El 26 de junio de 2020, poco antes de las siete de la mañana, la rutina de seguridad en una de las avenidas más emblemáticas de la capital mexicana se transformó en un campo de batalla.
En el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la Ciudad de México, un comando armado atacó el vehículo blindado en el que viajaba Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana.
La agresión, atribuida por las autoridades al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó un punto de quiebre en la confrontación entre el Estado mexicano y una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
De acuerdo con los reportes oficiales, un grupo de sicarios bloqueó el paso del convoy y abrió fuego con armas de alto calibre.
El atentado dejó un saldo trágico: dos escoltas del funcionario y una mujer civil murieron en el lugar.
El propio García Harfuch resultó herido con tres impactos de bala y múltiples esquirlas.
Su supervivencia, según declararon posteriormente especialistas en seguridad, se debió a la combinación del blindaje del vehículo, la reacción de su equipo y la pronta atención médica.
Horas después de la cirugía a la que fue sometido en un hospital del sur de la ciudad, el funcionario publicó un mensaje en redes sociales en el que responsabilizó directamente al CJNG por el ataque y aseguró que continuaría trabajando contra la delincuencia organizada.
El señalamiento colocó en el centro de la escena a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder histórico del grupo criminal, a quien el gobierno de Estados Unidos llegó a considerar uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.
El atentado no fue un episodio aislado en el contexto de la violencia ligada al narcotráfico en México, pero sí destacó por su audacia y por el perfil del objetivo.
Atacar a un alto mando de seguridad en plena capital del país representó un desafío directo al Estado.
Las investigaciones derivaron en múltiples detenciones en los días posteriores y, años más tarde, varios de los implicados fueron condenados a largas penas de prisión por su participación en la emboscada.
La trayectoria de García Harfuch explica en parte la confrontación.
Con formación en seguridad y experiencia en la Policía Federal, ocupó distintos cargos operativos antes de asumir la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 2019, durante la administración local encabezada por Claudia Sheinbaum.
Su gestión en la capital se caracterizó por operativos contra células delictivas y por una estrategia de inteligencia enfocada en desarticular estructuras criminales.
En 2024, tras el triunfo electoral de Sheinbaum a nivel federal, García Harfuch fue nombrado secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México, ampliando su responsabilidad a todo el territorio nacional.
El movimiento fue interpretado como una señal de continuidad en la estrategia de seguridad y como un respaldo político a su figura.
Mientras tanto, el CJNG mantuvo presencia en diversas regiones del país y continuó siendo señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como responsable de actividades que van desde el tráfico de drogas sintéticas hasta extorsión y ataques contra fuerzas de seguridad.
Bajo el liderazgo de Oseguera Cervantes, la organización consolidó una estructura con capacidad operativa en múltiples estados y vínculos internacionales.
El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales realizaron un operativo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, que culminó con la muerte de Oseguera Cervantes, según confirmó el gabinete de seguridad.
La noticia fue anunciada oficialmente en conferencia de prensa, donde García Harfuch destacó la coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y autoridades civiles.
Aunque evitó declaraciones de carácter personal, el anuncio cerró un capítulo que había comenzado seis años antes con la emboscada en Reforma.
La caída del líder del CJNG provocó reacciones violentas en distintos puntos del país, con bloqueos carreteros y enfrentamientos, lo que obligó al despliegue de fuerzas adicionales para contener posibles represalias.
Analistas en seguridad advirtieron que la muerte de un dirigente de alto nivel no implica necesariamente la desarticulación inmediata de la organización, y que podrían surgir disputas internas por el control.
Más allá del desenlace operativo, el episodio consolidó la figura pública de García Harfuch como uno de los funcionarios de seguridad más visibles de los últimos años.
Para sus simpatizantes, representa la imagen de un servidor público que sobrevivió a un atentado y continuó en funciones.
Para sus críticos, su carrera también arrastra cuestionamientos relacionados con etapas previas en corporaciones federales y con el complejo historial de las instituciones de seguridad en México.
El enfrentamiento entre el Estado y el CJNG refleja, en última instancia, la dimensión del desafío que enfrenta el país en materia de violencia organizada.
El atentado de 2020 evidenció la capacidad de fuego de los grupos criminales; el operativo de 2026 mostró la determinación gubernamental de golpear sus estructuras de mando.
Sin embargo, especialistas coinciden en que la solución de fondo requiere fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y atender las condiciones sociales que permiten la expansión del crimen organizado.
La historia que comenzó con ráfagas de fusil en una avenida capitalina y concluyó con un operativo en la sierra jalisciense es también un recordatorio de la persistencia de la violencia en México.
Entre cicatrices personales, discursos institucionales y cifras oficiales, el país continúa buscando un equilibrio entre justicia, seguridad y Estado de derecho en un escenario donde cada acción tiene repercusiones de largo alcance.
