La defensa pública de Andrés Pastrana frente a su mención en los archivos Epstein desató una fuerte polémica sobre el papel de los medios y un supuesto pacto de silencio

Una nueva controversia sacudió el debate público en Colombia tras la difusión de señalamientos sobre un supuesto “pacto de silencio” en torno a la mención del expresidente Andrés Pastrana en los llamados archivos Epstein.
La discusión tomó fuerza luego de que se cuestionara por qué grandes medios guardarían silencio frente a un tema que, para algunos sectores, exige preguntas abiertas y una investigación seria, mientras otros lo consideran una acusación injusta sin sustento probatorio concluyente.
En ese contexto, la atención se concentró en las declaraciones de Vicky Dávila, quien rechazó de manera tajante la idea de anticipar responsabilidades penales o morales sin una decisión de autoridad competente.
Ante la pregunta sobre si su postura cambiaría “en caso de que se comprobara algo” contra Pastrana, respondió: “Yo no soy capaz de hacer esa futurología tan infame con Pastrana. No soy capaz”.
Acto seguido, añadió una frase que se volvió el centro de la polémica: “No soy capaz porque yo no creo que el presidente Pastrana sea ni un pedófilo ni un cómplice de pedófilos. Yo no lo creo”.
Para los críticos, esa afirmación no fue solo una defensa personal, sino un cierre prematuro del debate público.
En su lectura, el periodismo no puede depender de creencias individuales cuando existen menciones, fotografías o testimonios que, sin constituir por sí mismos una condena, suelen activar preguntas de verificación.
Por eso, la reacción más dura apuntó a lo que consideran un doble estándar: la misma voz que ha defendido el derecho a preguntar y a cuestionar en otros casos, sería reticente a hacerlo cuando el aludido es una figura del establecimiento.

La discusión escaló cuando se recordó un enfoque previo sobre la necesidad de escuchar a quienes denuncian acoso y abuso sexual, y se contrastó con el tono usado ahora.
En el debate apareció también un elemento personal de alto impacto: Dávila relató haber sido víctima de abuso en su infancia.
“A mí también me pasó. Me veo de cinco o 6 años”, escribió, y agregó: “Me hubiera encantado tener la edad, la madurez y el valor para contárselo a mi papá, quien se murió sin saberlo, o a mi mamá para que lo hubiera denunciado ante la justicia”.
Para algunos, ese testimonio refuerza su autoridad moral para hablar con prudencia; para otros, hace más incomprensible que se critique como “infame” el solo hecho de preguntar.
En paralelo, Pastrana volvió al foco por declaraciones sobre su presencia en el avión de Epstein.
En un momento afirmó: “Yo me monté en el avión de Epstein y quiero dejar una cosa muy clara. Nunca hubo menores en el avión de Epstein que yo me monté”.
Sin embargo, voces críticas sostienen que la controversia persiste por la existencia de preguntas no resueltas y por referencias a testimonios que circularon en el debate público, incluida una versión atribuida a un expiloto en un interrogatorio, mencionada por comentaristas que piden esclarecer los hechos.
Aunque esas afirmaciones no equivalen a una conclusión judicial, han alimentado la exigencia de aclaraciones detalladas.
El propio Pastrana, según lo expuesto en la conversación pública, se defendió compartiendo una carta de respaldo personal: “Me honran con su amistad y el cariño de este testimonio, quienes conocen mi vida, mi actuar, mis principios y mi carácter. Muchas gracias”.
Esa defensa, basada en apoyos de su círculo, fue interpretada de forma distinta según el sector político: para unos, un mensaje legítimo ante una controversia; para otros, una respuesta insuficiente frente a un tema que exige explicaciones verificables y preguntas directas.

La tensión aumentó cuando un dirigente, Juan Carlos Lozada, reaccionó con dureza a la postura de Dávila: “Esto que dice Vicky Dávila sobre Andrés Pastrana es una vergüenza que raya en la complicidad”.
El señalamiento, por su gravedad, abrió otro frente: el del lenguaje y sus límites en un asunto extremadamente sensible, donde las palabras pueden convertirse en condena social incluso sin fallos judiciales, y donde también existe la presión de no normalizar el silencio frente a posibles abusos.
Mientras tanto, en redes y espacios de opinión, se consolidó una idea que atraviesa toda la controversia: la diferencia entre “no hay pruebas concluyentes” y “no hay preguntas por hacer”.
Para los defensores de Pastrana, insistir sin una determinación oficial es una “vendeta”, en palabras de Dávila: “Yo creo que lo que le han hecho es infame. Yo nunca participaría de esa vendeta contra el presidente Pastrana”.
Para los críticos, precisamente el periodismo se legitima cuando investiga, contrasta y pregunta con rigor, sin absolver ni condenar por reflejo ideológico.
En el trasfondo queda un dilema que Colombia conoce bien: cómo cubrir un tema global de altísima sensibilidad, sin caer en linchamientos mediáticos ni en blindajes tácitos.
Entre el reclamo de una investigación seria y la exigencia de prudencia, la polémica terminó convirtiéndose en un espejo incómodo sobre la relación entre poder, medios y responsabilidad pública, con una pregunta de fondo que sigue abierta en la conversación nacional: quién decide qué se pregunta, qué se investiga y qué se da por cerrado.
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