El presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía capturar a los responsables de un presunto esquema de compra de votos con carrotanques de agua en Aguachica, Cesar.
El presidente de la República, Gustavo Petro, ordenó a la Policía Nacional capturar a los responsables materiales e intelectuales de un presunto caso de corrupción electoral en Aguachica, Cesar, donde, según denuncias públicas, se habría entregado agua en carrotanques a comunidades vulnerables a cambio de compromisos de voto.
La controversia estalló tras las denuncias del periodista Jacobo Solano Cerchar, quien aseguró que vehículos con publicidad política abastecían de agua a barrios que llevaban semanas sin el servicio regular, pero condicionaban la entrega al registro de datos y firmas de los beneficiarios.
“Cambian agua por votos”, denunció el comunicador, señalando directamente a estructuras políticas regionales.
En el centro de la polémica aparecen el senador Didier Lobo y el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello, ambos vinculados a campañas en la región.
También se menciona a un dirigente local conocido como Víctor Roqueme, alias “El Indio”, señalado como figura influyente en la política de Aguachica.
De acuerdo con los señalamientos, varios carrotanques habrían tomado agua de hidrantes públicos o de la infraestructura del acueducto municipal para distribuirla en sectores populares.
Habitantes del barrio La Victoria afirmaron en videos difundidos en redes sociales que antes de recibir el líquido debían firmar planillas.
“Nos hicieron firmar y nos llenaron los tanques.
Dijeron que era por Ape Cuello y por Didier Lobo”, relató una residente.
La situación adquiere mayor gravedad debido a la histórica crisis de abastecimiento en el municipio.
Aguachica ha enfrentado problemas recurrentes en el suministro de agua potable, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población ante prácticas clientelistas.
Imágenes grabadas en la quebrada Buturama, fuente hídrica que alimenta la planta de tratamiento local, muestran la captación del recurso mientras se desarrollaba la campaña electoral.
Durante un acto político, uno de los señalados respondió públicamente a las acusaciones.
En un video ampliamente difundido se escucha decir: “Sí, fui yo. Fui yo. ¿Y qué?”.
Esa declaración ha sido interpretada por críticos como un reconocimiento abierto de la operación logística con carrotanques, aunque el contexto completo del pronunciamiento sigue siendo materia de debate.
El presidente Petro reaccionó con contundencia a través de su cuenta oficial.
“Le solicito a la Policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa por sus ojos”, escribió.
En otro mensaje añadió: “El comandante de la Policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y La Guajira deben detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales.
Si no responden en la práctica es porque la Policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen”.
El mandatario fue más allá y recordó su condición de comandante supremo de la Fuerza Pública: “Es una orden del comandante supremo”.
Además, anunció el envío de una estación de Carabineros al Parque Tairona, subrayando que no tolerará omisiones frente a delitos electorales.
Las declaraciones presidenciales han elevado la tensión política en el Caribe colombiano.
Mientras sectores afines al Gobierno celebran la intervención directa del jefe de Estado, voces de la oposición advierten que corresponde a las autoridades judiciales determinar responsabilidades con base en pruebas y debido proceso.
El caso también ha reavivado el debate sobre las garantías electorales en Colombia.
El senador Wilson Arias intervino en la discusión pública recordando antecedentes históricos de irregularidades.
En un discurso reciente citó un pasaje de Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, para ilustrar la manipulación de papeletas en épocas pasadas.
“Es tan legendario el fraude desde el establecimiento que lo recoge ‘Cien años de soledad’”, afirmó, al tiempo que pidió “garantías electorales en estas nuevas elecciones”.
En Aguachica, la ciudadanía observa con expectativa el desarrollo de las investigaciones.
Las denuncias incluyen posibles delitos como constreñimiento al elector y utilización indebida de bienes públicos con fines proselitistas.
Las autoridades deberán establecer si existió coordinación entre funcionarios locales y campañas políticas, así como el origen de los recursos empleados para la distribución del agua.
El debate pone nuevamente bajo la lupa las prácticas clientelistas en regiones donde la precariedad de los servicios básicos se convierte en terreno fértil para presiones indebidas.
La orden presidencial marca un punto de inflexión y abre la puerta a actuaciones inmediatas por parte de la Policía y la Fiscalía.
El país permanece atento a los resultados de una investigación que podría tener profundas repercusiones políticas y judiciales en el Cesar y en el escenario nacional.
