El caso de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, ha conmocionado a Colombia.

Después de permanecer desaparecida durante 18 días, su cuerpo fue hallado sin vida el 29 de agosto de 2025 en el río Frío, a solo 300 metros de su colegio en Cajicá, Cundinamarca.

A pesar de que la zona fue inspeccionada en más de 20 ocasiones por las autoridades y grupos de búsqueda, la menor no fue encontrada hasta ese momento, lo que ha generado muchas dudas sobre las circunstancias de su muerte y la responsabilidad de la institución educativa.

Valeria fue vista por última vez el 12 de agosto de 2025 en el Gimnasio Campestre Los Laureles, un colegio bilingüe donde estudiaba.

Ese día, su rutina escolar transcurrió con normalidad hasta la hora del descanso.

Según una profesora, Valeria estuvo en clase desde las 8:50 hasta las 10:05 de la mañana, cuando salió corriendo hacia el salón de deportes para jugar con un balón, algo habitual en ella.

Las cámaras de seguridad mostraron a Valeria recorriendo varias áreas del colegio, pero alrededor de las 10 de la mañana desapareció tras cruzar una cerca.

Los videos revelan que cruzó la reja varias veces, pero en la última ocasión no regresó, lo que marcó el inicio de una búsqueda intensa que involucró a más de 200 personas, incluyendo policía, CTI y grupos de rescate.

El cuerpo de Valeria fue encontrado por un campesino en la zona rural de Fagua, cerca del río Frío y a escasa distancia del colegio.

Llevaba puesta la sudadera del colegio, confirmando su identidad.

El hallazgo causó un profundo dolor en la familia y la comunidad, que hasta entonces mantenían la esperanza de encontrarla con vida.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un dictamen preliminar que concluyó que la causa de muerte fue por ahogamiento, ya que se encontraron en su estómago y vías respiratorias agua y residuos de pantano.

Sin embargo, el informe también reveló la presencia de dos heridas en el cuerpo de Valeria: una raspadura en el tórax y otra en la mano, lesiones que no estaban presentes antes de su desaparición y que, aunque no mortales, son relevantes para la investigación.

Esto ha llevado a calificar la muerte como violenta por determinar y ha abierto interrogantes sobre si Valeria pudo haber sido empujada o forzada a salir de un lugar seguro, especialmente considerando que no sabía nadar y no le gustaba el agua.

La familia y su abogado han cuestionado la responsabilidad del colegio, denunciando graves omisiones en la supervisión de la menor.

Dos profesores han dado explicaciones: una docente debía cuidar a los niños durante la merienda, momento en que Valeria salió del salón, y un profesor encargado del salón de deportes facilitó un balón, pero no cumplió con la vigilancia adecuada.

Además, la Defensoría del Pueblo señaló irregularidades en la demora para reportar la desaparición; los padres avisaron casi tres horas después del último avistamiento, y fueron los compañeros quienes alertaron inicialmente a la profesora.

También se denunció que el colegio no respetaba la norma que exige mantener una distancia mínima de 50 metros entre la institución y la ronda del río, lo que aumentaba el riesgo para los estudiantes.

Se acusó además al colegio de manipular la escena del crimen al realizar reparaciones en la cerca cercana al cuerpo de agua donde fue vista Valeria por última vez.

Sin embargo, la defensa del colegio negó estas acusaciones, asegurando que siempre colaboraron con las autoridades y que las reparaciones siguieron recomendaciones oficiales para mejorar la seguridad.

La búsqueda fue exhaustiva, con un equipo interdisciplinario que incluyó drones y más de 200 personas recorriendo la zona día y noche durante semanas.

A pesar de ello, el cuerpo fue hallado en un lugar que ya había sido revisado varias veces, lo que genera sospechas de que la niña fue dejada allí recientemente.

La familia ha dejado claro que no busca compensación económica, sino justicia y esclarecimiento.

Rechazan que el colegio intente minimizar su responsabilidad reduciendo la tragedia a un asunto económico.

El caso sigue abierto y la Fiscalía continúa investigando para esclarecer las circunstancias exactas de la muerte de Valeria.

Las preguntas que permanecen abiertas incluyen por qué cruzó la reja y se alejó del área segura, si hubo una tercera persona involucrada, cómo pudo estar sola tanto tiempo sin ser vista, qué fallas hubo en la supervisión y por qué la demora en reportar su desaparición.

Estas dudas son fundamentales para la familia y la sociedad, que exigen respuestas claras y justicia.

En definitiva, la tragedia de Valeria Afanador ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar la protección y supervisión de los niños en los colegios.

Más allá de las responsabilidades legales, está el dolor profundo de una familia que perdió a su hija y la urgencia de evitar que hechos similares se repitan.

Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, la memoria de Valeria permanece viva en quienes la conocieron y en todos los colombianos que esperan que su muerte sirva para fortalecer la seguridad y el cuidado de los niños en el país.

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