.

Cepeda emitió un comunicado público en el que rechaza categóricamente las insinuaciones y emplaza a Uribe a acudir a los tribunales con pruebas verificables.

“Señor expresidente y excandidato al Senado, en atención a sus recientes declaraciones, le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, señala el texto.

En su comunicado, Cepeda enfatiza además:

“En un estado de derecho, las afirmaciones de tal gravedad no pueden quedar en el terreno de la insinuación ni de la descalificación pública.

Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político”.

La respuesta del candidato del Pacto Histórico fue firme y directa, insistiendo en que cualquier acusación de esta magnitud debe ser examinada por los mecanismos judiciales correspondientes, y no mantenida en el terreno de las redes sociales o la confrontación mediática.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en agosto de 2025 tras recibir múltiples disparos durante un acto político en Bogotá y fallecer después de varias semanas de atención médica, fue perpetrado por un menor de edad presuntamente reclutado por grupos disidentes;

no obstante, la teoría investigativa apunta a órdenes superiores de grupos armados ilegales como responsables de la planificación del crimen, lo que ha llevado a múltiples frentes de indagación judicial.

Las declaraciones de Uribe, sin embargo, no solo apuntan hacia Cepeda y Petro, sino que tratan de vincular a sectores de izquierda con presunta facilitación de la impunidad de exlíderes guerrilleros como Iván Márquez y Jesús Santrich, insinuando que habrían sido beneficiados por decisiones políticas que habrían permitido reorganizaciones de grupos armados como la Segunda Marquetalia.

Este cruce de acusaciones se da en un momento en que la campaña presidencial se intensifica y el país se encuentra en medio de un debate profundo sobre el rumbo político y social que tomarán las próximas elecciones.

La narrativa de Uribe se percibe como un intento de colocar a la oposición en el centro de uno de los episodios criminales más resonantes de los últimos años, mientras que la respuesta de Cepeda subraya la necesidad de respetar el debido proceso y evitar la peligrosa expansión de acusaciones sin respaldo probatorio.

Analistas políticos han advertido que este tipo de confrontaciones pueden agravar aún más la polarización en Colombia, especialmente cuando ocurren en épocas preelectorales y se mezclan con temas de seguridad, justicia y memoria histórica.

El llamado de Cepeda a llevar cualquier acusación ante la justicia apunta a intentar desactivar la confrontación mediática y centrar el debate en evidencias más que en insinuaciones públicas.

Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades competentes, y la ciudadanía colombiana observa con creciente atención cómo se desarrollan estos hechos, que no solo involucran figuras políticas de alto perfil, sino que también ponen a prueba la fortaleza institucional del país para manejar acusaciones de tal envergadura dentro del marco del Estado de derecho.